Ciudad de México, 24 de marzo de 2026

También, armoniza la Ley de Vivienda con la reforma constitucional de 2024

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, cuya finalidad es sustituir el concepto de vivienda digna y decorosa por el de vivienda adecuada.

El documento, producto del análisis de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y enviado al Senado para sus efectos constitucionales, precisa que se considerará vivienda adecuada aquella que cuente con los elementos de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

Se avaló en lo general, con 356 a favor, 99 en contra y cero abstenciones, y en lo particular y en términos del dictamen, con 354 en pro, 95 en contra y cero abstenciones. Para la discusión en lo particular se reservaron los artículos 1, 2, 4, 6, 16, 19, 48 y 56, impulsados por diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI y MC.

Indica que la Política Nacional de Vivienda deberá incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda.

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras, dichos organismos e instituciones, para la consecución de su objeto previsto en las disposiciones legales aplicables, previa autorización de sus respectivos órganos de gobierno y acorde con los programas en materia de viviendo, podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda.

Asimismo, adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas, generando las condiciones adecuadas que permitan a las personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.

También, podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios.

Las acciones previstas se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras. En ningún caso dichas acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos, ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables.

En el régimen transitorio se expone que las erogaciones, que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a los seculares de gasto que intervienen en su aplicación, por lo que no se autorizarán ampliaciones de recursos a dichos ejecutores de gasto en el presente ejercicio fiscal, en años subsecuentes y tampoco podrán incrementar su presupuesto regularizable en servicios personales ni de gasto de operación.

Armoniza la legislación secundaria

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Vivienda, diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), mencionó que el documento deriva de una iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo e iniciativas presentadas por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, en materia de vivienda adecuada.

Indicó que el concepto de vivienda adecuada está establecido en el ámbito internacional y responde a siete elementos objetivos que permiten materializar ese derecho y medir su cumplimiento: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural.

Se busca armonizar la legislación secundaria, lo que permitirá materializar los objetivos de la reforma constitucional de 2024 y convertir el derecho a la vivienda adecuada en una realidad para millones de personas, y se ajusta con la reforma a la fracción décima segunda del apartado A del artículo 123 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024.

 En esa ocasión se estableció un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras que permita el acceso a crédito barato y suficiente para la construcción, adquisición, o mejora de vivienda, la adquisición de suelo, e introdujo la figura del arrendamiento social.

Hizo mención que a partir de estas reformas constitucionales y de las posteriores modificaciones a la legislación secundaria, se prevén nuevos mecanismos y acciones para satisfacer el derecho a la vivienda adecuada. Por ejemplo, el sistema de vivienda con orientación social permitirá obtener crédito barato y suficiente, no solamente para la adquisición de vivienda, sino para construcción, mejora de vivienda, la adquisición de suelo y la autoproducción.

Otro ejemplo –relató– es la figura del arrendamiento social, al término del cual la persona trabajadora derechohabiente tiene la posibilidad de adquirir la vivienda en propiedad. Por ello, la iniciativa del Ejecutivo Federal plantea armonizar la Ley de Vivienda en este nuevo paradigma constitucional y convencional, lo que constituirá la base para lograr las metas que la propia presidenta ha planteado con su programa de vivienda, que consiste en un millón 800 mil viviendas construidas con las características de la vivienda adecuada.

Martínez Ruiz reconoció las iniciativas de diputadas y diputados de Morena, MC, PVEM, PT, PRI y PAN que se relacionan con el tema. Pidió “que este dictamen sea votado a favor, siempre por el bien del pueblo de México”.

La propuesta representa un paradigma en la política de vivienda

Para el diputado Gilberto Herrera Solórzano (Morena) la propuesta de la titular del Ejecutivo representa un paradigma y un antes y después en la política de vivienda. Agregó que la iniciativa establece que en todo momento el patrimonio de las y los trabajadores estará salvaguardado y el Infonavit se encargará de construir casas más baratas y accesibles para dicho sector de la población.

Celebró que en el gobierno actual se han otorgado al menos 168 mil escrituras y siguen avanzando, ya que el objetivo es llegar a un millón. “Esta reforma va por los jóvenes, para que nunca más se construyan viviendas en zonas de riesgo y para que todos en nuestro país puedan alcanzar una vivienda que deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho”.

Viviendas que construirá el Infonavit no serán gestionadas con recursos públicos

Del PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas señaló que la reforma busca crear una empresa constructora e inmobiliaria del Infonavit, la cual no permitirá a las y los trabajadores elegir la ubicación de su vivienda.  Dijo que están de acuerdo con “una parte del dictamen” pero no pueden avalar que el Infonavit se convierta en una constructora, en base al ahorro de las personas trabajadoras.

Asimismo, advirtió que las viviendas que construirá el Infonavit no serán gestionadas con recursos públicos del Gobierno Federal sino con los fondos y ahorros de las subcuentas de los y las trabajadoras. “Quieren, con esta reforma, crear una empresa constructora del Infonavit; es decir, quieren regresar a los años 70 cuando el Infonavit construía mal, deficiente, caro y al final fue un desastre”.

Esta iniciativa fortalece la política nacional de vivienda

El diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) explicó que esta reforma sustituye el concepto de vivienda digna y decorosa por el de vivienda adecuada. “Esto no es un cambio menor sino definir las condiciones que se deben cumplir para responder a las necesidades de las y los mexicanos como lo es la accesibilidad, servicios, ubicación y calidad de vida”.

Asimismo, dijo, esta iniciativa fortalece la política nacional de vivienda, integra de manera más clara a los organismos e instituciones públicas que participan en la materia para que actúen de una misma lógica y dejen de operar de manera aislada. De igual forma, reconoce que el acceso no se da por una sola vía sino incorpora distintas modalidades dentro de la acción pública.

Las viviendas serán asequibles y con servicios necesarios

Del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil comentó que este gobierno ha anunciado la creación de 1 millón 800 viviendas, las cuales se presentarán con las características de asequibilidad; es decir, que estén al alcance del bolsillo de la gente, habitabilidad, certeza jurídica, servicios públicos y adecuación cultural que hoy son objetivos medibles y alcanzables y exigibles.

Señaló que una de las cosas más importante que tiene la iniciativa es que institutos como el Infonavit, Fovissste y organismos como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que están considerados, podrán rentar casa habitaciones. “Hoy no hay otra manera en la que nuestros jóvenes puedan acceder a la vivienda si no es que el Infonavit pueda rentarla con opción a compra”.

Esta reforma no garantiza una vivienda más accesible

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (PRI) resaltó que la reforma no garantiza vivienda más accesible, no asegura mejores condiciones para los trabajadores o mecanismos que den certeza jurídica, financiera y social. Agregó que el problema de la vivienda en México es real y la necesidad es urgente pero las soluciones no pueden construirse sobre la opacidad o debilitamiento de las instituciones.

Manifestó que es preocupante que se amplíe la participación de intermediarios privados y permita su intervención en todo el proceso de la vivienda. “Votaremos en contra porque creemos en una política de vivienda con reglas claras, transparencia, equilibrio institucional y, sobre todo, con respeto absoluto al patrimonio de las y los trabajadores”, añadió.

Acceso a la vivienda es un derecho humano

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) opinó que el acceso a la vivienda es un derecho humano y no una mercancía ni un privilegio, y en los últimos años distintos fenómenos sociales y económicos han ocasionado que a la población le sea cada vez más difícil acceder a una vivienda adecuada, entre ellas la presión inmobiliaria, financiación, incremento y especulación de los costos de la renta y de adquisición, gentrificación, falta de accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de servicios.

Por ello, se respalda el dictamen, ya que armonizará la aplicación de la Ley de Vivienda con el espíritu de las reformas constitucionales e incorporará al Infonavit y al Fovissste como actores claves dentro de la política nacional de vivienda; coadyuvará a que se fomente la colaboración con desarrolladores, organismos de créditos y otras instituciones, posibilitará que Infonavit y Fovissste puedan adquirir, rehabilitar y construir viviendas, así como financiar la autoproducción, adquirir o urbanizar terrenos y enajenar o arrendar viviendas con recursos de sus fondos.

Posturas a favor y en contra

La diputada Julia Licet Jiménez Angulo (PAN) afirmó que hoy se da un paso trascendente para hacer realidad el derecho a una vivienda adecuada, lo que significa pasar de una aspiración a una obligación concreta del Estado: tener parámetros claros, medibles y verificados para que ninguna familia viva en condiciones de precariedad, inseguridad o abandono. No obstante, es preocupante que el Infonavit y el Fovissste se conviertan en desarrolladores inmobiliarios.

En opinión del diputado J. Jesús Jiménez (Morena) el dictamen consolida el derecho de las personas a una vivienda adecuada, representa la transformación en la manera como el Estado mexicano entiende garantizar y materializar ese derecho, armoniza el marco jurídico con la reforma constitucional sobre el concepto de vivienda adecuada e incorpora estándares internacionales que serán posible medir y exigir, y se le devuelve el carácter social y humano.  

Del PRI, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que mencionó que las modificaciones en apariencia buscan garantizar el derecho de una vivienda adecuada, pero “detrás de este lenguaje perverso lo que realmente esconde es un modelo profundamente regresivo, opaco y perjudicial para millones de trabajadores. Lejos de fortalecer el patrimonio de las y los trabajadores abre la puerta para disponer de sus ahorros de una forma alarmante”.

La diputada Patricia Mercado Castro (MC) subrayó que la política de vivienda que será fortalecida y financiada por el fondo en la materia deberá ser adecuada, tal como está establecido en el lenguaje internacional, la cual es accesible, respeta la diversidad cultural, disponibilidad en términos de servicios, seguridad en la tenencia y ubicación, y se manifestó por realizar una campaña para que las y los trabajadores se enteren de sus ahorros e inversiones.

En tanto, la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (PAN) refirió que esta reforma permite construir, comprar, vender, urbanizar, arrendar y todo prácticamente sin reglas claras. “México debe actuar haciéndose responsable de la vivienda social pero no a costa del dinero de los trabajadores y no abriendo la puerta a la discrecionalidad”.

De Morena, la diputada Sandra Patricia Palacios Medina afirmó que la vivienda se convierte en un punto de partida para construir sociedades más justas y equitativas que reducen desigualdades e impulsan el crecimiento sostenible económico. Asimismo, que todos y todas las mexicanas tienen derecho a una vivienda adecuada.

Lorena Piñón Rivera, diputada del PRI, dijo que una redacción alternativa al artículo 56 es establecer que las acciones de los organismos se realizarán únicamente con recursos excedentes operativos sin tocar jamás las subcuentas individuales de las personas trabajadoras. “El Estado tiene una deuda con la vivienda y la única forma de saldarla es con honestidad, construyendo más y mejor”.

Del PVEM, el diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas indicó que esta reforma incorpora elementos como seguridad jurídica, disponibilidad de servicios básicos, asequibilidad económica, condiciones adecuadas de habitabilidad, accesibilidad para las personas en situaciones vulnerables, ubicación que permita el acceso efectivo al empleo y educación.

A su vez, la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (PRI) dijo que el derecho a la vivienda no puede ser garantizado a costa del patrimonio de los propios trabajadores y trabajadoras, ya que el Estado tiene la obligación de diseñar políticas públicas eficaces, pero también el deber de respetar la naturaleza de los fondos que administra.

Del PT, el diputado José Luis Sánchez González anunció que aprobarán el dictamen porque representa no solo un cambio conceptual o terminológico sino una nueva concepción y visión en torno al derecho humano a la vivienda. Agregó que se encuentra en marcha un programa que garantizará a más de un millón 800 mil familias mexicanas una vivienda.

Blanca Leticia Gutiérrez Garza, diputada del PAN, advirtió que la reforma distorsiona la naturaleza de los organismos de vivienda y pone en riesgo el ahorro y patrimonio de las y los trabajadores, porque permitirá que los fondos de vivienda, incluidas las subcuentas, se utilicen en esquemas ampliados de política habitacional que no son dirigidas por expertos.

La diputada de Morena, Leide Avilés Domínguez, destacó que el dictamen representa un paso firme para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada en todo el país, al fortalecer el mandato constitucional en esa materia y poner en el centro el bienestar de los y las mexicanas.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados