28 de octubre de 2026

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) exigió que se garantice el derecho a la justicia de Nelly Concepción Soto Mijangos, exalumna de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien denunció al exrector Ángel Garduño García, por el presunto delito de violación equiparada.

Asimismo, pidió que no se le revictimice ni se permita que el exfuncionario continúe dentro de la institución.

En conferencia de prensa acompañada por la exalumna Soto Mijangos, la diputada pidió al presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF), Hugo Aguilar Ortiz, atraer las investigaciones y solicitó la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de las titulares de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo y de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Cruz Jiménez recordó que a principios de año el exrector Garduño García obtuvo una polémica sentencia absolutoria, al considerar que se sustentó “bajo un viejo truco” de la insuficiencia probatoria.

“Una resolución que aún está bajo la lupa y en proceso de amparo directo por fragmentar las pruebas e ignorar la perspectiva de género”, señaló.

Subrayó que la absolución legal no equivale a la absolución moral, ni debe ni debe interpretarse como “una carta en blanco para pisotear el estatuto universitario y la ley de la Universidad Autónoma de Chapingo, mediante maniobras para forzar una reelección consecutiva”.

Consideró que al sistema de justicia le hace falta incorporar la perspectiva intercultural y cuestionó los obstáculos que enfrentan las mujeres para que sus denuncias puedan ser atendidas.

“Si la mujer no llega desangrando, desgarrada y a punto de fallecer, no hay delito que perseguir. Tenemos que llegar bajo esas condiciones para que el sistema de justicia nos voltee a ver y posiblemente se alcance el tan anhelado juicio a nuestro favor”.

Indicó que estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo han protestado porque Garduño García “ha tenido la audacia y el cinismo de solicitar una licencia temporal para registrarse y competir por la reelección para el periodo 2027-2031; es inadmisible que este personaje con este historial pretenda perpetuarse en el poder”.

Recordó que el exrector fue denunciado penalmente por violación equiparada en agravio de Nelly Concepción Soto Mijangos, exalumna de origen indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Afirmó que, tras asumir la rectoría, presuntamente utilizó todo el aparato económico, político e institucional para blindarse y construir una defensa jurídica de lujo y evadir órdenes de aprehensión.

Cruz Jiménez explicó que la denuncia de Soto Mijangos detalla “un panorama de terror institucional”, ya que “cuando el violentador tiene poder te aplasta, porque el sistema judicial está hecho para ellos no para las víctimas”.

Mencionó presuntas represalias contra quienes han respaldado a la exalumna, entre ellas el despido de profesores solidarios y el bloqueo administrativo de compañeros que alzaron la voz en su defensa.

A estos señalamientos agregó la situación financiera de la universidad, que arrastra un déficit acumulado de más de 500 millones de pesos y carece de condiciones dignas en comedores y atención médica, y acusó a la rectoría de gastar millones de pesos en despachos jurídicos para la defensa del presunto violentador.

“Por eso, es indispensable que le demos el acceso a la justicia a Nelly en igualdad de condiciones”, sostuvo.

En su oportunidad, Nelly Concepción Soto Mijangos, la exalumna de la universidad y víctima, lamentó que una institución en la que las alumnas deberían estar seguras y tener una formación académica y científica se haya convertido en un aparato en el que se institucionaliza la violencia contra la mujer.

“En la que si tú denuncias a alguien con un cargo en el poder, esta persona utilice todo ese poder para salir bien librado y aunado a la violencia cometida en un principio, se te violente nuevamente a través de todo el aparato institucional, se utilice la imagen de la universidad y autonomía para esconderse y violentar mujeres”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados