Ciudad de México, 5 de junio de 2026

Especialistas en materia penal y de procuración de justicia indicaron que el uso de cámaras corporales podría documentar el actuar de los elementos de la policía, a fin de prevenir violaciones a derechos humanos, transparentar la labor de las autoridades y generar confianza en el sistema de justicia.

Durante el foro “Máxima publicidad como garantía de derecho con enfoque en tecnología”, realizado en la Cámara de Diputados y promovido por la diputada Laura Hernández García (MC), Daniel Venegas, juez en retiro, advirtió que las detenciones simuladas y las irregularidades en las investigaciones afectan tanto a personas imputadas como a víctimas.

“Mientras haya opacidad, las malas prácticas van a continuar. Si por el contrario, generamos luz, damos visibilidad a todas estas prácticas institucionales, ello por sí mismo constituye una forma de disuasión”, afirmó.

Propuso la incorporación de herramientas tecnológicas para documentar las actuaciones policiales y ministeriales. “No me digan que el Estado no podría tener ‘body cams’, no me digan que no debería ser establecido en la legislación que las patrullas tengan un sistema GPS”, aseveró.

Magdalena Victoria Oliva, jueza en retiro, indicó que la videograbación por sí sola no resolverá los problemas estructurales de la procuración de justicia, por lo que llamó a fortalecer la carrera ministerial y la profesionalización de los operadores del sistema.

“La demanda de la videograbación no nace del deseo de vigilar al servidor público. Nace de la necesidad de proteger los derechos humanos de todos los involucrados”. Asimismo, dijo, “cuando el Estado invierte en profesionalización, la calidad institucional se multiplica. Cuando se seleccionan a los mejores perfiles, los resultados aparecen”.

Graciela Martínez, exministerio público, planteó la necesidad de eliminar los llamados “puntos ciegos institucionales” mediante registros verificables y auditables del actuar policial y ministerial “en todas sus etapas, eliminando cualquier espacio de opacidad”.

Destacó que la propuesta de “máxima publicidad 360” busca fortalecer la legalidad y recuperar la confianza ciudadana. “Lo que no se registra, no existe jurídicamente. Sin trazabilidad no hay legalidad. La transparencia no debilita el Estado, lo legítima”.

En su oportunidad, Patricia Vázquez, exactivo de “Sinergia Academia” y docente, señaló que la videograbación de entrevistas desde el primer contacto de menores de edad con elementos de seguridad permitiría evitar manipulaciones y garantizar el respeto a sus derechos.

“Videograbemos desde el momento uno, lo que ese niño nos va a decir, y entonces evitemos que tengamos una manipulación de la entrevista”.

Consideró necesario reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para que las entrevistas de menores de edad sean registradas adecuadamente y tengan plena eficacia procesal, dadas las detenciones arbitrarias y abusos de autoridad.

Paulo César Pérez Cuevas, abogado, destacó que ya existen los instrumentos internacionales de derechos humanos que ofrecen herramientas suficientes para controlar la legalidad de las detenciones y proteger la dignidad de las personas, solo que no se ejecutan. 

“Si el derecho se basa en principios, documentar no significa sólo escribir, sino que abre la puerta para que la documentación sea en cualquiera de sus formas, videograbaciones, testigos que sean idóneos, que digan la verdad, policías que digan la verdad. Por eso, como dice Ronald Dworkin, no es un problema de reformas, sino tomar los derechos en serio”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados