Ciudad de México, 24 de marzo de 2026

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó, con 33 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, su opinión sobre la iniciativa que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por la titular del Poder Ejecutivo.

En dicha opinión se considera que, de aprobarse la iniciativa, no generaría un impacto presupuestario, en virtud de que su aplicación no incluye la creación de atribuciones que impliquen erogaciones adicionales.

Asimismo, las nuevas funciones que se establecen en la ley no representarían mayores requerimientos financieros para su establecimiento, conforme lo señala el artículo séptimo transitorio: “Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto correspondientes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes”.

En caso de alguna modificación a la estructura orgánica, esta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que no se incrementará su presupuesto regularizable de servicios personales ni el gasto de operación de los ejecutores de gasto.”

La opinión fue remitida a las comisiones dictaminadoras de Infraestructura, y de Hacienda y Crédito Público, para continuar con el proceso legislativo.

La presidenta de la Comisión, diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aclaró que la discusión versa sobre la opinión respecto a si esta iniciativa tiene o no un impacto presupuestal y no sobre la parte sustantiva.

En tanto, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) consideró que la iniciativa se debió turnar a la Comisión de Presupuesto para dictamen. Comentó que con la creación de la ley se crea un régimen especial, extraordinario y “completamente paraestatal, alejado de la norma ordinaria que marca el artículo 134 constitucional”. Además, evita el concurso público, las licitaciones y la competencia, lo que “claramente es un sesgo de discrecionalidad fortalecido desde el gobierno”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) afirmó que la iniciativa no genera impacto presupuestario y no contempla la creación de atribuciones que impliquen erogaciones adicionales. La creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura tampoco tiene impacto presupuestario porque se instauraría como una instancia de coordinación y planeación estratégica sin atribuciones operativas directas ni ejecución de gasto. 

Del PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) estimó que con esa iniciativa prácticamente se le va a dar la prioridad al gobierno de adquirir deuda y de que el ejercicio del Poder Legislativo “solo sea una ventanilla de trámites”, por lo cual su grupo parlamentario está en contra de la propuesta. Opinó que se debe fortalecer “nuestro análisis legislativo”.   

En tanto, la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena) recordó que en el sexenio anterior se quitaron los fideicomisos opacos y los que tenían reglas extrañas, así como “las asociaciones público-privadas que devastaron al Estado mexicano otorgándole privilegios a algunos privados”. “Lo único que se quiere hacer es regular”, por lo que el gobierno ha trabajado de la mano de los privados, pero quitando los privilegios. 

Yerico Abramo Masso, diputado del PRI, subrayó que en gran parte “vemos con buenos ojos esta ley” porque es importante que haya más opciones y alternativas que den oportunidad a la competencia y a la inversión privada para el desarrollo del país. No obstante, informó su grupo parlamentario está en contra de la opinión porque la iniciativa tiene un impacto presupuestal en la construcción del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura y la operación del mismo.

A su vez, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) apuntó que la ley establece que en ningún caso se autorizará endeudamiento, otorgamiento de garantías o compromisos presupuestarios. Todos los trabajos que se hagan en el marco de esta norma legal tendrán que ser a costos compensados, lo que se debe a la planeación estratégica que se pretende hacer y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la obligación de establecer los indicadores y mecanismos de evaluación correspondientes.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados