Ciudad de México, 12 de julio de 2026

La diputada de MC informa sobre su participación en el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)

La diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) presentó su informe de actividades y asistencia al 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), así como al Segmento Parlamentario, organizado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU) del día 9 al 10 de marzo del 2026, en Nueva York, Estados Unidos.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria sostuvo que el propósito de esta sesión fue dar continuidad a los trabajos realizados por la Comisión y fortalecer las políticas regionales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Entre los temas prioritarios, dijo, destacaron: garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, la creación de mecanismos de justicia accesibles, la supresión de barreras estructurales que impiden la igualdad de género, la participación y toma de decisiones de las mujeres en la vida pública, y la eliminación de la violencia para lograr la igualdad de género.

Muñoz Moreno subrayó que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de Naciones Unidas aprobó, con el respaldo de los Estados Miembros, un conjunto de conclusiones y resoluciones orientadas a garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas.

Este paquete de acuerdos, enfatizó, reafirma los compromisos internacionales (incluida la Plataforma de Acción de Beijing) y define una hoja de ruta para eliminar barreras estructurales, fortalecer instituciones y asegurar remedios efectivos ante la discriminación y la violencia.

Dijo que los temas prioritarios impulsados fueron la revisión, armonización y reforma de marcos jurídicos para eliminar leyes, políticas y prácticas que discriminan a mujeres y niñas (por ejemplo, en ámbitos como familia, propiedad e herencia, matrimonio infantil y acceso a derechos).

Asimismo, el fortalecimiento de sistemas de justicia inclusivos y con perspectiva de género en donde se promueva la independencia, capacidad y rendición de cuentas de las instituciones; capacitación de operadores de justicia; y adopción de protocolos para evitar la revictimización.

Además, la prevención, sanción y reparación frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, implementando medidas para investigar, juzgar y sancionar la violencia en todas sus formas, que garanticen la protección oportuna, y aseguren remedios y reparaciones efectivas para víctimas y sobrevivientes.

También, el acceso a servicios coordinados (jurídicos, psicosociales, de salud y protección) y mecanismos de denuncia seguros, accesibles y confidenciales, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras.

De igual manera, apuntó, se puso sobre la mesa el acceso a la justicia en el entorno digital, dando respuesta a la violencia facilitada por tecnologías (incluida la violencia en línea), fortaleciendo marcos normativos, capacidades de investigación y cooperación, y promoviendo medidas de prevención y protección.

Añadió que también se planteó la eliminación de barreras estructurales y discriminación interseccional, generando políticas y medidas específicas para mujeres y niñas que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación (por ejemplo, por edad, discapacidad, condición migratoria, pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes, situación socioeconómica, o residencia rural/aislada).

Señaló que se propuso la asignación de recursos suficientes para sistemas de justicia, servicios esenciales, datos e instituciones de igualdad, así como apoyo organizaciones de la sociedad civil que acompañan a víctimas y promueven derechos, así como el fortalecimiento de estadísticas y sistemas de información desagregados para medir brechas, evaluar políticas y asegurar la implementación efectiva de los compromisos.

“En conjunto, las resoluciones y conclusiones de la CSW70 consolidan un marco de acción que coloca la justicia en el centro del avance hacia la igualdad sustantiva.

“Su impacto dependerá de la implementación a nivel nacional: reformas legales con plazos claros, presupuestos etiquetados, coordinación interinstitucional y participación significativa de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para asegurar que los compromisos se traduzcan en cambios reales en la vida de todas las mujeres y las niñas”.

En ese sentido, Muñoz Moreno consideró que las labores realizadas en la Cámara de Diputados se enriquecen mediante la integración de prácticas internacionales adoptadas por organismos multilaterales como ONU Mujeres, con el propósito de fortalecer el marco normativo nacional y facilitar la implementación de políticas públicas orientadas a combatir la violencia contra mujeres y niñas.

“Es fundamental reconocer que esta problemática tiene alcance global y que diversos gobiernos están obteniendo resultados concretos a partir de marcos internacionales, lo que permite consolidar alianzas sólidas entre naciones y actualmente, la diplomacia parlamentaria constituye una herramienta indispensable en los foros internacionales para atender efectivamente las demandas de la sociedad”, enfatizó.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados