13 de octubre de 2026

El dictamen que reforma la Ley General de Salud con tal propósito se avaló por unanimidad en la Comisión de Salud, señala el presidente de esta instancia legislativa

El diputado Pedro Zenteno Santaella (Morena), presidente de la Comisión de Salud, afirmó que la reforma a la Ley General de Salud en materia de atención integral del cáncer evitará que pacientes interrumpan sus tratamientos cuando pierdan la seguridad social, así como transitar de un registro a un programa nacional de atención y control de la enfermedad.

En conferencia de prensa, informó que el dictamen de dicha reforma fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud, y queda pendiente su discusión y aprobación en el Pleno cameral.

Dijo que la modificación cuenta con el aval de las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público.

“Está avalada por la Secretaría de Salud, está avalada por los compañeros de Hacienda, y creo que es solamente cuestión de tiempo para lograrlo, que sea presentada ya en el Pleno para lograr este tipo de acciones que son, sin duda alguna, fundamentales”.

Explicó que uno de los problemas que atiende la propuesta es la suspensión de tratamientos oncológicos cuando las personas dejan de trabajar en el gobierno o salen de la formalidad.

“Hoy este programa ve esa visión y todos aquellos que continúan con su tratamiento lo tienen que continuar y no se suspende, que eso es muy importante porque en el centro está garantizar el tratamiento, porque no hablamos ni de folios ni de expedientes, sino sencillamente de seres humanos y eso es muy importante”.

Por su parte, Elisa Puente, de Fundación CIMA, explicó que la propuesta trasladaría a las instituciones la responsabilidad de gestionar la atención oportuna, con un plazo máximo de 60 días para iniciar el tratamiento.

“Garantizar el inicio del tratamiento en máximo 60 días va a implicar que si una clínica pública no tiene capacidad o insumos queda obligada por ley a activar mecanismos de referencia inmediata a una otra unidad para cumplir el plazo, porque el factor tiempo oncológicamente determina antes que nada supervivencia.

“Existe la percepción de que esta iniciativa de reforma es un gasto inasumible, pero la realidad es que diagnosticar en etapas 3 y 4, lo cual ocurre en el 45 por ciento de los casos actuales y en un porcentaje mayor en ciertos tipos de cáncer, triplica el costo de la atención para el sistema público”, aseveró.

Sostuvo que la aprobación de la reforma contribuiría a reducir las consecuencias económicas de la enfermedad para las familias, que en muchas ocasiones las “obliga a vender su patrimonio para comprar quimioterapias ante los retrasos institucionales y los retos que esta enfermedad les pone enfrente”.

Francisco Freyria, de Fundación Fomento de Desarrollo “Teresa de Jesús”, destacó que el Sistema Nacional de Atención Integral del Cáncer permitirá orientar las decisiones con criterios científicos.

“Celebramos la instauración del Sistema Nacional de Atención Integral del Cáncer, empoderando a las instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología, como parte de una secretaría técnica, esto garantiza que las decisiones sobre protocolos y compras se basen en evidencia científica y no en coyunturas políticas”, detalló.

Explicó que otro de los beneficios previstos es agilizar el acceso a nuevas opciones terapéuticas mediante disposiciones regulatorias; así como incorporar el diagnóstico genómico oportuno para seleccionar el tratamiento adecuado y evitar terapias ineficaces.

“La agilidad regulatoria y la equidad institucional, esto en el artículo transitorio quinto es un hito, mandata a Cofepris emitir lineamientos de reconocimiento mutuo o equivalencia en 120 días, un paciente en México no debe de esperar de 3 a 5 años más que un paciente en otros países para acceder a opciones terapéuticas de nueva generación”.

Además, “se debe incluir el diagnóstico genómico oportuno para definir el tratamiento correcto a la primera, evitando terapias ineficaces que desgastan al paciente y generan desperdicio de recursos públicos”.

Leonardo Arana, director de Casa de la Amistad para niños con cáncer, señaló que la propuesta aborda la continuidad de la atención de jóvenes que cumplen 18 años y son dados de baja de los esquemas pediátricos.

 “Esta iniciativa faculta al Estado a garantizar la continuidad del ciclo terapéutico hasta la estabilización clínica del paciente”. De igual forma, añadió, “este dictamen sienta las bases para prohibir la discriminación financiera basada en el historial clínico devolviendo la dignidad y permitiendo la plena reinserción económica”.

Al concluir, hizo énfasis en que el programa nacional de atención y control del cáncer debe contar con una etiqueta presupuestal sujeta al principio de progresividad a partir del 2027.

“Esto significa que el presupuesto oncológico nunca podrá ser menor al del año anterior blindando los tratamientos infantiles contra cualquier recorte institucional”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados