Ciudad de México, 24 de marzo de 2026

La Comisión de Vivienda, que preside la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), aprobó el dictamen a la iniciativa que reforma la Ley de Vivienda, para sustituir el concepto de vivienda digna y decorosa por el de adecuada.

Establece que se considerará vivienda adecuada la que cuente con los elementos de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

El documento, aprobado por 17 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, toma en cuenta la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, el 11 de marzo, así como diversas iniciativas de las diputadas Merilyn Gómez Pozos (Morena), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC), María del Rosario Orozco Caballero (Morena), Lilia Aguilar Gil (PT) y Laura Ivonne Ruíz Moreno (PRI) y el diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM).

Estipula que la Política Nacional de Vivienda deberá incorporar estrategias que fomenten la concurrencia, (además  de los sectores público, social y privado, como señala la ley vigente) también de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4° y 123 de la Constitución Política.

También, que corresponde al Gobierno Federal coordinar, concertar y promover programas y acciones de vivienda y suelo con participación de los sectores público, social y privado, “así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 constitucional”.

Además, promover e impulsar las acciones de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, “así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política, para el desarrollo de vivienda adecuada en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos y sociales”.

Sustituye los términos “familia” por “persona”, “vivienda digna” por “vivienda adecuada”, “los trabajadores” por “las personas trabajadoras”, y “ecotécnicas” por “ecotecnias”.

Adiciona los términos “aportaciones”, “las personas trabajadoras”, y “así como las filiales que en su caso tengan estos”, para quedar como sigue: Las inversiones y “aportaciones” que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades y organismos encargados de ejecutar o financiar programas de vivienda para las “personas trabajadoras”, conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como “las filiales que en su caso tengan éstos”, deberán ser congruentes con las necesidades de mejoramiento del parque habitacional y los requerimientos de vivienda en sus distintos tipos y modalidades, de acuerdo al diagnóstico que se establezca en el Programa Nacional de Vivienda.

Precisa que para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras, los organismos e instituciones que financien vivienda, para la consecución de su objeto previsto en las disposiciones legales aplicables, previa autorización de sus respectivos órganos de gobierno y acorde con los programas en materia de vivienda, podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda.

Además, podrán adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas, generando las condiciones adecuadas que permita a las personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.

Asimismo, podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios.

Dichas acciones se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras. En ningún caso dichas acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos, ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables, precisa.

Indica que la Comisión Nacional de Vivienda promoverá la celebración de acuerdos y convenios con productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios preferenciales para apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción, mejoramiento de vivienda y la conformación de paquetes de materiales para las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.

El documento reforma los artículos 1, párrafo primero; 2, párrafo primero; 3, párrafo primero; 4, fracciones IX, XII y XIII; 5; 6, fracciones I y II; 7, párrafo primero; 16, fracciones IV y VIII; 19, fracción I; 23, fracción IX; 34, fracción IV; 48, párrafo primero; 56, párrafo primero; 62, párrafo primero, así como sus fracciones I y II; 73; 77, párrafo primero; y 82, fracciones II y III; y adiciona las fracciones de la I a la VII al artículo 2; y un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 56, de la Ley de Vivienda.

La presidenta de la Comisión afirmó que el dictamen se desarrolló con responsabilidad y apego al Reglamento y se dio trámite a esta iniciativa que permitirá a muchas familias gozar de una vivienda.

Participación de diputadas y diputados

Al hablar a favor, el diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) indicó que la reforma pone en el centro a las personas, fortalece la coordinación de la política de vivienda y alinea a organismos públicos para que actúen con el mismo objetivo. Es un cambio de fondo, dijo, porque define la vivienda adecuada, la cual deberá entregarse con servicios, ser habitable, asequible, accesible y bien ubicada.

Enseguida, la diputada María del Rosario Orozco Caballero (Morena) señaló que se busca cerrar vacíos legales y que las políticas asistencialistas se conviertan en derechos. Se pronunció por aumentar el número de casas cerca de centros urbanos y con todas las características para una vida plena, porque no son solo cuatro paredes sino el hogar de una familia donde se va a realizar y desarrollar.

José Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN, se manifestó en contra por considerar que no se hace ningún esfuerzo para que quienes no cotizan puedan acceder a una vivienda, y convierte al Infonavit y al FOVISSSTE en constructores con recursos del fondo de trabajadores y patrones. No hay recursos extraordinarios, el Gobierno Federal no aporta lo que debería para ampliar el derecho a este sector, como marca la Constitución.

A su vez, el diputado Gilberto Herrera Solórzano (Morena) afirmó que con la nueva política se impulsará vivienda con un doble de metros cuadrados y a la mitad de precio que vendían los desarrolladores privados, mediante convenios de colaboración para que el gobierno estatal o municipal ponga el terreno y el federal, la construcción y que la vivienda sea, con el fin de garantizar el derecho humano a una casa propia. 

También de Morena, el diputado Jesús Jiménez refirió que el dictamen tiene un espíritu humanista de conciencia y justicia social, al armonizar el marco jurídico con la Constitución respecto a la definición de vivienda adecuada, dejando atrás una definición ambigua y avanza hacia un modelo con parámetros claros, medibles e identificables.

Del PAN, la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer dijo que el Gobierno Federal tiene la facultad de tomar la rectoría para atender la vivienda social, “pero no con el dinero de los trabajadores ni de los patrones, a quienes no se les consultó si estarían de acuerdo en que se utilizara su dinero del saldo de la subcuenta. Es un golpe financiero, porque tomará dinero de los 2.4 billones en las subcuentas”.

La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) señaló que en la propuesta que busca sustituir el concepto de vivienda digna y decorosa por el de adecuada, se contemplan los tiempos actuales que vive el país y se abona a la consolidación de un Estado de bienestar social al considerar a la vivienda como un derecho social y patrimonial que debe ser asequible para todas y todos los mexicanos.

En tanto, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez sostuvo que su grupo parlamentario es consciente de que nuestro país necesita actualizar y armonizar el marco jurídico en materia de vivienda para hacer frente a la problemática y a los retos actuales, por lo que anunció su voto a favor del dictamen porque salvaguarda el recurso de los trabajadores, pero “faltan más temas que se tienen que resolver”.

Leide Avilés Domínguez, diputada de Morena, celebró la aprobación de la reforma, la cual busca avanzar en el reconocimiento del pleno derecho a la vivienda mediante la sustitución del concepto de digna y decorosa por el de adecuada, en armonía con los estándares internacionales en derechos humanos. “Sabemos que va a fortalecer instituciones encargadas de otorgar créditos habitacionales, permitiéndoles adquirir, rehabilitar y construir vivienda”. 

A su vez, la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (PRI) destacó la importancia de alinear el marco normativo y consideró que esta reforma “no controla las reglas claras, faltan controles y deja un amplio margen de desarrollo discrecional al Ejecutivo a través de los reglamentos y de los programas”. Va a faltar vigilancia en los criterios operativos de las instituciones públicas.

Del PT, el diputado José Luis Sánchez González dijo que esta reforma no solamente es un cambio conceptual sino un paradigma en materia de vivienda y “con vistas a ser más claros y elocuentes en la definición y características de la vivienda”. Es una reforma que “podría ser poesía, mera retórica”, si no estuviera acompañada del plan y programas como el que está impulsando el gobierno. 

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (PRI) apuntó que todas y todos los mexicanos merecen una vivienda digna y adecuada; sin embargo, en este dictamen se establecen siete elementos que conforman una vivienda adecuada, pero no se fijan métricas mínimas, estándares técnicos, indicadores de habitabilidad, accesibilidad, ubicación, asequibilidad o seguridad de tenencia.

En su turno, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) explicó que el dictamen pretende sistematizar la reforma constitucional, enumerar los siete elementos y dar seguridad jurídica a la gente. En el artículo segundo se incluyen los siete conceptos como son asequibilidad, habitabilidad, ubicación y adecuación cultural y, además, se incluye la sostenibilidad a través de ecotecnias.

Por su parte, la diputada Alma Laura Ruiz López (Morena) expresó su apoyo a la reforma y anunció su voto a favor, porque “nos preocupamos por la gente, no estamos viendo un negocio, estamos viendo que la gente más vulnerable y necesitada puedan adquirir una casa que sea pagable”.

El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal (Morena) indicó que se busca garantizar el derecho de las y los mexicanos a la vivienda adecuada y digna, sin pensar en el negocio que beneficia a los empresarios. Aclaró que los recursos de la subcuenta no se tomarán, sino que se utilizarán las ganancias extraordinarias del sexenio pasado el Infonavit, que son más de 800 mil millones de pesos.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado José Alejandro Peña Villa aseguró que la reforma responde a una necesidad de la sociedad para que las casas se construyan con las mejores condiciones; además, no solo beneficiará a la base trabajadora sino a personas que no son derechohabientes para que puedan acceder a vivienda adecuada.

Una vez aprobado, el dictamen se remitió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

Previamente, en la reunión ordinaria de la Comisión, se aprobó el tercer informe semestral de actividades que corresponde al periodo de 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

También, la opinión de la Comisión de Vivienda respecto de la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría, correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, en la que recomienda exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento e informar en su oportunidad lo relativo a los montos por aclarar, sobre la auditoría de cumplimiento 2024-1-15QCW-19-0089-2025, identificada con el número 89, Erogaciones del Programa de Vivienda Social, practicada a la Comisión Nacional de Vivienda.

Se remitió a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para los efectos conducentes.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados