Ciudad de México, 11 de agosto de 2026

Candelero

Por Abraham Mohamed Z.

Sí, es factible que el gobierno de Claudia Sheinbaum consiga que se aprueben los nuevos Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, pero en su redacción actual el costo político y jurídico pudiera ser considerable por lo que es muy probable que se modifiquen.

Hay que hacer una precisión importante: no se trata exactamente de que el Congreso tenga que aprobarlos. El antecedente de 2024 muestra que estos Lineamientos fueron aprobados por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en febrero de 2025.

Ahora, con la nueva arquitectura regulatoria, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) está conduciendo una nueva consulta pública, abierta hasta el 21 de agosto de 2026.

La razón principal es política: Sheinbaum ya tomó posición públicamente a favor del objetivo de los Lineamientos, argumentando que buscan garantizar los Derechos de las Audiencias a recibir información veraz y que no pretenden censurar a los Medios.

Pero el problema está en cómo se instrumenta ese objetivo.

La controversia no está tanto en reconocer los Derechos de las Audiencias -eso tiene fundamento constitucional y legal- sino en quién determina cuándo un Medio incumplió esos Derechos y qué consecuencias puede enfrentar.

Los Lineamientos anteriores ya establecían Derechos de Información, Expresión y Recepción de Contenidos, Códigos de Etica y Defensorías de Audiencias. Además, expresamente reconocían la Libertad Editorial y la Prohibición de Censura Previa.

El nuevo proyecto ha provocado preocupación porque algunos sectores interpretan que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría adquirir un margen excesivo para intervenir indirectamente en los contenidos periodísticos.

La polémica se concentra particularmente en la obligación de distinguir Información y Opinión y en las posibles sanciones.

Si el gobierno insiste en una redacción que permita interpretar que la CRT puede juzgar la veracidad, pluralidad o contexto de una pieza periodística, el debate dejará de ser sobre “Derechos de las Audiencias” y se convertirá en un debate sobre Libertad de Expresión y Censura Gubernamental.

Eso puede generar una coalición muy amplia en contra, por parte de Medios, Periodistas, Organizaciones Empresariales, Académicos, Oposición Política e incluso sectores que normalmente simpatizan con la regulación.

La propia Presidenta ya dio una señal importante al estar intentando separar el propósito de la Regulación, de la interpretación de Censura. Su Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, ha sostenido que las sanciones no estarían dirigidas al contenido periodístico, sino al incumplimiento de obligaciones formales como contar con Códigos de Etica o Defensorías.

Esto hace pensar que el gobierno sí quiere sacar adelante los Lineamientos, pero probablemente tendrá que hacer tres necesarios ajustes:

a.- Precisar que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no puede convertirse en árbitro de la “verdad” periodística.

b.- Blindar expresamente la Libertad Editorial y la Libertad de Expresión.

c.- Delimitar con enorme precisión las conductas sancionables, evitando que una infracción administrativa pueda confundirse con una sanción al contenido o a la línea editorial.

Hay además una cuestión política considerada fundamental: la Presidenta Sheinbaum no necesita ganar esta batalla exactamente con el texto original.

Puede modificarlo, introducir salvaguardas y después presentar el resultado como una regulación que fortalece los Derechos de las Audiencias; obliga a los Medios a tener mecanismos de Autorregulación; protege a niños y personas con discapacidad y exige Códigos de Etica y Defensorías, pero no permite al Estado decidir qué debe pensar o publicar un Medio.

Ese sería, políticamente, un resultado mucho más conveniente para la Presidenta.

ADENDUM:

Es bastante probable que los Lineamientos terminen aprobándose, pero poco probable que permanezcan intactos si la controversia pública continúa creciendo.

La Consulta que termina el próximo 21 de agosto y el resultado será crucial.

Y hay un aspecto todavía más interesante: creo que el verdadero problema para la Presidenta Sheinbaum no es lograr que se aprueben los Lineamientos, sino conseguir que sobrevivan a una eventual impugnación constitucional sin convertirse en un precedente de control gubernamental sobre los Medios.

Infiero que ahí está la principal vulnerabilidad jurídica y política del proyecto.

ADENDUM II:

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es el organismo regulador que sustituyó al Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) que fue el organismo constitucional autónomo encargado de regular las Telecomunicaciones y la Radiodifusión en México desde 2013 hasta su extinción derivada de la reforma de 2025.

mohacan@prodigy.net.mx