Ciudad de México, 13 de mayo de 2026

Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presidida por la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena), se reunieron con Óscar Zavala Gamboa, subdirector Jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La diputada Cervantes de la Cruz agradeció al representante de la Conagua su asistencia para que las y los integrantes de esta instancia conocieran el proyecto de los avances sobre la reglamentación de la Ley General de Aguas y reformas a ese sector.

Oscar Bautista Villegas, diputado del PVEM, consideró necesario emprender acciones para el reúso de agua. “Varias de las cuencas están siendo contaminadas por industrias que no hacen las tareas que tienen que realizar”.

Del PRI, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo solicitó que les fuera compartido el material expuesto y los documentos elaborados por el funcionario de la Conagua para que las y los diputados tengan mayor conocimiento del mismo.

En tanto, el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) mencionó que no se ha resuelto nada sobre las fincas que se hicieron en el Río Nazas, en la Comarca Lagunera. “Quisiera saber qué avances tenemos, las van a seguir construyendo, pediría no dejar ese tema y que la gente sepa que hay que respetar los límites del río, que no pueden meterse a hacer obras”.

Del PT, el diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez comentó que en Chihuahua limitan los tiempos para arreglar los trámites pendientes sobre temas de agua. “Tenemos algunas personas que han heredado sus títulos y siguen sin poder resolver, hasta han tenido que ir a buscar intermediarios, no le solucionan sus problemas a la gente. Espero que desde la Conagua nos apoyen con estos trámites”. 

Informe

En su intervención, Zavala Gamboa explicó que el proyecto sobre el nuevo reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, cuyo periodo de armonización legislativa concluye el 9 de junio de 2026, consta de 215 artículos, está integrado por doce títulos e incluye la instrumentación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales.

Refirió que el instrumento jurídico que se está trabajando incorpora los títulos como disposiciones preliminares, administración del agua, política y programación hídrica, derechos de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales; fondo de reserva de aguas nacionales, zonas reglamentadas, de veda o de reserva; usos del agua, prevención y control de la contaminación de las aguas, inversión en infraestructura hidráulica, bienes nacionales a cargo de la Comisión, vigilancia, infracciones y sanciones, así como mecanismos alternativos de solución de controversias.

Especificó que el Fondo de Reserva tiene un procedimiento ordinario el cual se establece para tres supuestos en particular: la reasignación de volúmenes para garantizar el derecho humano al agua, garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo nacional.

También, se establece un plazo para subsanar omisiones o deficiencias, pasa por la aprobación del comité y la reasignación únicamente será procedente en el mismo acuífero o cuenca en donde proviene el volumen a reasignarse.

En el tema de captación de agua de lluvia, dijo que el objetivo es promover la captación para uso personal y doméstico y ampliarlo. “Tenemos conocimiento de que hay escuelas que promueven esto y es necesario sean incluidas en estas excepciones”.

Respecto al uso del agua en el campo, resaltó que se fortalece el derecho de distribución interna del agua y sistemas de riego conforme a los reglamentos de dichas asociaciones. Asimismo, se regula la obligación y los plazos para presentar los reportes de riego y producción obtenida.

En lo que respecta a la planificación hídrica, detalló que se prevén mecanismos para la organización y continuidad de los trabajos para las acciones de corto, mediano y largo plazo, además de la obligación para la autoridad de documentar cada fase.

En cuanto a programación hídrica, se fijan criterios para su formulación e integración, se mantiene la obligación de la autoridad de establecer mecanismos que aseguren la participación de las personas usuarias y grupos sociales interesados, y la obligación de evaluar avances y modificaciones. 

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados