Ciudad de México, 7 de enero de 2026

En medio de un contexto de creciente atención mediática sobre abusos de autoridad, extorsiones y cobros irregulares contra el autotransporte, este 7 de enero el diputado Francisco Javier Borrego Adame presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para atender esta problemática en el estado de Nuevo León desde una vía institucional y legislativa.

La propuesta retoma denuncias documentadas por el sector transportista, encabezadas por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), dadas a conocer públicamente durante la rueda de prensa realizada el 6 de enero, sobre prácticas irregulares en los municipios de San Pedro Garza García, García y Ciénega de Flores, donde se advierte la extorsión por parte de elementos de tránsito, la aplicación discrecional de reglamentos, el uso excesivo de grúas y la anarquía en corralones, afectando el libre tránsito y elevando de manera artificial los costos logísticos en una de las entidades clave para la economía nacional.

El exhorto legislativo solicita la instalación de mesas de trabajo urgentes entre ayuntamientos involucrados, Gobierno del Estado y transportistas; la supervisión efectiva de grúas y corralones con apoyo de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes mediante el SIRSE; y la realización de operativos policiales plenamente apegados a la ley, con mecanismos claros de denuncia y rendición de cuentas, particularmente en los municipios señalados.

El mensaje político es preciso: el autotransporte no pide impunidad ni privilegios, exige legalidad, transparencia y certeza jurídica. Al llevar el tema a la agenda de la Comisión Permanente, el legislador coloca una problemática local de Nuevo León en el debate nacional, abriendo la puerta a soluciones institucionales antes de que el conflicto escale en las carreteras.

Con este Punto de Acuerdo, el tema dejó de ser un conflicto local para instalarse en la agenda nacional. Al respecto, el diputado federal Francisco Javier Borrego Adame afirmó: “El autotransporte no pide privilegios ni excepciones; exige que la ley se aplique con legalidad, transparencia y sin abusos. Cuando la discrecionalidad se normaliza, se encarece la logística, se vulnera el libre tránsito y se afecta directamente a la economía del país”, subrayando que ordenar grúas, corralones y operativos no es un debate político, sino una obligación de Estado.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados