Ciudad de México, 12 de abril de 2026

En el foro “Migrar es existir”, convocado por la diputada Ana Erika Santana González (PVEM), especialistas y funcionarios señalaron que la movilidad humana es un fenómeno estructural que requiere respuestas integrales, coordinadas y con enfoque de derechos humanos, ante el aumento de personas desplazadas y la complejidad del contexto actual.

Durante su participación, Alejandra Carrillo, jefa de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), indicó que México se ha consolidado como uno de los países de mayor crecimiento en solicitudes de asilo a nivel global, con más de 140 mil registros en 2023.

Destacó que el país ha dejado de ser únicamente territorio de tránsito para convertirse en destino de miles de personas refugiadas, fenómeno que se refleja de manera clara en la Ciudad de México.

Precisó que, tan solo en 2023, la capital del país registró más de 30 mil solicitudes de asilo, posicionándose como la segunda ciudad con mayor número de casos a nivel nacional, lo que “confirma que la Ciudad de México es un destino clave para personas que buscan reconstruir sus vidas e integrarse a la sociedad”.

Subrayó que, cuando existen condiciones adecuadas, la integración de personas refugiadas genera resultados positivos, ya que no solo tienen necesidades, sino también capacidades, experiencia y potencial a fin de contribuir al desarrollo de las comunidades que las reciben. Por ello, consideró que la movilidad humana debe entenderse como una realidad estructural del mundo contemporáneo.

En el marco del 75 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, anotó que este momento representa una oportunidad para fortalecer el sistema de asilo en México, ya que el principal reto no es la falta de normas, sino su correcta implementación.

Planteó tres prioridades: garantizar el acceso a sistemas de asilo justos y eficientes; reducir los riesgos y abusos en las rutas migratorias mediante respuestas coordinadas; promover soluciones de largo plazo a través de la integración local, con acceso a empleo, educación, salud y documentación.

“La movilidad humana no desaparecerá, pero sí es posible decidir si se responde desde la contención o desde la inclusión”.

Resaltó la importancia de las alianzas entre gobiernos, sociedad civil y comunidades para construir respuestas más integrales y humanas.

Por su parte, Luis Francisco Fierro Sosa, director de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración (INM), señaló que el país se caracteriza por ser origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, lo que lo coloca en uno de los contextos más complejos a nivel mundial.

Indicó que, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, se ha realizado un análisis integral del fenómeno migratorio, considerando factores estructurales y una visión de largo plazo.

Detalló que, entre 2019 y 2024, se han entregado más de 1.4 millones de tarjetas migratorias para garantizar la estancia regular, además de la implementación de trámites electrónicos en diversas entidades federativas a fin de agilizar procesos.

También, atención brindada a más de 180 mil personas migrantes en situación de riesgo durante 2024, así como el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad.

El funcionario explicó que el INM ha definido cuatro objetivos estratégicos centrados en la regularización, el control migratorio, la protección de personas migrantes y el fortalecimiento administrativo.

“Estas líneas de acción se complementan con 26 estrategias orientadas a consolidar un instituto más profesional, transparente y eficiente, con el uso de tecnologías de la información y el fortalecimiento de mecanismos de control”.

Asimismo, mencionó la implementación de acciones afirmativas, como la actualización del marco normativo, la identificación de vulnerabilidades de la población migrante, la atención prioritaria a unidades familiares y la coordinación con la sociedad civil a través de un consejo ciudadano.

Añadió que se ha reforzado la atención a quejas en materia de derechos humanos, lo que ha permitido mejorar el cumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Subrayó que la movilidad humana continuará transformándose, por lo que es necesario responder con políticas innovadoras, integrales y coordinadas.

En tanto, Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, informó que, por tercera ocasión, se llevará a cabo una jornada de atención a connacionales en el extranjero los días 27 y 28 de abril, en la que integrantes del notariado acudirán a cinco consulados de México en Estados Unidos, con el objetivo de brindar asesoría directa a personas migrantes.

En esta jornada se va a capacitar al personal consular ante la falta de recursos humanos, técnicos y económicos para atender estos temas.

Señaló que uno de los principales obstáculos detectados es el temor de las y los paisanos, especialmente de quienes se encuentran en situación irregular, a acudir a los consulados por el riesgo percibido de ser detenidos. “Este contexto ha limitado el acceso a servicios notariales y consulares, lo que genera complicaciones legales en diversos trámites”.

Explicó que uno de los focos rojos identificados es el uso de poderes notariales, particularmente en temas económicos, ya que su aplicación en el extranjero ha generado diversos problemas.

Ante ello, planteó la necesidad de impulsar una reforma a la Ley Federal de Derechos que permita reducir o eliminar los costos de estos trámites, así como de testamentos y autorizaciones, con el fin de facilitar el acceso de los connacionales a estos servicios.

Asimismo, expuso casos frecuentes en los que personas migrantes son detenidas y deportadas de manera repentina, dejando a sus familias divididas entre México y Estados Unidos, muchas veces con menores de edad involucrados.

Dijo que para que un menor pueda viajar se requiere una autorización que puede ser otorgada por autoridades migratorias o por un notario, y que también es posible tramitarla ante los consulados.

No obstante, advirtió que existen inconsistencias normativas, ya que, aunque la ley establece que dicha autorización es necesaria para la salida de menores del territorio nacional, en la práctica las aerolíneas, especialmente las estadounidenses, suelen exigir este documento incluso en casos donde no sería estrictamente necesario, lo que genera obstáculos adicionales para las familias migrantes.

En otro tema, destacó la evolución del marco constitucional en materia de nacionalidad, al señalar que, a diferencia de lo establecido en la Constitución de 1917, actualmente se reconoce la posibilidad de tener más de una nacionalidad.

Precisó que la legislación vigente establece que las personas con doble nacionalidad son consideradas mexicanas para todos los actos realizados en territorio nacional, lo que facilita su integración jurídica.

Subrayó la importancia de fortalecer los canales de comunicación con los connacionales a fin de incentivar su acercamiento a los consulados, así como el uso de herramientas digitales.

Añadió que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha trabajado en trípticos informativos que orienten a las personas extranjeras sobre los requisitos necesarios para integrarse a la sociedad mexicana, aunque reconoció que aún existen áreas de oportunidad para completar y mejorar esta información.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados