Azcapotzalco, Ciudad de México, 3 de agosto de 2026

El Presupuesto Participativo es dinero de las y los vecinos, no una caja chica para contratos opacos. En Azcapotzalco, la fiscalización del ejercicio 2024 exhibe una serie de irregularidades que la administración de Nancy Núñez Reséndiz debe explicar públicamente y, sobre todo, aclarar ante las instancias competentes.

De acuerdo con la Auditoría Interna A-02/2025, “Adquisiciones, arrendamientos y Prestación de Servicios 2024”, realizada por el Órgano Interno de Control de Azcapotzalco, se detectaron inconsistencias relacionadas con contratos vinculados al Presupuesto Participativo, entre ellas la falta de documentación comprobatoria de bienes y servicios, ausencia de evidencia de trabajos realizados, pagos pendientes de aclarar y omisiones en la aplicación de penas convencionales.

Uno de los casos más graves corresponde al contrato DGAF/DCCM/IR/120/2024, celebrado con Producciones Tu Sabe S.A. de C.V., por un monto mínimo de 1 millón 662 mil 500 pesos, para servicios culturales, recreativos, deportivos y cívicos. El órgano fiscalizador señaló que no se aportaron reportes de actividades, evidencia fotográfica de la totalidad de los eventos, registros de participantes, listas de asistencia, material de difusión ni informes que acreditaran suficientemente los servicios contratados.

La fiscalización también documentó deficiencias en expedientes relacionados con la adquisición de vara de perlilla, pinturas, thinner y brochas, así como servicios de limpieza profesional y mantenimiento de áreas verdes. Entre la documentación faltante se encuentran facturas, cuentas por liquidar, convenios modificatorios, vales de entrada y salida de almacén y documentos que acrediten la recolección y disposición final de productos de poda.

Otro señalamiento apunta directamente al dinero público: en la remisión número 035, el órgano fiscalizador constató que los bienes fueron entregados 10 días después de la fecha establecida en el contrato. Pese al retraso, la alcaldía no acreditó la aplicación de las penas convencionales correspondientes por 19 mil 506 pesos. Es decir, además de incumplirse los tiempos establecidos, tampoco quedó acreditado el cobro de la sanción prevista.

El caso más contundente es el contrato DGAF/DCCM/ADC/105/2024, cuyo importe original ascendió a 1 millón 995 mil 200 pesos. Aunque la alcaldía argumentó la cancelación de servicios, el órgano fiscalizador determinó que permanecía un monto de 392 mil 999 pesos por aclarar. A ello se suma que la documentación fiscalizada arrojó un total de 3 millones 170 mil 63 pesos relacionado con servicios cuya prestación no quedó debidamente acreditada, de acuerdo con los resultados difundidos de la auditoría.

Además, la revisión de la Auditoría Superior de la Federación sobre contratos de la alcaldía confirmó deficiencias en la integración de expedientes: en los contratos DGAF-DCCM-ADC-105-2024 y DGAF-DCCM-ADC-021-2024 no se presentaron las opiniones de cumplimiento positivas, situación que derivó en una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realizara las investigaciones correspondientes. (Auditoría Superior de la Federación⁠)

El mensaje es claro: el Presupuesto Participativo pertenece a las vecinas y vecinos de Azcapotzalco, no a los funcionarios ni a los proveedores. Nancy Núñez debe explicar qué ocurrió con estos recursos, qué servicios fueron realmente entregados, por qué existen montos pendientes de aclarar y por qué no se aplicaron las sanciones correspondientes. En democracia, el dinero público se administra con transparencia: si hay pruebas de irregularidades, deben deslindarse responsabilidades y cada peso debe ser comprobado.