Ciudad de México, 3 de marzo de 2026

La diputada Laura Hernández García (MC) señaló la necesidad de erradicar la discriminación hacia las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que se deben eliminar leyes discriminatorias, proteger el derecho al acceso a atención médica, así como abordar el estigma con un trabajo conjunto entre ciudadanía, comunidad médica y el gobierno.

Al inaugurar el “Foro por la no discriminación: Los retos en la respuesta al VIH en México”, la diputada recordó que el 1 de marzo se conmemoró el Día de Cero Discriminación, una iniciativa impulsada por la ONUSIDA, que recalca “la necesidad de erradicar el estigma y los prejuicios alrededor de las personas con VIH”.

En ese contexto, la diputada enfatizó que la discriminación representa una barrera, en muchos aspectos, para que las personas que viven con VIH o quienes están en riesgo de contraerlo por alguna condición de vulnerabilidad, puedan gozar con plenitud sus derechos y de una vida digna.

“Los ejes de reflexión propuestos para esta ocasión, son eliminar las leyes discriminatorias, proteger los derechos de acceso a la atención médica, abordar el estigma de las comunidades y apoyar las respuestas encabezadas por la misma comunidad. No se puede hacer un trabajo efectivo de respuesta al VIH si no es en equipo entre los médicos, los especialistas y también las comunidades; obviamente también los defensores de derechos humanos y los gobiernos principalmente”, subrayó.

El foro pretende abrir el diálogo sobre cómo proteger el derecho al acceso a atención médica que pide, entre otras cosas, “proporcionar una atención de calidad y respetuosa para todas las personas, con dignidad y comprensión; por ello hemos convocado especialistas de diferentes partes de la República Mexicana para conocer cuáles son los retos y los desafíos que se enfrenta actualmente la atención y la respuesta al VIH”.

De igual forma, otro eje que se retomará es “eliminar las leyes discriminatorias, debido a que se ha insistido en múltiples ocasiones sobre que es un error mantenerlas, porque esto inhibe la atención a las personas que tienen VIH.

Explicó que mantener en la ley el concepto “peligro de contagio” no permite garantizar los plenos derechos de las personas con este virus; “prefieren no saber y no se acercan a los servicios médicos”, ante el rechazo.

“Esta Cámara es un espacio en donde se tienen que escuchar todas las voces, a fin de construir una respuesta efectiva a las necesidades específicas para poder enfrentar esta realidad tan compleja”, expresó.

La doctora Gabriela del Refugio Velázquez Rosa, pionera en la atención a personas con VIH en Oaxaca, compartió un recuento de su experiencia al frente del Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH en 1994.

Relató que al asumir la encomienda inició sus labores “en una casita muy chiquita” y, en ese entonces, no tenían “ni una gota de medicina”; además, las personas llegaban en etapas avanzadas de la enfermedad.

Subrayó que, además del virus, se enfrentó al estigma, porque “la gente no se muere solo por el virus, se muere por el rechazo, el señalamiento”.

Destacó que el 7 de junio del año 2000 Oaxaca integró en una sola instancia los servicios de prevención y atención, convirtiéndose en el único estado con un modelo integral en ese momento, lo que permitió que los pacientes recibieran acompañamiento sin “vueltas, burocracias ni señalamientos”.

En su intervención, Juan Sierra Madero, investigador titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición “Salvador Zubirán”, ofreció un panorama nacional de la epidemia de VIH.

Dijo que en los últimos 10 años se han notificado 185 mil casos y se estima que alrededor de 370 mil personas viven con VIH en México en 2025. Hasta el tercer trimestre del año pasado se habían registrado 14 mil nuevos diagnósticos, que en su mayoría son hombres.

Señaló que los tratamientos antirretrovirales “maravillosos que hacen una gran diferencia en las personas que viven con VIH actualmente”. No obstante, persisten desafíos, entre ellos, el abasto y la distribución efectiva de medicamentos.

“No podemos decir que no hay desabasto, simplemente porque compramos todo lo que se necesita”, continúan registrándose interrupciones en la entrega de antirretrovirales, sobre todo por las dificultades en la transición entre sistemas de salud, ya que esto puede provocar suspensión del tratamiento.

En materia de prevención, habló sobre la eficacia de la profilaxis preexposición (PrEP), aunque su implementación en el país es insuficiente frente a las necesidades actuales. El 45 por ciento de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas, lo que incrementa el riesgo de complicaciones y mortalidad.

Luego de concluir el foro, en conferencia de prensa, la diputada Laura Hernández reiteró que aún persiste en el artículo 199 bis del Código Penal, “lo que sanciona el peligro de contagio, que es completamente una aberración y está completamente obsoleto, no solamente por los avances científicos, sino porque hace que la discriminación sea mayor y criminaliza a las personas con VIH e inhibe la prevención.

Agregó que “las personas prefieren no saber que tienen VIH, porque si no las meten a la cárcel. Presentamos una iniciativa para la derogación de este artículo 199 bis el año pasado, la cual fue aprobada en la Comisión de Justicia por mayoría, y es fecha que no ha bajado al Pleno, por eso estamos aquí, quienes están conmigo acompañándome, para que en el Pleno sea votada, porque ya no puede ser posible que este artículo siga vigente”, externó.

Al hacer uso de la voz, Ricardo Hernández Forcada, especialista y exdirector de Prevención en CENSIDA, urgió a la derogación del delito de peligro de contagio en todos los códigos penales, tanto el federal como los de los estados que todavía lo tienen, “que son 27”.

“Insistir solamente en que hay una sentencia de la Corte en relación con el tema, cuando se modificó para criminalizar al VIH y otras infecciones de transmisión sexual en el estado de Veracruz, esta sentencia es del 2015, en que dice que es inconstitucional por discriminatoria ese tipo de disposiciones”, abundó.

Por lo cual, “esta disposición es completamente obsoleta, es técnicamente infundada y solamente contribuye a una mayor estigmatización y la criminalización, la potencial sujeción a procesos penales a personas con diagnóstico, lo cual podría redundar en inhibir la voluntad de las personas a hacernos la prueba”, finalizó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados