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“Plan B” tiene el objetivo de reducir gastos excesivos en materia electoral: Castillo Juárez
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, dejó en claro que la reforma constitucional en materia electoral, conocida como el “Plan B”, reduce la burocracia y los gastos excesivos en esta materia, y negó la desaparición del Instituto Nacional Electoral, pues “es una institución fundamental para el desarrollo de las elecciones”.
Necesario establecer medidas de regulación sobre venta de boletos para espectáculos públicos
Ciudad de México, 1 de abril de 2026
La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (PRI) impulsa una iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de regular la venta de boletos para espectáculos públicos, la cual fue enviada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su estudio y dictamen.
El Capítulo VIII Ter denominado “De la venta de boletos para espectáculos públicos” que contiene los artículos 76 Bis 2, 76 Bis 3, 76 Bis 4, 76 Bis 5, señala que toda sociedad lucrativa, persona física o moral que gestione la venta de boletos para espectáculos públicos, conciertos, eventos deportivos, culturales o de naturaleza similar, quedará sujeta a las disposiciones de la presente ley y a la supervisión y vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Para operar, estas personas deberán suscribir un convenio de colaboración con la Profeco, mediante el cual se establezcan obligaciones mínimas de transparencia, mecanismos de atención al consumidor, intercambio de información y cumplimiento del procedimiento de devoluciones, cancelaciones y cambios sin costo previsto en este capítulo.
El consumidor tendrá derecho a solicitar la devolución del importe pagado o la cancelación de su asistencia al evento, conforme al procedimiento que establezca la Profeco en coordinación con los organizadores y empresas comercializadoras de boletos. Este mismo, deberá garantizar acceso claro, sencillo y no discriminatorio, plazos razonables y verificables para la devolución, y trámites digitales y presenciales accesibles para todas las personas.
Asimismo, el consumidor tendrá derecho a realizar al menos un cambio sin costo respecto a la fecha, horario, localidad equivalente o nombre del asistente, siempre que dicho cambio se solicite dentro de los plazos establecidos por la Procuraduría.
De igual forma, las empresas comercializadoras de boletos deberán informar de manera previa, visible y verificable las condiciones aplicables a cancelaciones, devoluciones y cambios, incluyendo cualquier cargo autorizado por la Procuraduría. Queda prohibida la imposición de cargos adicionales no previstos o no autorizados por la autoridad competente.
También, la Procuraduría Federal del Consumidor será la autoridad competente para recibir denuncias relacionadas con la venta de boletos, verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este capítulo, ordenar medidas correctivas y precautorias e imponer sanciones administrativas en caso de incumplimiento
La diputada Sandoval Hernández considera que la comercialización de boletos para espectáculos públicos, conciertos y eventos deportivos o cultural es hoy un motor clave de desarrollo y genera dinámicas y beneficios impulsados por la digitalización; sin embargo, la ausencia de reglas claras sobre la responsabilidad de las sociedades lucrativas que gestionan la venta de boletos ha generado abusos, falta de transparencia y limitaciones en los derechos de los consumidores.
La falta de una normativa estricta ha permitido que plataformas impongan comisiones excesivas y cargos por servicio que en muchos casos no corresponden a un valor agregado real. El cargo por servicio de boletos es un costo adicional que se suma al precio del mismo y que, argumentan las boleteras, puede variar dependiendo de la plataforma y el evento; estos cobros han generado dudas y molestias.
Además, la venta de boletos para conciertos se ha convertido en un terreno marcado por precios dinámicos, reventa digital y prácticas monopólicas entre boleteras dominantes, plataformas de reventa y falta de regulación. El acceso a la cultura se vuelve cada vez más desigual, lo que ha desarrollado debate público impulsado por la necesidad de regular actividades comerciales que pueden representar una violación a los derechos de consumidores.
Resalta que una regulación de la venta de boletos es una medida necesaria para salvaguardar los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales abusivas en la industria del entretenimiento, ya que desde hace varios años usuarios de redes sociales y asistentes a conciertos han manifestado su malestar por los altos precios de las comisiones por servicio que dichas empresas cobran al momento de la compra de boletos.
Menciona que se requiere hacer efectiva la intervención gubernamental en los mercados, instrumentada a través de organismos reguladores para corregir asimetrías y prevenir abusos contra el consumidor, asegurando el acceso equitativo a bienes y servicios esenciales, y protegiendo los derechos económicos de los ciudadanos frente a prácticas comerciales desleales o coercitivas.