Ciudad de México, 7 de junio de 2026

La senadora Amalia García Medina, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar a garantizar que las personas con discapacidad no visible sean beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Durante el año 2026 el programa otorga 3 mil 300 pesos bimestrales de forma directa y sin intermediarios a las personas que acrediten una discapacidad permanente mediante una constancia médica emitida por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

Sin embargo, el acceso a este derecho se ha convertido en un proceso confuso y desgastante para las personas con discapacidad no visible, aseguró la legisladora.

Explicó que las discapacidades invisibles son todas aquellas enfermedades o limitaciones que presentan síntomas como dolor debilitante, fatiga, mareos, disfunciones cognitivas, lesiones cerebrales, diferencias de aprendizaje y trastornos mentales, así como deficiencias auditivas y visuales. Aunque no siempre son evidentes para el observador, limitan las actividades cotidianas de las personas, oscilando entre problemas leves hasta limitaciones graves.

En ese sentido, ejemplificó que recientemente la Marialú Castro, activista con parálisis cerebral y fibromialgia, acudió con un certificado oficial de discapacidad emitido por la Secretaría de Salud, pero el documento fue cuestionado por personal sin formación médica.

En otro caso una mujer con discapacidad visual denunció que le negaron el apoyo porque le dijeron que “no parece” una persona ciega, a pesar de contar con diagnósticos médicos que acreditan su condición.

Agregó que también hay personas de la comunidad con hipoacusia que relataron que sus condiciones no fueron reconocidas o fueron minimizadas aunque incluso utilizan auxiliares auditivos.

“Más allá de los casos individuales, lo que muestran estos testimonios es un problema de fondo. Cuando el acceso a un derecho depende de interpretaciones personales, del desconocimiento o de la falta de criterios claros, ese derecho deja de ser plenamente accesible”, señaló la senadora.

“Porque aquí no solo está en juego un trámite. Está en juego el reconocimiento mismo de la discapacidad y la posibilidad de acceder en condiciones dignas a un apoyo diseñado para reducir desigualdades. El acceso a la pensión para personas con discapacidad no debería depender de qué tan visible parece una discapacidad ni de criterios discrecionales”.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario de MC en Cámara de Senadores