El portal de noticias donde los políticos se miden y son medidos.
Plantea iniciativa aumentar al doble las sanciones por los delitos de tener a una persona en condición de siervo y trabajo forzado
Castro Villarreal impulsa reformas a Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de duplicar las penas previstas por los delitos de tener o mantener a una persona en condición de siervo o trabajo forzado, y garantizar a las víctimas atención psicológica y apoyo de reinserción laboral.
Se llevó a cabo otra sesión del taller “Donde las ideas se siembran y la nación se construye”
7 de noviembre de 2026
Se abordaron temas como la finalidad de la privación de la libertad de una persona, la prisión preventiva oficiosa y los derechos humanos
Se llevó a cabo en la Cámara de Diputados una sesión más del taller “Donde las ideas se siembran y la nación se construye”.
Este espacio de formación y análisis jurídico, organizado por la diputada Laura Hernández García (MC), en colaboración con la Academia Sinergia, se realiza de manera quincenal, con el objetivo de actualizar y capacitar a abogados, pasantes, estudiantes y profesionales del derecho en temas prácticos del ejercicio legal y detectar vacíos jurídicos para proponer reformas.
Se tratan asuntos como la nulidad procesal en materia penal, derechos fundamentales, debido proceso e innovación en el derecho.
En esta sesión se abordaron temas como la finalidad de la privación de la libertad de una persona, la prisión preventiva oficiosa y los derechos humanos.
En su ponencia, Albino Calva Corro, del grupo de abogados Calva-Corro, se refirió al caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron detenidos en 2002 por el mismo asesinato, sometidos a arraigo y permanecieron 17 años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia, y además, denunciaron tortura.
Su proceso dio origen al caso “García Rodríguez y otro vs. México”, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano.
Sostuvo que la historia demuestra que las cárceles han sido utilizadas para castigar, disciplinar, vigilar y controlar a las personas.
Sin embargo, el desarrollo del constitucionalismo y de los derechos humanos se ha introducido en una concepción distinta: la privación de la libertad no debe significar la pérdida de la dignidad humana.
“Lo tenemos ya en documentos a partir de esta reforma de derechos humanos y de la propia reforma en el ámbito penal.
“El verdadero reto del sistema penitenciario mexicano es conseguir que sus principios constitucionales se traduzcan en condiciones reales de justicia, seguridad, educación, trabajo y reinserción social.
“Una sociedad no se define únicamente por las conductas que castiga, sino también por la manera en que ejerce su facultad de castigar y respetar los derechos humanos de quienes se encuentran bajo su custodia”, enfatizó.
En este contexto, cuestionó que el Estado mexicano no cumpla, hasta el momento, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena la eliminación del arraigo y armonizar la prisión preventiva oficiosa a los estándares internacionales.
Calva Corro explicó que uno de los cambios ha sido establecer la prisión preventiva justificada que plantea que el ministerio público únicamente la podrá solicitar cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de las víctimas, la protección de los testigos y de la propia comunidad.
“De esta manera, la prisión preventiva adquirió una naturaleza cautelar más definida y se estableció como una medida que debió utilizarse cuando otras alternativas no fueran suficientes.
“Y quizá si se hiciera objetivamente un análisis particular de cada caso, si el sistema penitenciario realmente llevara a cabo estas reformas que se han propuesto desde hace muchos años, si realmente se intentara reencauzar a los sujetos, reintegrarlos a la actividad laboral, a la actividad social, podría funcionar”, indicó.
Incluso no está en tela de juicio esta prisión preventiva justificada, porque tiene que analizar cada caso, lo que se cuestiona a nivel internacional es la prisión preventiva oficiosa o automática.
“Como de manera poco analítica, poco reflexiva, en un catálogo del 19 Constitucional que engloba tantos delitos, este sujeto que está siendo investigado momentáneamente, se le encierra y se le priva de su libertad, de su presunción de inocencia, del debido proceso, como ha señalado la Corte.
“Ese es el tema que está en tela de juicio, la Corte se ha pronunciado al respecto, sólo queda que el Estado mexicano acate dichas sentencias y dé cumplimiento cabal a las mismas”, comentó.
