Ciudad de México, 20 de marzo de 2026

Contraloras y contralores analizan retos y requerimientos para una mejor actuación

En el marco de las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral (INE) en colaboración con la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México (ANCCIEM), llevaron a cabo el Panel Integridad Institucional Frente a la Violencia Política Digital contra las Mujeres.

En el evento virtual, contraloras y contralores de institutos electorales subrayaron que la violencia digital representa un desafío estructural que exige respuestas institucionales integrales, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y fortalecimiento normativo.

En este sentido, la Contralora General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), María Guadalupe Olivo Torres, precisó que, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias define a la violencia digital como una acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se expone, distribuye, difunde, exhibe, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de la vida privada o en su imagen propia.

Además de aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o a la dignidad de las mujeres, que se cometan por medios de las tecnologías de la información y la comunicación.

Ante el hecho de que el 22 % de las mujeres que usan internet son víctimas de violencia, consideró necesario que autoridades y contralorías garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres mediante investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa efectivos y sanciones en las que se motive y resalte la gravedad de la misma.

Al respecto, la Titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Gabriela Tello Maglioni, coincidió en la importancia de la prevención, en fortalecer la cultura de la denuncia y la vinculación interinstitucional para frenar la violencia digital.

Reconoció que, aunque algunos Órganos Internos de Control carecen de la infraestructura cibernética necesaria, el propósito es “vincularnos con otras instituciones más desarrolladas en este tema” como fiscalías y organismos de protección de derechos, para atender campañas de odio y agresiones digitales.

Para Nora Lizbeth Muñoz Chávez, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, la capacitación del personal de los organismos electorales y fortalecer los mecanismos de denuncia son primordiales para que la virtualidad no sea un espacio de impunidad.

“Con ello se va a generar confianza y certeza, no sólo en la víctima, sino en el resto del personal, de la atención que se va a dar a cada situación o a cada conducta que pueda ser constitutiva de faltas, de responsabilidades administrativas, o de un delito”, dijo, al destacar la importancia de la atención inmediata mediante medidas de protección, seguridad, transparencia y cero tolerancias.

En su intervención, Abraham Ali Cruz Melchor, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estableció como un desafío principal el contar con definiciones precisas que contengan elementos de detección y puso como ejemplo el que la violencia digital dentro de las instituciones electorales no forzosamente constituye violencia política.

También, agregó, el tener protocolos de actuación bien definidos, ya que no es lo mismo una falta administrativa que una violencia digital, en la que incluso puede configurarse un delito.

Con lo anterior coincidió el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Guerrero, Víctor de la Paz Adame, quien señaló que el primer desafío de las instituciones electorales es cumplir con la integridad y ésta no es a voluntad, sino una obligación sustentada en la Constitución y en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Marcó la necesidad de fortalecer los códigos de ética, los comités institucionales y los procedimientos de investigación, así como de impulsar reformas legales que tipifiquen estas conductas y con ello, hacer efectivas las herramientas para prevenir y atender la violencia política digital contra las mujeres.

Texto y Fotografía: Instituto Nacional Electoral