Ciudad de México, 10 de agosto de 2026

La diputada del PRI señala que el Congreso debe asumir sus obligaciones legislativas de evaluación de la aplicación de las normas y sus resultados

La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) presentó un informe sobre su asistencia al 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de la ONU, celebrado en Nueva York del 15 al 18 de marzo.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria señaló que el tema prioritario fue “garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y abordando las barreras estructurales”.

Subrayó que su participación en el CSW70 le permitió observar de primera mano la distancia que existe entre los compromisos que México suscribe en foros internacionales y las condiciones reales en que viven las mujeres que esos compromisos pretenden proteger.

“El tema prioritario de esta edición –acceso a la justicia para mujeres y niñas, eliminación de leyes discriminatorias y desmantelamiento de barreras estructurales– no es terreno desconocido para nuestro país, es, precisamente, donde la brecha entre el derecho escrito y el derecho vivido resulta más difícil de justificar”.

Apuntó que se dejó en claro que los sistemas legales no fallan por ausencia de normas, sino porque entre la norma y su aplicación existe una zona gris que ningún decreto ha logrado iluminar, como ministerios públicos sin capacitación, procesos que revictimizan, carpetazo o antes de que los casos se resuelvan por mencionar algunos.

De manera similar, dijo, el diálogo con representantes juveniles sobre el mismo tema completó ese diagnóstico con una dimensión que los documentos oficiales evitan, la violencia digital ocupa ya un espacio que la legislación tradicional observa con distancia y sin respuesta eficaz, mientras las afectadas recorren itinerarios de dolor dentro de instituciones que no fueron diseñadas para recibirlas.

Comentó que se planteó que los sistemas legales que ignoran el trabajo de cuidados son diseñados para perpetuar la desigualdad, además los códigos civiles, las leyes laborales y los sistemas de seguridad social contienen una sentencia silenciosa que penaliza a quienes cuidan.

Sobre los liderazgos comunitarios se dijo que, desafortunadamente y muy lamentable donde el Estado no llega, las organizaciones de base construyen sus propios mecanismos de justicia con menos recursos y más efectividad, lo que plantea la pregunta incómoda de si el Estado aprende de esas experiencias o simplemente las tolera porque le resuelven lo que él no atiende.

En ese sentido, aseveró que estos planteamientos no generan recomendaciones de política pública, sino obligaciones legislativas muy específicas: primera, la evaluación, no de producción normativa; es decir, México tiene legislación en materia de violencia de género, lo que no tiene es un mecanismo sistemático que mida si esa legislación se aplica, con qué resultados y a qué costo humano.

“El Congreso puede y debe establecer ese mecanismo, condicionar el gasto a indicadores verificables y fiscalizar con rigor en lugar de seguir aprobando normas que se acumulan sin tracción institucional”.

La segunda, destacó, es una reforma de fondo al reconocimiento legal del cuidado. Una cosa es suscribir la agenda del cuidado en Nueva York; cosa distinta es incorporarla en la Ley del Seguro Social, en la Ley Federal del Trabajo y en el Código Civil. Esa distancia no es un olvido: es una incoherencia normativa que se reproduce porque nadie en el Congreso la ha puesto en el centro de una reforma integral.

Comentó que la tercera es urgente, ya que las iniciativas sobre violencia digital llevan demasiado tiempo en peregrinajes por las comisiones sin dictaminarse, mientras las conductas que pretenden regular acoso, extorsión con imágenes, silenciamiento sistemático en plataformas, continúan ocurriendo en una zona gris procesal. Esos peregrinajes tienen víctimas reales que esperan.

Dijo que la cuarta, concierne a la salud mental, dado que la legislación reformada en años recientes no incorpora de manera operativa la perspectiva de género ni protocolos de atención a trauma para mujeres que han vivido violencia. Esa omisión es corregible desde el Congreso con una modificación específica y con mayores recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La diputada sostuvo que la misión también evidenció problemas de orden institucional en cómo la Cámara organiza su participación en foros de este tipo, ya que los legisladores llegan, en el mejor de los casos, con información general sobre el tema prioritario. Lo que no existe es un protocolo que incluya análisis de los compromisos previos incumplidos por México, identificación de delegaciones parlamentarias estratégicas con quienes establecer contacto, ni una posición articulada con la Misión Permanente, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin esa preparación, la presencia en el foro es representativa en lo formal pero improductiva en lo legislativo.

Por ello, resaltó, “la conclusión más incómoda que deja el CSW70 no es temática, es de actitud. Y no me refiero a la actitud de otras delegaciones ni a la del Gobierno mexicano en la sala de negociaciones, sino a la nuestra propia, la de quienes asistimos desde el Congreso.

“Llegadas a este punto, la pregunta no es qué se aprendió. La pregunta es qué se está dispuesta a hacer con ello, sabiendo que el regreso a San Lázaro implica enfrentarse a mayorías que aprueban presupuestos recortados, archivan iniciativas y aplauden compromisos internacionales que no tienen ninguna intención de cumplir”, finalizó.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados