Ciudad de México, 26 de noviembre de 2025

Por unanimidad de 418 votos avaló cambios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. El dictamen pasó al Senado

Por unanimidad de 418 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de determinar que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable fomentará acciones para las personas con discapacidad, vinculados a los sectores agropecuario y rural.

El documento, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, menciona que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos.

Además, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contiene siete metas referidas explícitamente a las personas con discapacidad y otras seis que se focalizan en las personas en situaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad.

Refiere que, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Censo de Población y Vivienda 2020, informó que habitaban 6.2 millones de personas con discapacidad en México, de las cuales 3.3 millones son mujeres y 2.9 millones son hombres, representando 5.1 por ciento y 4.7 por ciento de la población total de cada género, respectivamente.

Hace mención que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados socioeconómicos adversos, como menos educación, resultados de salud más deficientes, menores niveles de empleo y mayores tasas de pobreza.

La pobreza puede aumentar el riesgo de sufrir una discapacidad a través de la malnutrición, el acceso inadecuado a educación y atención de salud, condiciones laborales inseguras, un ambiente contaminado y la falta de acceso a agua potable y saneamiento. La discapacidad también puede aumentar el riesgo de pobreza por la falta de oportunidades de empleo y educación, los salarios más bajos y el mayor costo de vida que supone vivir con una discapacidad.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar utilizar un lenguaje incluyente es un importante paso rumbo a la igualdad, y evitar el uso de palabras como “discapacitados” e “inválidos” es un avance para disminuir la discriminación social.

Se toma en consideración a las personas con discapacidad

El promovente de la iniciativa, diputado Jericó Abramo Masso (PRI), expuso que el objeto es tomar en consideración a las personas con discapacidad en las acciones de fomento que se realizan a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Recordó que lo más importante para el ser humano es la dignidad, y por ello la reforma contribuirá a que 20 millones de personas, 8 millones con alguna discapacidad puedan tener un marco jurídico que utilice un lenguaje incluyente. Llamó a que el presupuesto se vote de manera diferenciada, ya que hoy se mejora la ley en materia de inclusión y desarrollo rural sustentable.

“Ahora es el momento de que pasemos de este gran logro jurídico y de diálogo, al logro jurídico y de presupuesto, porque hoy las personas con discapacidad nos han puesto en la agenda que tenemos que tener un presupuesto diferenciado que ayude a la inclusión total, fortalezca las relaciones humanas y deje de lado cualquier tipo de discriminación”, afirmó el legislador.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados