Ciudad de México, 25 de marzo de 2026

En la sesión vespertina de la Cámara de Diputados, la diputada Haidyd Arreola López y el diputado Manuel Vázquez Arellano, de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, sobre el límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

La diputada Haidyd Arreola López (Morena) recordó que la iniciativa fue presentada por la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, y está sustentada en corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones, ya que en el país hay un contraste de “pensiones doradas” con pensiones de pesos.

El análisis técnico de la Comisión –dijo– parte de un diagnóstico claro: el sistema de pensiones en México representa profundas desigualdades tanto en el acceso como en los montos percibidos, pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2024 las transferencias por jubilaciones en promedio rondan en 4 mil 600 pesos al mes.

Indicó que, desde una perspectiva constitucional, esta situación contraviene los principios establecidos en los numerales 127 y 134 de la Constitución relativos a la proporcionalidad del gasto público y a la racionalidad de los mismos y el uso eficiente, honrado y equitativo de los recursos del Estado.

Por ello –añadió– el dictamen propone una solución clara y jurídicamente consistente y no contraviene el principio de irretroactividad, conforme la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Establecer un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos fijados en el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal no es una medida aislada, sino que se encuentra alineada en el principio ya previsto en el artículo 127 de la Constitución Política, la cual dispone que “ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración superior a la del Ejecutivo Federal”.

Resaltó que desde el punto de vista técnico financiero la reforma también responde a un problema de sostenibilidad: el gasto en pensiones representa una proporción creciente al presupuesto público alcanzando niveles cercanos al 20 por ciento del gasto total, lo que limita la capacidad del Estado para atender otras prioridades sociales como salud, educación e infraestructura.

De ahí que la reforma busca ordenar el sistema pensionario, corregir asimetrías y garantizar la viabilidad en lo largo del plazo bajo criterios de austeridad, proporcionalidad, y responsabilidad hacendaria. El dictamen respeta derechos fundamentales y mantiene excepciones plenamente justificadas. No se afectan las pensiones derivadas de cuentas individuales, aportaciones sindicales, ni las personas no contributivas dirigidas a personas adultas con discapacidad, así como no se afecta el régimen de las Fuerzas Armadas.

Aclaró que el objetivo de la reforma no es restringir derechos sino reorientar el uso de los recursos públicos hacia un esquema más equitativo y solidario.  “Legislar en esta materia es corregir una desigualdad histórica y recuperar el sentido social del Estado mexicano; es garantizar que las pensiones cumplan su verdadera función: ser un instrumento de protección social, basado en la solidaridad, la equidad y el interés general”.

A su vez, el diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) hizo notar que el dictamen no va contra el universo completo de trabajadores y trabajadoras pensionadas del país sino contra las “pensiones doradas”, contra una cúpula, una burbuja de trabajadores y trabajadoras que, aunque estaban en las reglas, aunque estaban en las leyes, no por ser legal fue moral lo que hicieron.

Aseguró que “muchas de esas pensiones que lograron obtener fue por acuerdos, por amigos, por amigas, por compadrazgos, por amistades políticas, por favores políticos. Esto no puede continuar de esa manera”.

Llamó a revisar y reordenar el régimen de pensiones, ya que a nivel nacional y estadístico de la población vamos poco a poco envejeciendo y cada vez vamos a tener un universo mayor de personas mayores que van a estar en esta situación y van a necesitar que el régimen de pensiones alcance para todas y todos.

El país, dijo, gasta más de 2.3 billones de pesos; es decir el 23 por ciento del presupuesto público anual se va en pensiones a las personas jubiladas. “Eso se va a continuar haciendo, repetimos. El problema no es que se gaste tanto en extrabajadores y extrabajadoras. El problema es que se concentra en unas cuantas personas”. 

Ejemplificó que Luz y Fuerza del Centro cuenta con un padrón de más de 14 mil extrabajadores, cuyo costo anual asciende aproximadamente a 28 mil millones de pesos, destacando que una proporción relevante cercana al 67 por ciento percibe pensiones que van desde los cien mil hasta casi un millón de pesos mensuales. “Tenemos que reordenar y revisar este asunto con nuestros extrabajadores porque en comparación con el resto seguramente muchos estarán en desacuerdo”.

Desechan moción suspensiva

En votación económica, el Pleno desechó moción suspensiva de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) quien solicitó detener la discusión y votación del dictamen por ser incompatible a diversas disposiciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados