Los delincuentes han aprovechado el sistema keyless, una tecnología que permite abrir, cerrar y encender un vehículo de manera electrónica, para diseñar una nueva forma de robar automóviles, sin ruido, sin daño visible y, en muchas ocasiones, sin dejar rastro o utilizar violencia, advirtió la senadora Gina Campuzano González.
Ciudad de México, 6 de septiembre de 2026
La iniciativa propone incluir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que las autoridades implementen campañas de prevención, alfabetización digital y protección de datos personales.
El objetivo es combatir la impunidad y el impacto emocional del ciberacoso (estrés, miedo e inseguridad) que afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y a quienes tienen presencia pública.
Ante el incremento de agresiones en entornos virtuales, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La reforma busca adicionar una fracción VII al artículo 8 de dicha ley, con el objetivo de obligar a las autoridades competentes a implementar campañas permanentes de prevención, alfabetización digital y protección de datos personales.
La legisladora priista subrayó la urgencia de transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo y recordó que millones de mujeres en México han sido víctimas de ciberacoso.
“La dignidad y la salud mental de las mujeres no pueden quedar al arbitrio de la autorregulación”, señaló, al tiempo que destacó que la medida pretende garantizar que el entorno digital sea un espacio seguro para el ejercicio pleno de sus derechos, fortaleciendo el marco jurídico frente a nuevas formas de violencia.
Ana González destacó que su propuesta fomenta una cultura de respeto, responsabilidad y protección de los derechos humanos en el ámbito digital, reconociendo que deben garantizarse tanto en los espacios físicos como en aquellos que se desarrollan mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
En consecuencia, apuntó, establecer expresamente esta obligación en la legislación es indispensable para fortalecer las capacidades de la población, reducir factores de riesgo y construir entornos digitales más seguros y respetuosos.
Finalmente, la congresista del PRI sostuvo que esta disposición permitirá transitar hacia un enfoque preventivo y educativo, donde las instituciones públicas contribuyan a generar una ciudadanía con mayores herramientas para desenvolverse de manera segura en la red.
Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados