Ciudad de México, 1 de octubre de 2025

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a comisiones oficios de diputadas, diputados, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de los congresos de Nuevo León y Baja California Sur.

Comunicaciones

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) y el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) solicitaron retirar diversas iniciativas que habían presentado.

De la Procuraduría Fiscal de la Federación se conocieron los informes del segundo semestre de 2024 y del primer semestre de 2025 de las operaciones a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Fueron enviados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio cuenta de la información relativa a la evolución de las finanzas Públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a agosto de 2025.

Asimismo, comunicó sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2024, y proporcionó información sobre la evolución de la recaudación para agosto de 2025. Se turnó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativas de congresos

El Congreso de Nuevo León hizo llegar iniciativa que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se canalizó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

En tanto, del Congreso de Baja California Sur se recibió iniciativa que reforma el artículo 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para precisar que las organizaciones sociales, empresariales, personas físicas y morales, deberán ser de nacionalidad mexicana.

Además, establece que las comunidades y pueblos originarios tendrán el derecho primigenio en la administración de las áreas naturales protegidas en su región de origen. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados