Ciudad de México, 20 de abril de 2026

Las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el proyecto de decreto que reforma la Ley de Vivienda, que establece la política nacional para que toda persona pueda disfrutar de una vivienda adecuada.

El dictamen deriva de una minuta enviada por la Cámara de Diputados, con la que se modifican y adicionan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 19, 23, 34, 48, 56, 62, 73, 77 y 82 de la Ley de Vivienda, y armoniza el ordenamiento con la reforma constitucional en la materia, aprobada por el Congreso de la Unión en 2024.

Con ello, se considera que una vivienda adecuada es aquella que cuenta con elementos de accesibilidad, para garantizar su acceso a grupos desfavorecidos; adecuación cultural, con lo que se respetan las expresiones de identidad de las personas; asequibilidad, de manera que los costos financieros de un hogar no comprometan otros gastos.

Además, se considera la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, para garantizar el acceso a servicios básicos; la habitabilidad, como elemento para mantener la seguridad física de los habitantes del inmueble; seguridad en la tenencia, para que los ocupantes estén protegidos legalmente contra desalojos; y ubicación, para que el hogar se localice en lugares cercanos a sus espacios de trabajo, salud o educación.

El dictamen, faculta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, coordine y promueva programas y acciones de vivienda y suelo, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras.

Y para que se promuevan e impulsen las acciones de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras, para el desarrollo de la vivienda adecuada en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos y sociales.

Precisa que los organismos e instituciones que financien vivienda para las personas trabajadoras podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas, generando las condiciones adecuadas que permitan obtener un crédito barato y suficiente.

También podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios.

Tales acciones, detalla el documento, se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras, y en ningún caso tales acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos, ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que los siete elementos que conforman una vivienda adecuada son parámetros concretos para hacer efectivo el mandato constitucional en la materia y así diseñar programas y evaluar resultados sobre el derecho a la vivienda que legítimamente pueden exigir las personas.

Agregó que la reforma fortalece la coherencia del marco jurídico, actualiza la ley conforme a la constitución y estándares internacionales, amplía el alcance social de la política habitacional y dota de instrumentos más claros a las instituciones encargadas de hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, subrayó que esta reforma es una base legal sólida para la meta de la actual administración del Gobierno Federal de crear 1.8 millones de viviendas y entregar un millón de escrituras que den certeza jurídica a las familias.

“Tenemos que reconocer que la vivienda no es un privilegio, no es una mercancía, sino un derecho humano de todas las personas. Y ahí es donde radica la importancia de pasar del discurso a la acción y de la aspiración a la garantía efectiva”, enfatizó la senadora.

El senador Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, apuntó que con esta modificación México avanza hacia una política de vivienda social, adecuada, asequible y que reconoce la realidad que hoy se vive en este rubro.

Agregó que la reforma representa un avance sustantivo en la consolidación del derecho humano a la vivienda adecuada en México y refleja el compromiso del Senado de la República con los principios constitucionales, con los estándares internacionales y con la responsabilidad de garantizar que la legislación responda a las necesidades reales de la población.

La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, destacó que esta reforma va en concordancia con los logros alcanzados en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre avances significativos en la condonación del pago de viviendas y la regularización patrimonial.

El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, calificó como “un peligro” la reforma, pues busca financiar vivienda con el dinero de las Afores; señaló que, si bien el problema de vivienda es real, la solución que propone la reforma es “inviable”.

Del PRI, la senadora Mely Romero Celis señalo que la modificación al artículo 56 de la ley pretende utilizar 2.4 billones de pesos de los trabajadores en actividades de alto riesgo. “El INFONAVIT y FOVISSSTE no son la caja chica del gobierno”, sentenció la legisladora, y alertó que el proyecto “repite errores históricos que ponen en peligro el esfuerzo de las familias mexicanas”.

La senadora Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, respaldó el dictamen al considerar que el avance hacia una vivienda adecuada no es solo una aspiración, sino una obligación del Estado mexicano, por lo que calificó esta reforma como “un paso en la dirección correcta”.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el proyecto pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores, ya que pretende utilizar fondos provenientes de sus ahorros personales, por lo que propuso hacer modificaciones para blindar dicho capital y garantizar que no se ponga en peligro el dinero de los trabajadores.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores