Ciudad de México, 5 de mayo de 2026

En el marco del foro “Migración y derechos humanos: Retos y perspectivas contemporáneas”, convocado por la diputada Maribel Solache González (Morena), especialistas indicaron que la migración en México y el mundo atraviesa una transformación marcada por la violencia, el cambio climático y las políticas restrictivas internacionales.

Eunice Rendón Cárdenas, doctora en políticas públicas y coordinadora de Agenda Migrante, advirtió que la migración es un fenómeno global en transformación impulsado por múltiples factores que van más allá de lo económico.

Señaló que actualmente “hay más de 300 millones de personas que viven en un lugar distinto al que nacieron”, lo que refleja que la migración “es una realidad mundial” con dinámicas cambiantes.

Explicó que en México el fenómeno ha evolucionado significativamente, ya que “hace 20 o 30 años era principalmente el factor económico laboral”, pero hoy se han sumado causas como la violencia, el crimen organizado y el cambio climático.

En ese sentido, subrayó que “muchas de las personas huyen frente al riesgo de perder la vida, de amenazas del crimen organizado o reclutamiento forzoso”.

Rendón Cárdenas destacó que las políticas restrictivas, particularmente en Estados Unidos, han modificado los flujos migratorios debido a “las políticas de Donald Trump, que influyen en la dinámica migratoria”, lo que provoca una reconfiguración del fenómeno, donde algunos migrantes ya no buscan llegar a ese país, sino establecerse en México u otras naciones.

Enfatizó que uno de los sectores más vulnerables es la niñez migrante: “Si hay una población, que es la cara de la vulnerabilidad en el tema migratorio son los niños y las niñas”, especialmente quienes viajan solos, ya que enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y reclutamiento criminal.

Asimismo, alertó sobre fenómenos como los llamados “niños de circuito”, utilizados por el crimen organizado en zonas fronterizas: “Había niños que se habían aventado ya 200 vueltas”, lo que evidencia contextos de alta vulnerabilidad que pueden derivar en conductas delictivas futuras.

En materia de política pública planteó actualizar los marcos legales. “Tenemos que repensar la ley misma para otorgar la figura humanitaria de refugio”, ya que muchas causas actuales, como el cambio climático, no están contempladas en la normativa vigente.

También advirtió de la saturación institucional en México. “Tenemos un sistema saturado… la Comisión Mexicana para el Refugio tiene menos recursos de los que necesita”, lo que genera retrasos en los procesos y obliga a los migrantes a emplearse de manera irregular.

Sobre el contexto en Estados Unidos, denunció un endurecimiento sin precedentes en las políticas migratorias. “La prioridad es numérica… necesito atrapar a 3 mil personas diarias, sea quien sea”, lo que ha derivado en abusos y detenciones de personas sin antecedentes penales, que representan “el 76 por ciento de las personas detenidas”.

También alertó de las violaciones a derechos humanos, incluyendo muertes bajo custodia. “Las 16 muertes de personas mexicanas en custodia (…) tienen que aclararse”, y criticó la falta de consecuencias para los responsables. “Hay impunidad. Entonces, claro que voy a maltratar, porque nunca va a pasar nada”.

Llamó a construir un modelo migratorio más humano e incluyente, destacando que la integración puede generar beneficios económicos. “Cuando integras a las personas migrantes, terminan aportando incluso más de lo que cuesta atenderlas”.

Concluyó que es fundamental cambiar la percepción social sobre la migración, ya que “no debemos dejar de pensar que los migrantes aportan”, tanto en los países de origen como de destino.

Por su parte, Joselin Barja Coria, Asociada Senior para Soluciones Duraderas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), explicó que los flujos migratorios actuales incluyen contextos complejos, donde las personas no siempre distinguen su estatus, como ocurre en países con crisis humanitarias.

“Muchas personas van saliendo gradualmente sin saber si son refugiadas o si son migrantes; al final, lo que se tiene que hacer es salvaguardar la vida”, señaló al referirse a casos como Venezuela.

Indicó que, ante contextos de violencia generalizada, las personas deben ser reconocidas como refugiadas, incluso si el sistema tarda en identificarlas: “Cuando hay una situación de violencia donde el propio Estado no está brindando protección, también estamos hablando de personas refugiadas”.

Barja Coria explicó que el Alto Comisionado de las ACNUR surgió precisamente para atender estas crisis, al recordar que “nuestra agencia se formó formalmente en 1951 en un contexto de sobrevivientes de guerra”, mientras que en México tiene presencia desde 1982, en respuesta a los conflictos en Centroamérica que provocaron desplazamientos masivos.

Asimismo, hizo una distinción clave entre desplazamiento interno y refugio: “Una característica de las personas refugiadas es que ya tuvieron que cruzar una frontera”, mientras que quienes permanecen dentro de su país, aunque enfrenten las mismas condiciones, se consideran desplazados internos.

En cuanto a las tendencias recientes, reveló que los factores de violencia aumentan. “En 2024, el 53 por ciento declaró que la violencia fue una causa para salir de su país, y en 2025 este dato se incrementó al 61 por ciento”.

Además, “el 80 por ciento de las personas considera que su vida estaría en riesgo si regresaran a su país”, lo que evidencia la necesidad de protección internacional.

Destacó también un cambio importante en el destino de las personas migrantes, ya que “en 2024 solo el 31 por ciento tenía a México como país destino, pero en 2025 subió al 66 por ciento”, en gran medida por modificaciones en la política migratoria de Estados Unidos.

Sobre las solicitudes de asilo, precisó que “en 2025 se registraron 70 mil 505 solicitudes en México”, manteniéndose en niveles similares al año anterior, con una mayor presencia de personas provenientes de Haití, Cuba y Venezuela.

La funcionaria del ACNUR subrayó que México tiene condiciones favorables para la integración de personas refugiadas, al afirmar que hay “un marco normativo que lo favorece” y que el país ha sido pionero con leyes específicas en la materia, garantizando derechos como acceso a salud y educación sin importar el estatus migratorio.

Asimismo, resaltó el papel del sector privado en la inclusión laboral, al señalar que “ya se demostró que es posible integrar a las personas refugiadas”, lo que además genera beneficios económicos, pues estos programas permiten una “recaudación anual de 275 millones de pesos” a través de impuestos.

Sin embargo, advirtió que persisten retos importantes en la implementación institucional, especialmente por la saturación de trámites. “Un procedimiento que debería durar seis meses está tardando mínimamente un año”, lo que limita el acceso a derechos y oportunidades laborales.

Enfatizó el principio fundamental de protección internacional: “El primer derecho que se debe garantizar a una persona refugiada es que no sea deportada a su país, porque su vida corre peligro”, al tiempo que llamó a fortalecer los mecanismos administrativos para asegurar una integración efectiva.

En su intervención, Alba Gabriela Cabriada Jarquín, doctora y profesora de la FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abordó el tema “Retos Contemporáneos”, en el que destacó la importancia de sensibilizar sobre el fenómeno migratorio antes de analizarlo desde lo teórico. “Muchas veces en las universidades se aprende fechas, teorías y autores, pero el fenómeno lo estamos viviendo”, afirmó al subrayar que la migración forma parte de la vida cotidiana.

En ese sentido, planteó que la movilidad humana es inherente a todas las personas. “El fenómeno de la migración es inherente a cada uno y cada una de nosotras”.

Incluso ejemplificó que quienes se desplazan dentro del país también pueden considerarse migrantes, lo que permite “transitar de esta imagen tradicional que vemos del migrante”.

La profesora llamó a cuestionar los estereotipos asociados a la migración, al señalar que comúnmente se relaciona con pobreza o desigualdad.

“Generalmente la imagen que vemos es una imagen de pobreza, de discriminación”, sin considerar que también existen otras formas de movilidad, como la de inversionistas extranjeros en destinos turísticos, quienes “también son migrantes”, aunque no se perciban de esa manera.

Asimismo, explicó que estos procesos generan fenómenos adicionales, como la gentrificación y la turistificación, por lo que consideró necesario “recuperar valores de respeto, solidaridad y libertad”, reconociendo que todas las personas tienen derecho a la movilidad.

Desde el ámbito educativo, destacó la necesidad de formar estudiantes con conciencia social y compromiso: “Hagámonos corresponsables desde nuestra pequeña trinchera”, dijo, al explicar que su labor docente busca que el alumnado comprenda las realidades migratorias más allá del aula.

Compartió experiencias prácticas desarrolladas con sus estudiantes, como campañas de apoyo a personas migrantes, donde enfatizó la importancia de conocer sus necesidades reales.

“No se trata de llevar lo que a mí se me ocurra, sino de preguntar qué necesitan”, lo que implica generar información y establecer contacto directo con las personas en movilidad.

También resaltó el valor de estas actividades para el desarrollo profesional, ya que permiten fortalecer el diálogo y la negociación: “Ellos tenían que estar en interacción con estos migrantes”, lo que contribuye a una formación más integral.

Finalmente, destacó la relevancia de involucrar a la juventud en estos temas y confiar en su capacidad de acción. “Necesitamos como docentes creer en los estudiantes”, al tiempo que reiteró que la sensibilización es clave para la construcción de políticas públicas más humanas y efectivas.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados