Ciudad de México, 26 de enero de 2026

El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo del PVEM, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, indica que con ese propósito busca reformar diversas leyes en la materia

El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM), integrante de la Comisión de Defensa Nacional, informó que impulsa una iniciativa para que las bases de datos poblacionales sean consideradas infraestructura crítica del Estado y un componente de seguridad nacional.

En rueda de prensa, acompañado del diputado Óscar Bautista Villegas (PVEM), recordó que su propuesta la presentó el pasado 21 de enero, y mencionó que, con ese propósito plantea reformar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el Código Penal Federal. 

Delgado Carrillo explicó que en el documento se establece que cualquier servidor público que extraiga de manera ilegal, “hackee” o vulnere los sistemas de ciberseguridad tengan penas severas, a fin de inhibir este tipo de acciones y conductas, para que la ciudadanía tenga la certeza de que sus datos personales están blindados a través de esquemas de ciberseguridad y respaldo legal.

Asimismo, dijo que a través de su propuesta se otorgan nuevas atribuciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para coordinar la protección, estandarización e interoperabilidad segura de estas bases de datos, y se establece la obligación de designar Enlaces de Seguridad de la Información en las instituciones responsables.

El diputado consideró que, si una base de datos poblacionales es vulnerada, se infringen los datos que están en responsabilidad del Estado, por lo que también propuso elementos punitivos para sanciones a todos aquellos funcionarios, compañías o personas físicas que lucren con este tipo de bases de infraestructura crítica.

En ese sentido, indicó que la iniciativa crea un nuevo capítulo de delitos específicos por acceso ilícito, comercialización indebida, manejo ilegal, omisión o negligencia grave en el resguardo de bases de datos, con penas de hasta 15 años de prisión, además de sanciones agravadas cuando participen servidores públicos de áreas de seguridad o cuando los datos se utilicen con fines de lucro o afecten la seguridad nacional.

Señaló que registros como el Registro Nacional de Población (Renapo), el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), así como las bases de datos del IMSS, ISSSTE e Infonavit concentran información sensible de millones de personas y son indispensables para la continuidad de servicios públicos esenciales, la gobernabilidad democrática y la confianza ciudadana.

Por lo que sostuvo que México requiere un marco jurídico robusto que permita anticipar riesgos, fortalecer la ciberseguridad institucional y proteger los derechos fundamentales de la población.

Por su parte, el diputado Óscar Bautista Villegas (PVEM) expresó su respaldo a la iniciativa, y enfatizó la necesidad de considerar a las bases de datos poblacionales como infraestructura crítica del Estado al mismo nivel que las carretera, hospitales, redes eléctricas y sistema de agua, para salvaguardar dicha información.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados