21 de septiembre de 2026

El legislador priista busca reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, transformando la actual “promoción” de productos legales en una obligación estricta para todas las compras públicas.

La propuesta pretende frenar la tala ilegal, garantizando que el gasto gubernamental no financie, directa o indirectamente, maderas de origen irregular, papel o mobiliario sin trazabilidad verificable.

El diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para blindar las adquisiciones del Estado en materia forestal, con el fin de combatir frontalmente la tala clandestina y alinear a México con los estándares internacionales de transición verde promovidos por la OCDE y la FAO.

El legislador priista señaló que, si bien la legislación actual contempla elementos de protección, limita su alcance a “promover” y utilizar términos preferenciales, lo que deja la exigencia en un plano no obligatorio.

“Ante un panorama donde México cuenta con más de 138 millones de hectáreas de ecosistemas forestales —equivalentes al 71 por ciento del territorio nacional—, resulta imperativo que el Estado predique con el ejemplo”, aseguró.

El congresista del PRI explicó que su iniciativa plantea adicionar definiciones clave como compra pública forestal responsable, certificación legal forestal y trazabilidad verificable, además de facultar a la Comisión Nacional Forestal para coordinar y verificar que todo suministro de madera, papel, cartón, celulosa y mobiliario adquirido con recursos públicos cumpla rigurosamente con la legalidad.

Asimismo, se incorpora una nueva infracción en la Ley para sancionar drásticamente a proveedores y contratistas que presenten documentos falsos o no comprobables, cerrándole el paso a la impunidad comercial y protegiendo a los productores, ejidos y empresas sociales que sí cumplen con la normatividad ambiental.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados