Ciudad de México, 1 de julio de 2026

Ante las preocupantes problemáticas operativas derivadas de la imposición de multas administrativas y presiones hacia empresas concesionarias en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, el diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a intervenir de manera inmediata para garantizar la continuidad de los servicios y deslindar responsabilidades penales o administrativas.

Zamora Gastélum alertó que las acciones que amenazan con la remoción o inhabilitación física de la infraestructura estratégica en la demarcación ponen en riesgo inminente de incomunicación a miles de habitantes, una situación grave que ya ha cobrado relevancia en análisis especializados sobre el entorno económico y de seguridad en la entidad. El legislador subrayó que las telecomunicaciones no son un simple bien comercial, sino un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 6º de nuestra Constitución, esencial para el funcionamiento de hospitales, escuelas, el comercio y los sistemas de seguridad pública.

“En el contexto tan complejo que vive Sinaloa, mantener la conectividad digital y telefónica es un factor crítico de supervivencia, estabilidad social y seguridad para las familias. Dejar incomunicada a una comunidad regional significa privar a una madre, a un comerciante o a un joven de la posibilidad de pedir auxilio en una emergencia o de realizar sus actividades económicas más básicas. Es inadmisible que controversias de índole fiscal o reglamentaria local escalen al grado de afectar de manera directa un servicio público fundamental. La recaudación municipal jamás puede estar por encima de la seguridad y los derechos constitucionales de las y los sinaloenses”, manifestó el legislador.

Asimismo, el congresista del PRI precisó que la regulación, vigilancia y sanción de la infraestructura fija y móvil de comunicaciones es una competencia exclusiva de la Federación. Advirtió que cualquier intento unilateral por retirar o afectar las redes públicas de telecomunicaciones no solo representa una flagrante invasión de esferas competenciales, sino que podría constituir la comisión de delitos contra las vías generales de comunicación previstos en las leyes penales de nuestro país.

“Necesitamos proteger preventivamente el Estado de Derecho y dar certidumbre jurídica a los operadores estratégicos —como Megacable, Total Play y demás concesionarios— que realizan inversiones de gran calado indispensables para el desarrollo de Sinaloa. No queremos que las disputas administrativas locales terminen pagándolas los ciudadanos con un apagón digital. Hacemos un llamado respetuoso pero enérgico para que las autoridades federales actúen con prontitud, verifiquen la legalidad de los actos señalados y abran canales de diálogo institucional que salvaguarden el interés colectivo”, concluyó Zamora Gastélum.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados