Ciudad de México, 25 de febrero de 2026

Candelero

Por Ricardo Monreal Avila

“Se demostró la fortaleza del Estado mexicano”. Con esta frase, el General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, cerró su intervención de la mañanera del pasado lunes, en la cual rindió su parte informativo sobre la detención y el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y el criminal más buscado por México y Estados Unidos en la última década.

La captura, en efecto, era una cuestión de ver hasta dónde podía llegar el Estado mexicano en esta lucha contra el narcotráfico, que lleva ya 20 años, desde aquella declaración de guerra de Felipe Calderón contra las bandas criminales.

En su momento hice un análisis profundo de las condiciones que determinaban el contexto en que se pregonó aquella guerra, protagonizada por la otrora segunda administración blanquiazul, y que se inscribió en un escenario en el que estaba en juego la seguridad pública, pero también, por ende, el orden, el control y el libre desarrollo social. Los hechos de violencia daban cuenta además de la cuestionable legitimidad del régimen y de la desigualdad que había llevado a una creciente polarización social.

Detrás de todo ello se ocultaba un acelerado proceso de fragmentación, de erosión del tejido social. A más de dos siglos de nuestra Independencia y más de un siglo de la Revolución, la desigualdad prevalecía como el gran estigma que pesaba sobre nuestra sociedad.

Si, por un lado, el Gobierno contaba con los medios de comunicación masiva (sobre todo, la TV) para generar factores de legitimación y cohesión, por el otro, el poder económico y el poder de fuego de la delincuencia organizada constituyeron elementos importantes para generar esa fuerza centrípeta que atrajo voluntaria o involuntariamente a numerosos individuos o grupos marginados, excluidos; en suma, de “los otros”.

En ese contexto de polarización y violencia, era bien sabido que la sociedad civil —en particular los sectores más vulnerables, como las infancias, las juventudes y los pueblos indígenas— padecía con mayor crudeza las consecuencias de los conflictos armados. Esto, por otro lado, dio lugar a un aumento descontrolado de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En América Latina, la territorialidad, los recursos naturales, así como la integridad física y cultural de los pueblos indígenas se habían visto constantemente amenazados por las corporaciones del capitalismo neoliberal, como el narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en las zonas rurales y la crisis del campo, muchas comunidades fueron infiltradas por el crimen organizado, el cual las obligó a cultivar la fuente de opioides o cannabinoides, mientras que los jóvenes indígenas fueron reclutados de manera forzada por los cárteles.

De este modo, las comunidades indígenas y los grupos de jóvenes sin oportunidades, doblemente vulnerables por su situación, fueron arrastrados al engranaje de la delincuencia organizada, convirtiéndose en esclavos modernos al servicio de un nuevo amo, y fueron engrosando las filas de los cárteles, siendo forzados a trabajar en el eslabón más bajo de la cadena productiva del narcotráfico.

Frente a esta realidad, muchas ciudadanas y ciudadanos optaron por el conformismo o la resignación, actitud que Allan Wolfe denomina “cinismo pasivo”. Esta postura contribuyó a perpetuar el statu quo y, por ende, el inmovilismo político.

No obstante, los estragos causados por la guerra contra el crimen organizado dejaron al descubierto que esa resignación que sostenía el frágil orden social dependía en realidad de complejos acuerdos informales mantenidos con los líderes del mercado ilegal, los capos de la droga y las estructuras de la delincuencia organizada, como demostró la detención de quien fuera el secretario de Seguridad en esa etapa y el hombre fuerte del supuesto combate al narcotráfico.

Así, queda claro que la primera víctima de un cártel es la sociedad, por su secuela de violencia, muerte y afectación económica a la población. Pero la siguiente víctima es el Estado mismo, porque un cártel le disputa directamente el recurso distintivo de cualquier gobierno legalmente constituido: el monopolio de la violencia legítima.  

Y si, además de la fuerza, un cártel le disputa también territorio, población, gobierno y soberanía (es decir, capacidad de autodeterminación política), ese cártel es un estado (con e minúscula) dentro del Estado, cuyas funciones son únicas, indivisibles e intransferibles a una entidad privada.

Desde Hobbes hasta Weber, el monopolio de la violencia legítima es la razón de ser del Estado.

El Leviatán es aquel ente superior al que todos los individuos delegan voluntariamente su capacidad de fuerza privada, para crear una sola entidad cuya fuerza superior proteja y garantice la convivencia de toda la comunidad. ¿De quién protege el Leviatán a las y los integrantes de una comunidad? De acuerdo con la mitología hebrea, el Leviatán es la antítesis de Behemot, el dios de la anarquía, la violencia y la extinción.

Weber desarrolla más la idea del Estado como la única fuerza rectora de una sociedad, al agregar dos conceptos clave: el monopolio de la fuerza y la legitimidad de dicha fuerza.

El monopolio alude a la concentración de los instrumentos, medios y cuerpos de defensa con que el Estado ejerce la fuerza, es decir, a la concentración de las armas y de los cuerpos de seguridad que la ejercen. Por su parte, la legitimidad de esa fuerza la da irreductiblemente el origen legal del gobierno y el apego a normas, leyes y protocolos que permitan el debido uso y ejercicio del monopolio de la fuerza socialmente delegada al Estado.

Un ente privado cuyo poder se asienta en un territorio y ejerce funciones estatales, como el cobro de impuestos; ofrece protección, e incluso procura justicia (mediante el uso de la fuerza armada) no es un Leviatán, es un Behemot.

La captura y el abatimiento del dirigente criminal del mayor cártel existente en el país demuestra, en efecto, la fortaleza del Estado mexicano como poseedor del monopolio de la violencia legítima. Demuestra también que la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum es la correcta.

Corresponde ahora seguir por esa ruta para probar que México no es tierra de cárteles en guerra, sino un país, un Estado legítimo, que apuesta por la paz, con instituciones y leyes democráticas.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X: @RicardoMonrealA