Ciudad de México, 6 de octubre de 2025

El diputado de Morena pide que los apoyos del programa de fertilizantes, precios de garantía y producción incluyan a personas ejidatarias con parcelas de hasta 20 hectáreas, particularmente en el norte del país

Llama a titular de la SSPC y a las autoridades responsables a que atiendan el tema de la extorsión en el campo

El diputado José Narro Céspedes (Morena) e integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) expresaron su preocupación por la reducción real en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 destinado al campo, que estiman en alrededor del 3.5 por ciento, al considerar los efectos de la inflación.

En conferencia de prensa acompañado de la CNPA y de la Comisión Política de la citada organización, el secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria indicó que esta disminución afecta directamente la autosuficiencia alimentaria y el bienestar de los productores rurales.

“Estamos dando la lucha por lograr la autosuficiencia alimentaria, la necesidad de que nuestro país recupere la producción nacional de alimentos, que seamos autosuficientes, que produzcamos lo que se necesite en maíz, frijol, trigo, arroz y leche, donde se ha centrado la atención y el apoyo del Gobierno Federal y del campo en el país”.

Narro Céspedes destacó que, aunque el presupuesto nominal se mantiene similar al del año pasado, el poder adquisitivo del gasto público en el sector agrícola ha disminuido.

“Desde 2019 que se instaló el programa Producción para el Campo no ha subido un solo peso, esto significa que hemos perdido en estos seis años ya casi siete años el valor adquisitivo del programa a favor de los productores rurales”, subrayó.

En ese sentido, pidió que los apoyos del programa de fertilizantes, precios de garantía y producción incluyan a personas ejidatarias con parcelas de hasta 20 hectáreas, particularmente en el norte del país, donde las condiciones climáticas requieren mayores extensiones para producir.

“No es posible que la parcela de 10 hectáreas o 20 hectáreas quede al margen de la propuesta de los programas como fertilizantes, precios de garantía. Nos preocupa, porque en estados como Chihuahua, Zacatecas, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, y toda la parte centro-norte del país, las parcelas, a diferencia del centro-sur país, son de 30 o 20 hectáreas la parcela con la que se dotaron los ejidos.

“No puede ser que una dotación de ejidos ponga a la gente al margen de la ley y de los programas que deben de beneficiarse; la gente tiene una parcela agrícola que se le dio como parte de su dotación”, detalló.

Por otro lado, Narro Céspedes hizo un llamado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y a las autoridades responsables, a que atiendan el tema de la extorsión en el campo.

“Les cobran a los productores mil pesos por venta de cabeza de ganado, cuando la delincuencia lo compra a 16, 17 pesos y lo vende en Alimentación para el Bienestar a 27 pesos, que es actualmente el precio de garantía”.

Asimismo, consideró que los tribunales agrarios deben desaparecer y ser parte de una sala especializada, ya que en la justicia agraria no podemos seguir teniendo aparentes juzgados de plena jurisdicción, cuando son juzgados prácticamente administrativos, y que “fueron entregados prácticamente al PAN; es como entregarle la Iglesia a Lutero.

“Tenemos una casta de abogados y magistrados conservadores en el Tribunal Agrario, que generalmente dictaminan en contra del interés público, del interés del pueblo, de los productores rurales, de las comunidades indígenas y de los ejidos en nuestro país”, abundó.

Sobre la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas, que es reglamentaria del artículo 4 constitucional, así como de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, reglamentarias del artículo 27, que enviará la presidenta de la República al Congreso de la Unión, el diputado planteó la necesidad de revisarla, ya que “mantiene matices neoliberales” y no reconoce las dotaciones colectivas de agua de los ejidos.

“Aunque la presidenta plantea que dejará de ser una mercancía, porque se va a prohibir la compra de derechos del agua, en el fondo la propuesta no deja de tener matices neoliberales, porque no aparece en la ley lo que significan las dotaciones colectivas”.

Señaló que durante muchos años las dotaciones de tierra iban acompañadas de las dotaciones de agua en las resoluciones presidenciales; “entonces, no hay un registro, así como el Registro Agrario Nacional, un Registro Nacional de Agua, donde las dotaciones colectivas tengan un registro y cuentan con una protección.

“Cuando termina la fecha de la concesión, la concesión se pierde, pierdes tu derecho de agua. Prácticamente, vas a tener que andar gestionando un nuevo derecho, que te va a dejar en manos muchas veces de la corrupción de las instituciones”.

Mencionó que pareciera que la consultoría que hizo la reforma del agua en tiempos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en el 92, cuando se modificó la Ley de Aguas, es el mismo despacho que hizo ahora esta reforma.

“La verdad es que nos parece sumamente grave dejar en manos de estas gentes una reforma tan importante, como es la reforma del derecho al agua del pueblo de México, de las mujeres y hombres mexicanas.

“Nosotros le pedimos a nuestra presidenta que abra el debate, que permita que los productores, los consumidores y que la gente del campo opine sobre este tema del agua, que es muy importante que participen los usuarios de las zonas urbanas y rurales del país”, concluyó.

En su intervención, Claudia Serapio, integrante de la CNPA, resaltó la urgencia de atender los rezagos agrarios y la corrupción en los tribunales agrarios que, dijo, operan bajo criterios mercantiles y no en favor de la justicia social. “Se necesita una gran reforma agraria” que recupere la certeza jurídica de la tierra y de los recursos naturales.

Por su parte, Alfredo Echeverría, productor de Durango, advirtió sobre los problemas de extorsión y acaparamiento que enfrentan los campesinos al comercializar frijol y maíz.

Denunció que intermediarios y grupos ilegales compran el frijol a 16 o 17 pesos el kilo y lo revenden hasta en 27 pesos, mientras los productores quedan marginados de los beneficios del programa de precios de garantía. “Pedimos que el precio del frijol suba a 30 pesos y que el presupuesto del campo se incremente al menos un 25 por ciento”, declaró.

Los dirigentes anunciaron que la CNPA celebrará su Asamblea Nacional Plenaria el próximo 19 de octubre, participará en el foro “Voces del Campo” en la Cámara de Diputados el día 20 y realizará una movilización nacional el 21 de octubre para exigir mayores recursos y una política pública que impulse la producción nacional de alimentos.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados