Ciudad de México, 3 de abril de 2026

La diputada Eva María Vásquez Hernández (PAN) sostuvo que niñas, niños y adolescentes deben tener acceso a la alimentación, por lo que presentó una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de garantizar este derecho de la niñez en México.

“Un niño, una niña no tendría que esperar a que un juicio concluya, que un juicio avance, que un juicio se desahogue para saber si va a tener lo básico para el día de mañana. La alimentación no se litiga, se garantiza”, señaló.

Sostuvo que el sistema de justicia en materia de alimentos presenta una falla de origen: está diseñado como si se tratara de un conflicto entre adultos, ignorando que en el centro hay niñas y niños cuyos derechos dependen de decisiones que hoy resultan lentas, complejas y, en muchos casos, ineficaces.

Al encabezar el foro “Hablemos de las niñas, niños y adolescentes: inversión de la carga de la prueba en materia de alimentos”, Vásquez Hernández subrayó que actualmente se obliga a quienes cuidan a demostrar ingresos que no tienen forma de comprobar, mientras que quienes sí cuentan con la información pueden evadir su responsabilidad con relativa facilidad.

Por ello, explicó que su propuesta plantea trasladar la carga de la prueba a quien tiene la capacidad económica, reconociendo que tiene los medios para acreditar su situación real. Este ajuste, explicó, no busca generar desequilibrios, sino corregir una desigualdad estructural que afecta directamente a la niñez.

“La justicia no puede depender de quién tiene más habilidad para esconder información, sino de quién necesita mayor protección”.

Dijo que se pretende llevar este principio a nivel constitucional, con el objetivo de homologar criterios en todo el país, evitar interpretaciones discrecionales y garantizar que el sistema de justicia actúe con enfoque de niñez desde el inicio, y no únicamente cuando el daño ya está hecho.

Resaltó que este proyecto no es una idea improvisada o una ocurrencia, es el resultado de un proceso de diálogo con especialistas, organizaciones y familias afectadas, quienes coinciden en la urgencia de reformar un modelo que hoy deja en desventaja a la infancia y parte de una premisa simple, pero poderosa: si el problema es estructural, la solución debe ser estructural.

“No es una idea improvisada, no es un se me ocurre y me honra decir que esta propuesta es resultado de escuchar voces expertas, a la sociedad civil y casos reales. También es el resultado de incomodarnos con lo que nos encontramos en el camino y de aceptar que el sistema no está respondiendo a necesidades de quienes más lo necesitan”.

En ese sentido, reiteró que es urgente asegurar que ningún niño, niña o adolescente en este país vuelva a sentir que su derecho a una vida digna es algo que tiene que mendigar o, incluso, que tiene que demostrar.

“No es una sanción, no es una medida arbitraria, no rompe el debido proceso. Es, por el contrario, una evolución del sistema hacia la justicia real. Es alinear la ley con la realidad, es reconocer que no puede existir igualdad procesal cuando hay desigualdad estructural. Y, sobre todo, es colocar por fin a niñas y niños en el centro del sistema”.

Por su parte, Daniel Castañeda Hernández, cofundador de GD Asociados e integrante de la Fundación GDFAR, Hablemos de los Niños, también impulsor de esta propuesta, dijo que es el primer gran paso que impactará en los siguientes 10 años a 5 o 7 millones de niños, niñas y adolescentes que serán bien alimentados.

A su vez, Sandra Espinoza Rizo, abogada en el área de Asuntos Públicos de Early Institute, habló del derecho al cuidado y a la educación inicial cuando se trata de la primera infancia, que va de los cero a los cinco años. Afirmó que hay cerca de 12 millones de niñas y niños en esta etapa.

Anotó que el derecho al cuidado incluye alimentación, acudir a la escuela, tener qué vestir, garantizar su salud, entre otros aspectos. Entonces, reconocer este derecho en la primera infancia es fundamental y se debe de garantizar por el Estado.

Ahora bien, agregó, la educación inicial representa durante esta etapa ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se les da a estas niñas y niños, que es este desarrollo de conductas, de destrezas, de habilidades que los preparan para la vida adulta.

“Entonces, tenemos estos dos derechos fundamentales. El derecho a cuidar a las niñas y niños, de cuidar a las personas también que se encargan del cuidado de las niñas y niños en esta etapa, desde el embarazo y la educación inicial y ya están siendo reconocidos”.

Sin embargo, comentó, desde Early Institute se ha promovido que estos dos derechos se vean como uno solo, articularlos, porque el derecho al cuidado representa estos procesos, también los del aprendizaje, de enseñanza a las niñas y niños para el desarrollo de actividades.

Víctor Hugo Rodas Valderrama, consultor de Child Found México en temas de derechos de las infancias, se refirió a los estándares de protección en relación con el derecho a un nivel de vida adecuado de niñas, niños y adolescentes.

Mencionó que la obligación que tienen los estados parte del hecho de que México signara la Convención de los Derechos del Niño de adaptar no sólo su derecho interno, sino inclusive toda su política para el cumplimiento de este tratado, que incluye garantizar el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

De ahí, enfatizó, la importancia de formular esto no sólo como una iniciativa más, sino inclusive como parte de un principio constitucional que estaría contemplado en el artículo cuarto constitucional.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados