28 de octubre de 2026

Hay buenos resultados con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, reconoce la senadora Simey Olvera

Con el objetivo de propiciar el diálogo y el análisis entre autoridades de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, así como identificar mecanismos para fortalecer la coordinación institucional y mejorar la prevención, investigación, persecución y judicialización de los delitos, se realizó el foro “Estrategias para la atención eficiente de los delitos de alto impacto”.

La senadora Simey Olvera Bautista, de Morena, subrayó la importancia de que las fiscalías y las corporaciones policiacas reduzcan la burocracia innecesaria y orienten su labor bajo una perspectiva centrada en la atención a las víctimas.

No obstante, reconoció que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, aprobada por el Senado, ha permitido observar buenos resultados con el trabajo que llevan a cabo, entre otras instituciones, la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con Omar García Harfuch al frente.

En el caso de Hidalgo, estado que representa, la legisladora se refirió al robo de hidrocarburos, “un delito que es un reto muy grande y que, hay que decirlo claramente, por años fue desatendido. Nunca se le había puesto atención como ahora, y no sólo a ese delito, sino también a otros en los que, por su ubicación geográfica, el estado registra una mayor incidencia”.

Por su parte, la senadora Cecilia Guadiana Mandujano, de Morena, destacó que apenas hace unos días, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que la percepción de inseguridad se ubicó en 58 por ciento, una cifra histórica que demuestra un trabajo implacable, con inteligencia y coordinación.

El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, consideró necesario terminar con el laberinto burocrático para que haya atención real a las víctimas, pero, sobre todo, prevenir la comisión de delitos con la atención de las causas, porque muchas veces los actos delictivos se cometen por personas que han tenido falta de oportunidades.

A su vez, el titular de la Subunidad de Apoyo Jurídico de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, Néstor Noé Camacho Mendoza, habló de los principales retos de la FGR, que están, dijo, concentrados en tres pilares: transitar las investigaciones basadas en inteligencia; erradicar inercias burocráticas; y consolidar la autonomía técnica y operativa.

Puntualizó que hay además tres acciones transversales prioritarias para el combate a delitos de alto impacto: establecer mecanismos de seguimiento e investigaciones con responsabilidades definidas; desarrollar indicadores precisos; así como impulsar espacios permanentes de coordinación para compartir buenas prácticas.

El titular de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso y Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, Jonathan Valdez Rodríguez, advirtió que para enfrentar delitos de alto impacto hay que analizar el hecho de manera conjunta y a través de trabajo interinstitucional, pero principalmente seguir una de las premisas del gobierno de Hidalgo: priorizar la atención a las víctimas.

El subsecretario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Israel Zaragoza Rico, mencionó que una de las estrategias para combatir el delito es la definición de objetivos prioritarios y de generadores de violencia. Reconoció que en Hidalgo un gran problema es el robo de hidrocarburo, en parte por la gran cantidad de ductos que cruzan por 22 municipios del estado.

En el foro participaron Moisés Trejo Ramírez y Nancy Martínez Trejo, impulsores de una iniciativa ciudadana que busca garantizar el acceso a la justicia de víctimas de secuestro exprés. La propuesta plantea homologar los criterios de actuación de las fiscalías estatales y federal, a fin de evitar que alguna denuncia sea rechazada por motivos de jurisdicción territorial.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores