Ciudad de México, 3 de agosto de 2026

El diputado del PVEM, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, plantea actualizar el marco legal ambiental frente al cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y degradación de los ecosistemas

El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) realizó el Foro Nacional para la Modernización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 2026, donde planteó actualizar el marco jurídico ambiental para enfrentar el cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y degradación de ecosistemas.

Al dar la bienvenida, el secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacó que la LGEEPA, promulgada el 28 de enero de 1988, fue un instrumento fundamental para establecer las bases de la política ambiental nacional, pero consideró que después de casi 40 años requiere una transformación acorde con las condiciones actuales. “Desde hace casi cuatro décadas ha sido pilar sobre el cual hemos construido un marco jurídico ambiental de México”.

En ese sentido, planteó que una nueva legislación ambiental debe fortalecer la prevención del daño ecológico, impulsar la restauración de ecosistemas, incorporar medidas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, además de promover la economía circular y la protección del capital natural.

Destacó la importancia de reconocer el papel de las comunidades rurales y pueblos forestales en la conservación de los recursos naturales, así como establecer mecanismos para que quienes dañen el ambiente asuman las consecuencias y reparen los daños ocasionados.

Cuanalo Araujo llamó a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, garantizar mayor participación ciudadana y brindar certeza jurídica a la inversión responsable, bajo la premisa de que el desarrollo económico y la conservación ambiental pueden avanzar de manera conjunta.

“Una legislación moderna debe fortalecer la prevención por encima de la corrección del daño, impulsar la restauración ecológica como política de Estado y garantizar que el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza no sean objetivos contrapuestos sino complementarios”.

Recordó que, aunque la legislación ha sido reformada en diversas ocasiones, su estructura principal responde a una realidad ambiental de finales de los años 80, cuando problemáticas como el cambio climático y la crisis de biodiversidad no tenían la dimensión actual.

El diputado alertó sobre el deterioro de los recursos naturales del país y señaló que en los últimos 25 años México ha perdido alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques y que aproximadamente 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan contaminación.

“Eso refleja mucho de nuestro país y de nosotros como sociedad; para mí es como una voracidad de nuestro propio territorio”.

Subrayó la responsabilidad de los municipios en temas como el cambio de uso de suelo, el crecimiento urbano desordenado y la contaminación de cuerpos de agua, al considerar que muchos gobiernos locales carecen de programas de ordenamiento ecológico territorial.

“Esto deriva en el daño de los recursos naturales, pero también en graves consecuencias por situar desarrollo económico o habitacional en donde no se debe”.

En su oportunidad, Marco Antonio Esquivel López, subprocurador de Litigio Estratégico y Justicia Ambiental, en representación de la procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, señaló que la dependencia ha participado en los trabajos para impulsar modificaciones, mejoras y actualizaciones a la LGEEPA, ya que es un instrumento fundamental para la protección ambiental del país.

Explicó que se han elaborado propuestas orientadas a fortalecer esta legislación y adecuarla a los nuevos retos ambientales, además de armonizarla con compromisos internacionales asumidos por México.

Indicó que la actualización de la LGEEPA tiene que incorporar mecanismos que garanticen el acceso a la información pública, una mayor participación social mediante figuras como la denuncia popular y el fortalecimiento de la justicia ambiental.

Anotó que es necesario incluir disposiciones relacionadas con la protección de personas defensoras del ambiente, principios fundamentales como la prevención, la protección de los derechos humanos y la salvaguarda de un entorno seguro para quienes denuncian afectaciones ambientales.

“Creemos que la LGEEPA sí requiere una reforma estructural en la que estamos activamente y que se logre un consenso general”, sostuvo.

Por su parte, Ileana Villalobos Estrada, subsecretaría de Regulación Ambiental de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló que la LGEPPA se tiene que modernizar, adecuar y alinear a las nuevas circunstancias ambientales y de recursos naturales del país.

Dijo que se cuenta con legislaciones de avanzada en materia de agua y de economía circular.

“Nuestra propuesta no se limita a ajustes puntuales, sino que se reestructura en su totalidad el articulado de la LGEPPA, incorpora instrumentos novedosos sobre evaluación ambiental.

“Nuestro país ha tratado de estar al día respecto a las obligaciones que tenemos en otras reuniones internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, otras relativas a la biodiversidad y a sustancias químicas, como la prohibición del uso de mercurio”, concluyó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados