Ciudad de México, 25 de marzo de 2026

El Senado de la República aprobó un dictamen para establecer que las autoridades educativas y las instituciones públicas o particulares que formen parte del Sistema Educativo Nacional no puedan utilizar, difundir o distribuir la imagen, voz o datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales, en cualquier medio físico o digital.

Lo anterior, expone el documento, sólo podrá exceptuarse cuando se cuente con la autorización previa, expresa, informada y por escrito de madres, padres, personas tutoras o de quienes ejerzan la patria potestad.

El dictamen, que adiciona el artículo 73 Bis a la Ley General de Educación, se aprobó con 101 votos. Plantea que dicho consentimiento podrá ser revocado libremente en cualquier momento, sin que ello implique afectación alguna a los derechos o a la situación escolar de quien se trate.

Prevé que la Secretaría de Educación Pública emita el instrumento jurídico necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Esta reforma, señala el dictamen, prioriza la dignidad humana y la seguridad de niñas, niños y adolescentes sobre cualquier interés mercantil, y armoniza nuestra legislación con los más altos estándares internacionales de protección a la infancia.

Al elevar la prohibición a rango de ley en materia educativa, subraya, se dota de certeza jurídica a las familias y se establecen límites claros para las autoridades escolares, garantizando que ninguna normativa interna o reglamento escolar pueda estar por encima del interés superior de la niñez.

Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación, señaló que muchas instituciones educativas, principalmente del sector privado, utilizan la imagen de sus estudiantes como herramientas de marketing y publicidad para atraer matrícula, sin un consentimiento informado de madres, padres o tutores.

Señaló que las escuelas son espacios de aprendizaje, desarrollo y convivencia, no son agencias de publicidad y los estudiantes no son insumos para el posicionamiento comercial de una marca.

El uso lucrativo de su imagen, sin regulaciones estrictas, implica una cosificación de la infancia, situación que el Senado no puede ignorar, subrayó.

Morón Orozco señaló que, en la era de hiperconectividad los riesgos son reales y tangibles, dado que la difusión de imágenes de este sector de la población, con uniformes escolares facilita su geolocalización y expone sus rutinas, lo que incrementa su vulnerabilidad a delitos como el acoso, la extorsión y la manipulación de identidad mediante inteligencia artificial.

La senadora de Morena, Cynthia Iliana López Castro comentó que esta reforma recoge la preocupación de muchos padres de familia que solicitaron el apoyo para que no se pueda fotografiar, usar la voz, los datos o la imagen de las niñas y niños sin su consentimiento.

Se encontraron, dijo, que muchas imágenes de menores con uniforme se pasaban a diversas plataformas digitales y muchas veces terminaban en páginas de trata de personas o prostitución.

Del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, dijo que esta reforma protege la dignidad de las y los menores dentro de un entorno escolar. El dictamen reconoce una realidad, que la imagen de las y los estudiantes se ha utilizado en redes sociales, páginas web, contenidos promocionales circular sin control, sin límites y sin una autorización plenamente consciente.

El dictamen que adiciona el artículo 73 Bis a la Ley General de Educación, en materia de protección de datos personales y de la imagen de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo, se turnó a la Cámara de Diputados.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores