13 de octubre de 2026

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, MC y PRI fijaron posicionamientos sobre el dictamen que modifica la Ley Federal de Derechos, en el que se actualizan las cuotas, entre otros, de los derechos por servicios migratorios y consulares, certificación zoosanitaria, relacionados con el agua y en materia sanitaria, aprovechamiento del espacio aéreo mexicano y servicio ferroviario.

Un derecho no es un impuesto

El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) afirmó que con las reformas a la Ley Federal de Derechos 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas abren gratis sus puertas; se acerca la conectividad porque se baja 12 por ciento el cobro del espectro de la telefonía móvil y se congelan en 2027 las cuotas de las bandas de 600 y 700 megahertz para que la señal llegue más lejos.

También, quien lleve la cobertura a zonas prioritarias tendrá un descuento del cien por ciento del derecho en el espectro. Tres certificados agroalimentarios que exigían el mismo trabajo ahora tendrán una sola cuota, las visas consulares a un solo precio, y desaparecen los cobros de agua que ya no tenían sustento legal. “Paga quien usa y aporta más quien más aprovecha. Un derecho no es un impuesto, es lo que paga quien recibe un servicio concreto del Estado o quien usa un bien de la nación, las vías del tren, el espectro, el agua, el espacio aéreo”.

Se cobra más caro por los servicios que da el gobierno

Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández externó que en la Ley Federal de Derechos lo que se hace es cobrarle más caro a las y los mexicanos los “supuestos servicios” que da el gobierno. “No son simples actualizaciones, sino aumentos completamente descarados y desproporcionados en los servicios”. Aseguró que lo más grave y sensible es en el sector de salud, ya que las licencias sanitarias para servicios de transfusión sanguínea pasan de mil 482 pesos a 17 mil 349 pesos. 

Agregó que la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos, que hoy se paga en 8 mil 195 pesos, para el siguiente año serán 43 mil 209 pesos. Y la licencia para fuentes de radiación sube al doble. Asimismo, el uso y goce del espacio aéreo, 10 por ciento más. En materia de turismo se aumenta la visa 66 por ciento. Y “todos estos aumentos se le trasladarán al costo de las familias mexicanas”.

Fortalecer las capacidades del Estado

Del PVEM, el diputado Mario Alberto López Hernández señaló que la reforma a la Ley Federal de Derechos representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado mexicano, modernizar los servicios y avanzar hacia un sistema de contribución más eficiente, equitativo y acorde a las necesidades actuales del país. Además, busca robustecer la capacidad institucional de las dependencias, mejorar la calidad de los servicios y adecuar los procedimientos a los avances tecnológicos y a las nuevas exigencias económicas y sociales.

Entre las modificaciones, dijo, destaca la actualización de la cuota correspondiente a la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. Esta medida considera los costos asociados con la prestación de los servicios migratorios y plantea destinar parte de los recursos adicionales al fortalecimiento tecnológico y de la seguridad fronteriza. Expresó su respaldo a una reforma que “busca conciliar la responsabilidad fiscal con el desarrollo económico y el bienestar social de las y los mexicanos”.

Hablar de derechos es referirse a la soberanía sobre nuestros bienes

Luis Armando Díaz, diputado del PT, resaltó que el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos responde a una pregunta muy simple: ¿quién debe pagar por usar lo que es de todos los mexicanos? Pues pagará más quien más aprovecha los bienes de la nación y se protege a quien menos tiene. Los derechos no son impuestos al consumo ni al salario, solo que pagan quienes usan el espectro radioeléctrico, las vías férreas, el espacio aéreo, las aguas nacionales o los servicios del Estado.

Consideró que hablar de derechos es referirse a la soberanía sobre nuestros bienes y no son impuestos. “Un Estado fuerte se construye haciendo que los bienes de la nación trabajen para la nación. Eso es lo que hace este dictamen: ordena, actualiza y redistribuye. Por eso, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen, porque considera que es responsable de ello para que una política económica tenga crecimiento”.

Paquete de ingresos no soluciona problemas económicos del país

Para el diputado Yerico Abramo Masso el paquete de ingresos llega a la Cámara de Diputados con un gran estrés financiero, pues se va a soportar el Paquete de Egresos con 1.7 billones de pesos de deuda, y las actualizaciones en materia de derechos dejan fuera a las comunidades mineras, aunque se suben los impuestos o los derechos. “No están regresando nada para que la comunidad que es explotada en materia laboral y de medio ambiente pueda restaurarse por sí misma. Tampoco se está fortaleciendo a los sectores de desarrollo energético”.

El tema –subrayó– no es subir la deuda. Este paquete de ingresos no está solucionando los problemas económicos del país. “El estrés financiero y la gran deuda pública que le están heredando al país no se está reflejando en crecimiento económico, por eso no podemos acompañar este dictamen. Iremos en contra, iremos con estas reservas a proponer más de 14 cosas muy específicas, para fortalecer la economía de México, incentivos para pequeños y medianos empresarios. México necesita crecer y la mejor forma de crecer es con infraestructura, pero no con deuda”.

Ley de Derechos que fortalezca los servicios públicos

La diputada de MC, Patricia Flores Elizondo señaló que cada cuota que se aprueba afecta a una persona, aquella que paga, al negocio que intenta sostenerse y a la familia que necesita que su dinero alcance. Por eso, “Movimiento Ciudadano viene con una regla sencilla: si el gobierno va a cobrar más tiene que explicar por qué y cuál servicio va a mejorar a cambio. Son el pago por un servicio público por el uso de bienes de la nación. No debe ser un impuesto disfrazado ni una forma cómoda de llenar la caja”.

Propuso que cada aumento se justifique con costos verificables, que se revisen los incrementos desproporcionados y se apliquen de forma gradual donde corresponda, que la recaudación adicional se traduzca en mejoras concretas para los sectores que la pagan, y que cada trimestre se publique cuánto se recaudó, en qué se gastó y qué resultados dio. “Queremos una Ley de Derechos que fortalezca los servicios públicos, cuide el bolsillo de las familias y deje crecer a México”.

Posturas a favor y en contra

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) comentó que con la Ley de Derechos se van a recaudar alrededor de 27 mil millones de pesos y ningún centavo va al tema de sargazo, a la promoción turística y a la infraestructura migratoria, y perjudica a las familias mexicanas. “Nosotros proponemos un porcentaje para la promoción del turismo, para el combate al sargazo y para infraestructura de los centros de migración”.

En opinión de Claudia Rivera Vivanco, diputada de Morena, la Ley Federal de Derechos 2027 es una herramienta de justicia administrativa y desarrollo nacional. “Es falso que aumenten los pasaportes mexicanos, que suba la tarifa del uso aeroportuario, se creen nuevos impuestos para las familias mexicanas.  Esta propuesta cuida el bolsillo del pueblo y respalda la estabilidad macroeconómica”.

Por MC, el diputado Hugo Manuel Luna Vázquez subrayó que en todo el paquete fiscal y de ingresas se observa cómo el gobierno está buscando cómo recuda más y cómo con eso se genera mayor capacidad de gasto, pero muy poco está buscando tener condiciones sistémicas y estructurales para el desarrollo del país. Hay aumentos en turismo, en materia ambiental y en salud para acrecentar la burocracia en el gobierno.

A su vez, la diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) afirmó que la actualización de la Ley Federal de Derechos es una medida necesaria para fortalecer cien por ciento a las finanzas pública, garantiza una recaudación más eficiente y asegura que los recursos del Estado se administren con responsabilidad, transparencia y sentido social. “No solo actualiza cifras año con año, sino actuar con responsabilidad fiscal”.

Christian Mishel Castro Bello, diputado del PRI, argumentó que el dictamen confirma que “cuando al gobierno le faltan recursos, en lugar de corregir excesos y mejorar el gasto público o hacer más eficiente la administración, le cobra más dinero a la gente” y los cambios a la Ley crean nuevos derechos, incrementan cuotas por trámites y servicios gubernamentales y encarecen actividades de la vida cotidiana. 

Para el diputado José Antonio López Ruiz (PT) se tiene que impulsar el pago de derechos e impuestos en el país, y la hacienda actual es responsable, no ha incrementado ninguno de los dos. “No se le está cobrando más a los connacionales por la emisión de pasaportes, estamos yendo con los no residentes y eso también pasa en el mundo. Esta ley habla mucho del país y aborda las áreas protegidas y arqueológicas”.

Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN, se pronunció en contra del dictamen por la manera en que se reparte el dinero que se recauda por el cobro de derecho. “Le aumentan la tajada a la Secretaría de la Defensa Nacional, le recortan casi a la mitad la proporción al Instituto Nacional de Migración y le dan más dinero discrecional a la Tesorería de la Federación”; por ello, cuestionó con qué criterio se hizo ese reparto, y “quién les dijo que eso era lo que México necesita hoy en día”.

La diputada Alma Rosa De la Vega Vargas (Morena) anunció su voto a favor porque el dictamen no aumenta impuestos, contempla las actualizaciones necesarias, cuidadosas y responsables de las cuotas de los derechos que cobra el Gobierno Federal. Buscamos fortalecer los ingresos públicos, modernizar los servicios gubernamentales, promover el aprovechamiento eficiente de los recursos nacionales y garantizar que los derechos reflejen los costos reales de los servicios.   

En su turno, el diputado Emilio Lara Calderón (PRI) aseguró que “el discurso de que el incremento de los derechos no afecta a las y los mexicanos, es una mentira”. Enfatizó que su grupo parlamentario está en contra de este dictamen porque “no podemos permitir que una política recaudatoria la quieran disfrazar como una política de no incremento a los impuestos”. Los recursos tienen que invertirse en beneficio de la ciudadanía, “no en gasto corriente o desperdicio como se pretende hacer”.

La diputada del PVEM, Celia Esther Fonseca Galicia, adelantó su voto a favor del dictamen, cuyo propósito es actualizar el marco normativo relacionado con los pagos por los servicios que presta el Estado y por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación.  Esta actualización representa una oportunidad para contar con procedimientos más claros, fortalecer las capacidades institucionales y establecer condiciones que permitan una administración pública más eficiente y responsable. 

Por el PAN, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela dijo estar en contra porque la propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos plantea que el dinero que se recaude por el pago del derecho a los no residentes, el 28 por ciento, es decir casi 10 mil millones de pesos, se lo manden a la Tesorería de la Federación sin destino específico. “Nosotros propusimos que ese dinero se use para promoción turística y no quieren”.

La diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) aseveró que actualizar la Ley Federal de Derechos no es crear un impuesto nuevo, ni abrir una reforma fiscal que castigue a las familias; es poner al día lo que se paga por aprovechar la riqueza común y por los servicios que presta el Estado. La reforma lo que hace es alinear lo que se cobra con lo que realmente cuesta. Actualiza las cuotas de los servicios que presta la autoridad ambiental en materia de vida silvestre y de recursos forestales y las de los servicios y control sanitaria que protegen la salud de las y los mexicanos.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados