Ciudad de México, 18 de marzo de 2026

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó en el Senado de la República “Mujeres de la Montaña, Renacer entre los Filos del Olvido”, informe que expone la situación de violencia, pobreza y discriminación que padecen las indígenas que habitan en las zonas altas del estado de Guerrero.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, abrió este espacio en el que integrantes de Tlachinollan detallaron cifras de feminicidios, matrimonios forzados o desapariciones de las que han sido víctimas niñas y mujeres de diversos municipios de esa región documentados entre 2020 y 2025.

La senadora reconoció que aún existen retos para proteger los derechos de las mujeres, muchas de las cuales no saben que viven en una situación de violencia física, vicaria o de otros tipos en sus entornos, ya que se ha normalizado al grado de que lo “toman con naturalidad”, lo que se observa principalmente en comunidades rurales.

A pesar de que se han dado importantes pasos para visibilizar a las mujeres indígenas en los últimos dos sexenios, Ascencio Ortega resaltó que informes como el del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ayudan a fortalecer las acciones que el Gobierno federal realiza a través de la Secretaría de las Mujeres para mejorar las condiciones de las mexicanas.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, precisó que este informe, de ochenta páginas, es un acercamiento a “una Montaña que duele y lastima”, donde está lejos la “luz de la justicia” para las mujeres indígenas que ahí habitan, cuya sabiduría, lucha y resistencia “esta aplastada, violentada, discriminada e invisibilizada”.

“Desde que se nace en la Montaña, ser mujer es un destino de no tener tierra para sembrar, tampoco la posibilidad de estudiar. Este informe es un acercamiento al dolor profundo, toca el alma; no quisiéramos tocar estas historias porque deshumanizan, como la historia de una mujer matada a machetazos, pero la conciencia nos dice que tenemos que hacer algo”, añadió.

En este punto, Barrera Hernández manifestó la intención de que Tlachinollan llegue a espacios donde se toman las decisiones, como el Senado de la República, para que ayuden con el marco legal de la región, o las dependencias de justicia, para que atiendan las situaciones que ocurren en la Montaña de Guerrero.

El informe “Mujeres de la Montaña, Renacer entre los Filos del Olvido” revela que en esa región se han registrado 168 víctimas de feminicidio entre 2014 y 2026; sin embargo, muchos casos no son clasificados oficialmente como feminicidios, sino como otros delitos, lo que reduce su visibilidad en las estadísticas oficiales.

Los testimonios describen escenarios de alta brutalidad, con mujeres encontradas calcinadas dentro de vehículos o asesinadas con machetes, evidenciando un patrón de violencia grave y sistemático.

En municipios como Tlapa de Comonfort se denuncia que únicamente existen tres asesoras jurídicas para atender a 21 municipios, lo que resulta insuficiente para garantizar atención a víctimas; esta carencia obliga a muchas mujeres a pagar asesoría legal privada, una opción inaccesible para la mayoría, provocando que numerosos casos de violencia no sean denunciados.

Además, persisten prácticas como el matrimonio forzado infantil y la imposición de roles de género tradicionales: muchas niñas son obligadas a seguir patrones culturales que limitan su desarrollo, y al llegar a la mayoría de edad son frecuentemente relegadas, migrando a campos agrícolas o siendo forzadas a formar familias.

Las mujeres indígenas enfrentan obstáculos adicionales derivados de su contexto social y cultural; la pobreza, la lejanía de sus comunidades, la falta de acceso a la educación y la ausencia de intérpretes dificultan que puedan iniciar y sostener procesos legales. Estas condiciones estructurales generan un entorno en el que la violencia se normaliza y permanece invisibilizada.

La representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Campbell, destacó que el informe también propone una ruta para resolver estas problemáticas, como reconocer la naturaleza estructural de la violencia que enfrentan las mujeres de la Montaña y, a partir de ello, fortalecer la presencia del Estado.

Principalmente, proveer de apoyo en los rubros de salud, educación, protección institucional y acceso a la justicia con enfoque diferenciado para las mujeres y niñas indígenas, además de garantizar respuestas institucionales inmediatas y efectivas, particularmente en casos de feminicidios, matrimonios forzados y desapariciones.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores