Ciudad de México, 14 de julio de 2026

El diputado de Morena asegura que se le concede blindaje político

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, calificó como desafortunado que la ministra María Estela Ríos otorgara una suspensión provisional al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, que impide separarlo del cargo o inhabilitarlo dentro del juicio político que le inició la Comisión Anticorrupción del Congreso local.

En conferencia de prensa, consideró que con esto se le concede al funcionario un blindaje político y temporal frente a las consecuencias más importantes de dicho proceso.

No obstante, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no ha estudiado el fondo, no ha determinado que el Congreso de Nuevo León actuó ilegalmente, no ha declarado inconstitucionales las acusaciones y, mucho menos, ha exonerado al gobernador.

“Sin embargo, desde este momento la ministra Ríos impidió que pueda ejecutarse una destitución o inhabilitación por parte del Congreso del estado”.

Ramírez Cuéllar detalló que la resolución de la ministra María Estela Ríos toma como antecedente una tesis del 2005, que establece que no se puede suspender un juicio político, pero sí sus efectos y consecuencias.

“Básicamente, beneficia al servidor público al permitirle seguir en funciones mientras se investigue el caso. La ministra Ríos argumenta que en su resolución se garantiza la gobernabilidad del estado de Nuevo León”.

A pesar del antecedente, consideró que es una postura falaz, ya que existen los medios institucionales para dar continuidad a la gobernabilidad de Nuevo León, incluidos en su propia Constitución. “Es decir, la ministra Ríos falta a la verdad, pues no se pone en riesgo la estabilidad de Nuevo León. Esta postura es profundamente antidemocrática y antiinstitucional”.

Aseguró que la estabilidad de un estado no depende de la permanencia personal de un gobernante, ya que “Nuevo León tiene instituciones, una Constitución, un Congreso, un Poder Judicial y mecanismos de sustitución. Decir que investigar o sancionar a Samuel García paralizaría al gobierno equivale a colocar al gobernador por encima de las instituciones y a confundir el interés público con su interés personal”.

Refirió que, de hecho, la propia ministra sostuvo que la suspensión busque evitar un daño de difícil reparación, porque el tiempo durante el cual el gobernador estuviera separado del cargo, no podría recuperarse.

“Pero esta argumentación observa solamente una mitad del problema, porque también existe un daño potencialmente irreparable para la sociedad cuando un servidor público es señalado por posibles irregularidades y faltas graves y logra permanecer en el cargo sin que pueda ejecutarse las responsabilidades determinadas por las instituciones competentes”.

Por otro lado, mencionó que la juez federal del estado de Nuevo León, Tania Virginia Neri, otorgó un amparo a Samuel García para evitar que el Congreso vote en definitiva el juicio político.

Esto, mientras se decide el fondo del asunto y que el gobernador afirma que el Legislativo local excedió sus facultades y violó el proceso legislativo, pues el expediente integrado por la Comisión Anticorrupción no acreditó todavía los elementos de prueba, por lo que el argumento de que la suspensión protege el debido proceso resulta insuficiente.

“El debido proceso se ha realizado y esto ya está previsto en la propia legislación. Samuel García tiene derecho a conocer las acusaciones, presentar pruebas, controvertir los señalamientos, comparecer mediante su defensa y acudir a los medios constitucionales disponibles.

“Lo que no debería tener es el derecho anticipado a neutralizar cualquier consecuencia antes de que las instituciones locales concluyan su trabajo”.

Lamentó que, en ambos casos, y siendo las suspensiones provisionales inatacables, el procedimiento de juicio político contra Samuel García podría quedar parado por meses y la impunidad sería la divisa con la que se trabaja en el país. “La sociedad neolonesa no merece tal castigo”.

“Resulta inaceptable que Samuel García pretenda colocarse nuevamente en el papel de víctima; quien está obligado a explicar el destino de los recursos públicos no comprobados puede responder solamente acusando persecución política, confrontando al Congreso, refugiándose detrás de una suspensión judicial total y absolutamente inaceptable, como la vertida por la ministra Ríos”.

Ramírez Cuéllar aseguró que gobernar también significa rendir cuentas, por lo que cuando existen señalamientos sobre posibles beneficios económicos para negocios vinculados a su entorno familiar, la obligación política no consiste en buscar cómo detener las consecuencias, sino aportar toda la información, abrir los contratos, transparentar las operaciones y permitir a las autoridades competentes que lleguen hasta el final.

Sostuvo que cuestionar la actuación de un gobernador no debe interpretarse como un ataque partidista, y afirmó que descalificar de manera anticipada a las instituciones encargadas de investigar presuntas irregularidades representa un intento por evitar el análisis de los hechos.

Asimismo, exigió que el Congreso de Nuevo León continúe sin dilaciones el procedimiento para votar la procedencia del juicio político y que se transparenten los contratos, transferencias y operaciones señaladas por la Comisión Anticorrupción.

Finalmente, pidió tanto a la SCJN como al juzgado federal, resolver el asunto con prontitud a fin de evitar que la suspensión se convierta en un mecanismo de impunidad.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados