Ciudad de México, 25 de marzo de 2026

Las comisiones unidas de Infraestructura y de Hacienda y Crédito Público aprobaron el dictamen que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de impulsar mecanismos para la inversión mixta.

Dicha ley tiene por objeto regular los mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, que contribuyan al bienestar, a través de la participación del sector público, privado y social, y fortalezcan la soberanía nacional.

Los mecanismos se regirán por los principios de rectoría del Estado en beneficio de la nación, velarán en todo momento por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero mexicano, precisa el documento.

Ello, como condición necesaria para generar el crecimiento económico nacional y la creación de empleos, y se instrumentarán exclusivamente dentro del marco jurídico aplicable en materia presupuestaria, financiera, contable y de deuda pública.

El dictamen menciona que la nueva norma legal consta de 141 artículos, y su aplicación deberá realizarse de manera consistente con los principios de austeridad, disciplina financiera, sostenibilidad fiscal y responsabilidad hacendaria.

Se emitieron 25 votos a favor, tres en contra y una abstención por parte de la Comisión de Hacienda y 24 a favor, cuatro en contra y cero abstenciones de la Comisión de Infraestructura, para un total de 49 votos a favor, siete en contra y una abstención.

El presidente de Comisión de Infraestructura, Roberto Armando Albores Gleason (PT), informó que previo acuerdo entre amabas comisiones y con el propósito de agilizar el desahogo de los trabajos, las reservas y propuestas de modificación al dictamen no serán discutidas en esta sesión.

“Con fundamento en los artículos 109 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda reserva deberá presentarse y desahogarse directamente ante el Pleno de esta soberanía en el momento procesal oportuno durante su discusión en lo particular”, refiere el acuerdo.

Asimismo, pidió remitir el dictamen a la Mesa Directiva para los efectos legales y reglamentos correspondientes.

El diputado Albores Gleason mencionó que la infraestructura es el esqueleto de una nación sólida capaz de generar empleos, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida; por ello, un plan sin precedentes en la materia requiere de un esquema de inversión donde participen todos los sectores.

Agregó que la meta es que la inversión pública sea del 54 por ciento y 46 por ciento del sector privado, 397 mil millones de pesos; es solo el primer paquete. Este plan, indicó, abarca los rubros de energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua y potencializa el esfuerzo por cerrar la brecha de inversión en favor del crecimiento económico del país.

Por su parte, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda, recordó que el 18 de marzo se recibió de la titular del Poder Ejecutivo la iniciativa y este dictamen busca un objetivo fundamental: generar mecanismos para la inversión pública y un nuevo mecanismo para la inversión mixta.

 Es decir, inversión pública combinada con inversión privada e inversión social que permita generar infraestructura en el país. Se buscará fomentar los sectores prioritarios como el energético, carretero, portuario, ferroviario e hídrico, así como dar certeza jurídica a este tipo de inversión e infraestructura, agregó.

La presente ley, dijo, no crea nuevos límites fiscales ni modifica los existentes, ni altera la metodología de determinación del balance público, de la deuda pública o de los requerimientos financieros del sector público, sino que opera dentro del sistema de responsabilidad hacendaria vigente, preservando en todo momento las facultades del Congreso para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como establecer los límites de endeudamiento y de gasto público correspondiente.

Diputadas y diputados

En tanto, la diputada Patricia Flores Elizondo (MC) señaló que esta iniciativa “es en realidad una corrección de rumbo” y se reconoce que el modelo actual de inversión en infraestructura ha sido “opaco, ineficiente y fiscalmente riesgoso”. El problema es que se construye un modelo sofisticado en lo financiero, pero débil en lo institucional. Se crean vehículos de inversión, esquemas de coordinación, contratos complejos, pero no se crea una instancia técnica autónoma que tome decisiones; por ello, dijo, votará en abstención. 

La diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez (PRI) indicó que con la expedición de la ley se crea un nuevo marco normativo para la participación del sector privado en las inversiones públicas, pero se busca esconder la incompetencia y generar un daño a las finanzas públicas. Pretende eliminar el gasto corriente estructural a programas sociales, servicios personales, y a los gastos en educación, salud y seguridad pública. “No vamos a acompañar este dictamen porque lo que necesita el país es inversión y reglas claras”.

También del PRI, el diputado Yericó Abramo Masso reconoció que esta ley tiene la intención de buscar el crecimiento del país y celebró que se regresen los esquemas de fideicomisos porque “no hay otra forma de transparentar ni de operar recursos en conjunto”. Precisó que lo único que no le permite a su grupo parlamentario acompañar este dictamen es que hay algunas cosas en materia de aplicación presupuestal que debieron haber quedado blindadas en otra ley. “Está muy genérico”.

Wblester Santiago Pineda, diputado del PT, externó su apoyo a la iniciativa porque “es evidente que se necesita una nueva ley”, un ordenamiento jurídico específico para fomentar, regular y orientar la infraestructura estratégica que necesita México. Esta nueva norma legal tiene un enfoque más integral que complementa y proporciona un sólido marco normativo a otras legislaciones existentes, y cumplirá la función de regular los mecanismos de inversión que fomenten el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuya al desarrollo nacional.  

A su vez, José Antonio López Ruíz, diputado del PT, consideró que esta reforma permitirá impulsar la inversión estratégica y asegurar el crecimiento; por ello, pidió ser responsables, porque hoy en día el país necesita eso.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) expresó que estas adecuaciones normativas son fundamentales para el desarrollo del país. “México no ha crecido en los últimos 40 años, me parece que vamos tarde, pero lo bueno es que ahora se atenderá el estancamiento en la inversión pública, a través de la inversión mixta.

También del PVEM, el diputado Mario Alberto López Hernández subrayó que esta propuesta se enmarca en el esquema novedoso para aprovechar la diversidad de las inversiones en la realización de proyectos para el desarrollo con bienestar, ello sin cargar todo el peso al Estado.

La diputada del PAN, Silvia Patricia Jiménez Delgado dijo que esta propuesta busca arreglar la caída de la inversión púbica, la falta de recursos fiscales, pasivos ocultos y proyectos fallidos, al impulsar la creación de esquemas de inversión de largo plazo, permitir participación de inversión privada bajo el control estatal. Agregó que, si bien este dictamen prevé la realización de obras, también impacta en deudas a largo plazo y por eso su voto será en contra”.

Para la diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) las adecuaciones son una forma de endeudamiento, ya que se abre una puerta a esquemas donde el sector público asume una parte sustantiva del riesgo, mientras que los beneficios pueden concentrarse en los participantes privados. Además, la inclusión de la inversión social requiere una revisión más seria para asegurar que no tendrán riesgos financieros.

El diputado Raymundo Vázquez Conchas (Morena) aseguró que la iniciativa impulsa la inversión de manera transparente. La nueva ley permitirá que haya una inversión mixta, donde se incluye a la inversión social y no solamente a la iniciativa privada, sino también el Estado. Además, existirá mayor transparencia, desde la presentación de las propuestas de los ejercicios que se realizan en las obras magnas, así como confianza y certeza jurídica legal para todos los inversionistas.

A su vez, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez (Morena) apuntó que esta ley propone un marco jurídico moderno para ordenar, impulsar y dar certidumbre a las inversiones destinadas al desarrollo de infraestructura con bienestar. Propone la creación de vehículos de coordinación de inversión, mecanismos mediante los cuales podrán participar de manera coordinada los sectores público, privado y social, regulando los contratos de inversión estratégica e instaura un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión de Infraestructura como órgano consultivo permanente. 

Fortalece la capacidad del Estado mexicano en inversión

María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, expuso que la reforma busca fortalecer la capacidad del Estado mexicano para planear y ejecutar la inversión pública de largo plazo sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

Apuntó que México actualmente enfrenta una coyuntura económica que presenta grandes oportunidades, pero también exigencias, lo que demanda una administración ágil y eficiente, que tenga como objetivo consolidar la base de una prosperidad compartida que no deje a nadie atrás.

Indicó que el proceso de relocalización de cadenas productivas, el fortalecimiento interno y la energía energética, la modernización de la infraestructura hidráulica requiere de inversión que no puede alcanzarse únicamente con los elementos de gasto público; por ello, se le debe dotar de las herramientas necesarias para que en conjunto con los sectores privado y social generen condiciones de estabilidad en las finanzas públicas e impulsen un crecimiento económico sostenido.

Aclaró que la ley no autoriza gasto por sí misma, no crea deuda automática y no modifica las metas del balance presupuestario; además, no sustituye a la Ley de Ingresos de la Federación ni el Presupuesto de Egresos de la Federación y no altera las facultades del Congreso en materia de autorización de gasto.

Desarrolla la infraestructura estratégica a largo plazo

En su intervención, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que la propuesta parte de un principio: el desarrollo de infraestructura estratégica con una visión de largo plazo, dentro de un marco de legalidad, responsabilidad hacendaria y control democrático del gasto.

Informó que la reforma establece que todos los proyectos que se desarrollen al amparo de la ley deberán sujetarse en todo momento a la disponibilidad presupuestaria, al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos de la Federación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas.

Subrayó que el propósito es armonizar su contenido con el marco constitucional vigente, sin modificar los principios fundamentales de disciplina fiscal. La modificación del concepto de gasto corriente estructural no altera la forma en la que se determina el déficit público y la deuda pública, sino reconoce que existen erogaciones de carácter permanente derivadas de obligaciones constitucionales y legales del Estado.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados