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Reforma propone sancionar violencia sexual cometida en el servicio de transporte público y en el privado por aplicación
A fin de establecer que comete infracción administrativa grave el conductor de transporte público o de transporte privado contratado mediante plataformas digitales que, durante la prestación del servicio o con motivo de este, realice actos de acoso, hostigamiento, abuso o cualquier forma de violencia sexual en contra de las personas usuarias, la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) impulsa una iniciativa.
Reforma propone sancionar violencia sexual cometida en el servicio de transporte público y en el privado por aplicación
Ciudad de México, 31 de marzo de 2026
A fin de establecer que comete infracción administrativa grave el conductor de transporte público o de transporte privado contratado mediante plataformas digitales que, durante la prestación del servicio o con motivo de este, realice actos de acoso, hostigamiento, abuso o cualquier forma de violencia sexual en contra de las personas usuarias, la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) impulsa una iniciativa.
El documento, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y del Código Penal Federal, precisa que las infracciones señaladas serán sancionadas con la cancelación definitiva de la licencia, permiso o autorización para conducir, revocación de la concesión o registro correspondiente e inhabilitación permanente para prestar servicios de transporte, ello sin perjuicio de las responsabilidades penales.
Cuando la víctima sea una niña o adolescente –añade– las sanciones administrativas se impondrán con el máximo rigor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez.
Además, los concesionarios, permisionarios y empresas o plataformas digitales de transporte estarán obligados a brindar auxilio inmediato a la persona usuaria víctima de violencia sexual, contar con protocolos de emergencia, atención y denuncia para casos de violencia sexual y activarlos de manera inmediata cuando sea el caso, así como colaborar de forma plena y oportuna con las autoridades competentes.
También, suspender de manera inmediata al conductor denunciado mientras se realizan las investigaciones e implementar programas permanentes de capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género.
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado con multas, suspensión temporal o definitiva de la concesión o autorización y cancelación del registro para operar, sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas que resulten aplicables.
La adición al artículo 266 Bis del Código Penal Federal subraya que las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando el delito sea cometido por un conductor de transporte público o de transporte por aplicación. Además, el responsable quedará inhabilitado de manera permanente para ejercer dicha actividad.
El documento, enviado a las comisiones unidas de Movilidad y de Justicia, expone que la violencia sexual en el contexto del transporte no solo vulnera derechos individuales, sino afecta el ejercicio del derecho humano a la movilidad y al libre tránsito en condiciones de seguridad y dignidad. Además, limita la participación plena de las mujeres en la vida económica, social y educativa del país, perpetuando desigualdades estructurales.
La falta de mecanismos robustos de respuesta por parte de concesionarios, permisionarios, empresas de aplicaciones digitales de transporte y autoridades responsables agrava este escenario y demanda una respuesta normativa integral, eficaz y con enfoque de género, señala.
Por ello, considera indispensable establecer un marco jurídico que sancione administrativa y penalmente la violencia sexual cometida por conductores durante la prestación del servicio, así como consagrar la responsabilidad directa de concesionarios y plataformas para garantizar auxilio inmediato, protocolos de atención, capacitación obligatoria con perspectiva de género, y colaboración efectiva con las autoridades competentes.
Martínez Ruiz refiere que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se reportaron más de 61 mil 713 delitos sexuales en México, incluidos casi 8 mil 704 casos de acoso sexual, aunque se reconoce que existe un alto subregistro debido a la estigmatización y la desconfianza en las autoridades.
Adicionalmente, investigaciones de organismos como GIZ, en coordinación con el Inmujeres, hoy Secretaría de las Mujeres, han señalado que en la Zona Metropolitana del Valle de México más del 60 por ciento de las mujeres han experimentado acoso o violencia sexual en transporte público y que afectan profundamente su libertad de movimiento, percepción de seguridad y bienestar general.
En este contexto, múltiples mujeres han transformado sus prácticas de movilidad e incluso creado alternativas para sentirse seguras, como redes de transporte lideradas por mujeres que buscan mitigar el riesgo de violencia y acoso.
