Ciudad de México, 19 de marzo de 2026

Diputadas y diputados emiten comentarios sobre señalamientos, denuncias y acciones emprendidas por el OIC el año pasado

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), se reunió con el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Oscar Daniel del Río Serrano, quien expuso ante las y los integrantes el informe de actividades 2025 de ese órgano.

El presidente de la Comisión destacó que este ejercicio de análisis y rendición de cuentas es muy importante y oportuno, por lo que se seguirá impulsando y se invitará periódicamente al titular del OIC para conocer el resultado de su gestión.

Planteó elaborar una reforma que dé atribuciones en materia de desempeño a los órganos internos de control. Apuntó que es necesario revisar la función de ministerios públicos, peritos y áreas sustantivas, saber cuántos autos de vinculación a proceso hay, cuántas sentencias condenatorias y en qué ha fallado la procuración de justicia.

“Debemos dar dientes a los órganos de control en materia de desempeño mediante una reforma que impulsemos entre todos”, puntualizó.

A su vez, el diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) destacó que el combate a la corrupción en el ámbito de la procuración de justicia es una de las principales demandas sociales. Se refirió a la independencia de este órgano al formar parte de la estructura institucional de la Fiscalía, y sobre posibles presiones para frenar investigaciones; propuso implementar acciones para fortalecer la autonomía técnica.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) consideró que hay un retroceso en transparencia y pididó impulsar su fortalecimiento desde el ámbito legislativo. Expresó que los procesos de responsabilidad administrativa son altamente especializados y que el personal de la Defensoría Pública debe estar capacitado adecuadamente. Resaltó que el OIC debiera participar en comités de obra pública y adquisiciones para prevenir irregularidades desde etapas tempranas.

Del PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar señaló que es insuficiente la socialización de los canales de denuncia para la ciudadanía, y llamó a fortalecer la difusión de herramientas accesibles para presentar quejas. Destacó que dos mil 487 expedientes por incumplimiento de declaraciones patrimoniales, son un rezago que es necesario abatir. Expresó su preocupación por la posible discrecionalidad en su resolución y pidió atenderlos con mecanismos que aseguren imparcialidad.

En tanto, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) mencionó que, si en el informe no hay certeza de validez probatoria, especialmente en la destrucción de narcóticos y bienes asegurados, se deben implementar acciones administrativas o penales contra exfuncionarios responsables de generar información presuntamente apócrifa, y determinar si no hubo robo o mal manejo de drogas y objetos de delito, presuntamente destruidos.

También del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que ante el contraste de los señalamientos contenidos en el informe y los que tuvo que haber antes, tuvo que sancionarse o remover a alguien, y apuntó que “no hay respaldo sobre quién audita al auditor”. Respecto de los ahorros subrayó que debieron destinarse a las acciones que realizó este órgano.

Intervención del titular del Órgano Interno de Control de la FGR

Del Río Serrano aseguró que este órgano tiene una agenda de trabajo dirigida al fortalecimiento de la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, optimización de mecanismos de control, supervisión y evaluación, así como la consolidación de un enfoque que anticipe los riesgos de los procesos sustantivos y administrativos de la Fiscalía.

“Las acciones emprendidas permitieron atender de manera inmediata los casos más relevantes y ordenar los que se irán resolviendo de manera gradual hasta contar con procesos más estructurados, sistematizados y alineados con las mejores prácticas del control interno”.

Precisó que al 8 de agosto de 2025 se identificaron mil 335 expedientes en trámite, con un riesgo elevado de caducidad en 287 de ellos, además de un rezago en la cantidad de expedientes y la emisión de resoluciones, así como una carencia de controles y sistemas tecnológicos que permitan verificar el estado procesal de cada expediente.

Indicó que se priorizó la integración de asuntos cercanos a la prescripción y se habilitó una dirección de área adicional para agilizar la sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa. “Al cierre de 2025 logramos concluir mil 198 de ellos, es decir, el 68 por ciento”.

Dijo que se aplicaron 411 sanciones por faltas no graves a 426 servidores públicos y se remitieron 19 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por faltas graves. Además, al 31 de diciembre quedaron 566 procedimientos en trámite, de los cuales, cinco son resultados de auditorías; 168, asuntos sustantivos y 393 por incumplimiento de declaraciones patrimoniales”, abundó.

Al cierre de diciembre de 2025, había tres mil 900 denuncias en trámite, tres mil 791 atenciones ciudadanas, y de ese total, se pudieron concluir 799 denuncias. “Es decir, en cuatro meses en promedio sacamos 200 denuncias mensuales”.

Dijo que en 2025 había 20 mil 210 personas servidoras públicas activas en la FGR, todas obligadas a presentar su declaración patrimonial, y al cierre del año, mil 731 no la presentaron, y 774 lo hicieron fuera de tiempo, lo cual genera una gran carga de trabajo porque se debe iniciar la investigación correspondiente y la sanción. Indicó que se impulsará una campaña para que en 2026 todas y todos los servidores públicos de la FGR cumplan con esa responsabilidad.

Reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

Previamente, esta instancia aprobó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el objetivo de incluir el lenguaje incluyente de género en el articulado de este marco legal.

El presidente Mejía Berdeja explicó que esta ley no se había armonizado con los criterios de paridad, igualdad y perspectiva de género.

El documento indica que se incorpora el uso no sexista del lenguaje, lo que visibiliza a las mujeres en este ordenamiento y contribuye a consolidar los avances en materia de igualdad y eliminación de las barreras estructurales que perpetúan las desigualdades.

Se sustituyen los términos: “servidores públicos”, por el de “personas servidoras públicas”.  El de “titulares”, por el de “personas titulares”. El de “Presidente de la República”, por el de “persona titular del Poder Ejecutivo Federal”; los de “secretarios y subsecretarios” por los de “personas secretarias y subsecretarias, y el de “ministros”, por “personas ministras”.

Aprobado por 22 votos a favor, se remitió a la Mesa Directiva, para los efectos de su programación legislativa.

Primer informe semestral

Asimismo, se avaló el primer informe semestral de actividades de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Asuntos generales

En este punto del orden del día, el presidente de la Comisión, informó que el próximo martes 24 de marzo, a las 9:00 horas, se sostendrá una reunión de trabajo con el titular de la Auditoría Superior de la Federación en sus oficinas, de manera conjunta con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Además, dijo que se giró un oficio a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, para llevar a cabo una reunión de trabajo.

También, comentó que el día de ayer, integrantes de esta Comisión, se constituyeron en la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, quienes presentaron un programa de autorregulación en materia de integración y combate a la corrupción.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados