18 de octubre de 2026

Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.

Con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incorpore dentro de su propia  gobernanza empresarial una política explícita de aprovechamiento responsable de  los recursos y reducción de sus impactos ambientales, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley de la  Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, una obligación para que la CFE y sus empresas filiales, gestionen integralmente los residuos de los que jurídicamente tengan el carácter de generadores.

Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.

Explicó que su propuesta parte de la idea ya incorporada en nuestra legislación de que un residuo no debe considerarse automáticamente como un material carente de utilidad, ya que determinadas corrientes pueden conservar propiedades físicas, químicas, materiales o energéticas que permiten incorporarlas nuevamente a procesos productivos, sustituir materias primas vírgenes o generar valor económico, siempre  que sea ambientalmente adecuado, técnicamente factible, económicamente viable y jurídicamente permitido.

Detalló que en la Ley General de Economía Circular reconoce que los materiales deben  mantenerse dentro de la economía durante el mayor tiempo posible y que, una vez  generados los residuos, debe recuperarse su valor antes de recurrir a su disposición  final, por lo que esta reforma debe entenderse como una medida de armonización con este nuevo marco jurídico nacional, y convierte un mandato general de economía circular aplicable a la Administración  Pública Federal en una obligación corporativa concreta para la CFE.

Añadió que su propuesta precisa cómo debe materializarse dentro de su legislación especial: prevención y minimización; clasificación y separación; valorización, aprovechamiento circular; trazabilidad; reducción de la disposición final; objetivos; metas; indicadores; revisión por el Comité de Sostenibilidad y reporte al Consejo de Administración.

Explicó que la política de economía circular debe diferenciar claramente entre aquellas corrientes cuyo valor puede recuperarse y aquellas cuya peligrosidad exige prioritariamente su eliminación o tratamiento especializado. Detalló que si un residuo peligroso únicamente puede ser tratado por una empresa autorizada, esa obligación permanece intacta; si una corriente requiere plan de manejo, deberá mantenerlo; si la legislación local determina requisitos para residuos de manejo especial, éstos continuarán aplicándose; y los residuos radiactivos quedan fuera de la nueva disposición.

Finalmente, la senadora insistió en que la trascendencia de la reforma radica en que no se limita a ordenar que la empresa “maneje correctamente sus  residuos”, sino que plantea que CFE evite generarlos cuando pueda, que conozca y documente sus flujos, que conserve el valor de los materiales, que utilice materias primas secundarias cuando sea viable, que desarrolle mercados y alianzas para recuperar recursos, que reduzca progresivamente la disposición final y que mida públicamente su desempeño.

INICIATIVA:

https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/163584

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PVEM en Cámara de Senadores