Ciudad de México, 9 de abril de 2026

La diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) impulsa una iniciativa con el propósito de reformar los artículos 10, 34, 43 y 177 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de garantizar el suministro gratuito y permanente de toallas sanitarias por parte de las autoridades penitenciarias, así como contar con infraestructura digna para el acceso de agua potable, regaderas y condiciones de saneamiento.

En rueda de prensa con representantes de asociaciones civiles y activistas, indicó que también busca que ninguna medida disciplinaria o de aislamiento sea pretexto para negar el acceso a productos de gestión menstrual. 

Zúñiga Cerón pidió elevar el nivel del debate público sobre la gestión menstrual, al señalar que es un derecho no un privilegio ni una concesión, pues al garantizarlo se estará honrando el compromiso con los tratados internacionales y la dignidad humana.

“Invitamos a todos a que se sumen a esta iniciativa y decirles a quienes me acompañan el día de hoy que no dejaremos de levantar la voz hasta que la menstruación digna para mujeres y personas menstruantes privadas de su libertad sea realmente un derecho garantizado”.

María Lizbeth Álvarez Sánchez, coordinadora académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), señaló que la gestión menstrual suele ser una de las áreas más olvidadas en los sistemas penitenciarios, por lo que para garantizar una menstruación digna se debe cumplir de manera urgente con lo siguiente: provisión suficiente de productos, infraestructura y saneamiento adecuado, atención médica, manejo del dolor y erradicación de la violencia, el estigma y la extorsión.

En cuestión de legislación obligatoria, detalló que es necesario garantizar por ley el presupuesto al sistema penitenciario, ya que la entrega de insumos menstruales no debe depender de la buena voluntad de las autoridades en turno o de donaciones.

También, capacitar al personal sobre la salud menstrual como un derecho humano básico no como un lujo o capricho.

“Garantizar estos insumos y condiciones es el paso mínimo e indispensable para asegurar que las mujeres privadas de su libertad cumplan sus condenas sin perder su salud y dignidad”.

Enfatizó que la menstruación digna en los centros de reclusión es un tema de derechos humanos y salud pública, por lo que cuando el Estado priva de la libertad a una mujer o a una persona menstruante debe asumir la responsabilidad total de cubrir sus necesidades básicas.

“La falta de acceso a una menstruación digna en reclusión es una forma de violencia institucional y de género”.

Beatriz Maldonado Cruz, directora general de Mujeres Unidas por la Libertad A.C, destacó la importancia de tener una reforma en la ley que beneficie a las mujeres privadas de la libertad.

Comentó que llevan seis años solicitando al Estado que les proporcione toallas de manera gratuita, porque en el sistema penitenciario una cuesta 10 pesos.

“Al no tener esa cantidad gestionan su menstruación con papel de baño, calcetines, trapos y cubre bocas, lo que aumenta el riesgo para la salud sexual y reproductiva”.

Consideró que dicha reforma puede ayudar a reducir el estigma y la discriminación hacia las mujeres que están en prisión, así como mejorar las condiciones de vida.

Agregó que con ello se dará cumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Claudia Halife Montalvo, profesora de expresión oral y escrita de la UACM, expuso su experiencia como docente dentro de los centros penitenciarios, en particular de las mujeres.

Dijo que observó que las celdas de castigo no cuentan con la infraestructura necesaria para atender sus necesidades, además de que se debe sensibilizar y capacitar al personal con perspectiva de género en la materia.

“Mi labor es sensibilizar, sobre todo a los hombres sobre la violencia de género y hacer que las mujeres se proyecten por medio de la escritura en los trabajos que realizan”.

Laura Díaz Escutia, docente de la UACM, resaltó que esta universidad es la única en el país que cuenta con un programa comprometido con las personas privadas de la libertad, donde imparten la licenciatura en derecho, lo que representa una esperanza en su reinserción social.

En tanto, la ciudadana Dulce María Obregón Cervantes expuso su experiencia como persona privada de la libertad por 20 años, durante los que tuvo que lidiar en la compra de toallas sanitarias, que oscilaban de 10 a 15 pesos, y tenía que hacer favores a otras reclusas para conseguirlas, por lo que celebró el impulso de esta iniciativa. 

Finalmente, Sofi Juárez, activista independiente, comentó que es una persona con condición de hermafroditismo y fue incriminada por supuestos actos que no sucedieron; estuvo dos semanas recluida en un penal.

“Fue como estar en un infierno, ni siquiera cedieron ante mi situación vulnerable ya que está sumamente invisibilizada la diversidad humana, me agredieron con violencia física los policías del penal y terminé con una infección vaginal”.

Señaló que el acceso a una menstruación digna no es un privilegio ni un tema partidista, sino un derecho humano fundamental en el que el Estado tiene la obligación ética de garantizar para no revictimizar a las mujeres en prisión.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados