6 de noviembre de 2026

En muchas ocasiones son servidores públicos, despachos y notarios quienes les quitan a las personas sus propiedades, señala la senadora del PRI

El despojo de viviendas es uno de los problemas más complejos que enfrentan las y los mexicanos, particularmente cuando está vinculado con la delincuencia organizada, en la que participan servidores públicos, despachos de abogados, notarios y otros actores que, mediante prácticas ilegales, privan a las personas de sus inmuebles, advirtió la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI señaló que este delito se manifiesta de diversas formas, desde el uso de la violencia y el fraude, hasta la suplantación de identidad, la ocupación ilegal de inmuebles y la falsificación de documentos.

Por ello, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los estados, a que tomen las medidas necesarias para investigar, atender y sancionar el delito de despojo.

En el documento, que fue turnado a la Comisión de Justicia, la legisladora también propuso que se lleven a cabo acciones de capacitación en la materia y se dote de recursos al personal que atiende estos casos, a fin de que se garantice el derecho a la propiedad mediante procesos ágiles, transparentes y conforme a derecho.

Indicó que es necesario que las autoridades pongan más atención cuando el despojo lo realizan personas que simulen tener un cargo público; se suplante la identidad del legítimo propietario, del poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando participe una persona titular de una notaría pública en ejercicio de sus funciones o que sea cómplice del delito; así como quienes, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos reservados.

Aseveró que actualmente no existe una cifra exacta de viviendas que se encuentran en ocupación irregular y esto obedece a diferentes causas, entre las cuales se encuentra que son inmuebles que están pendientes de sucesión testamentaria, en juicio o algún proceso jurídico de embargo o en poder de familiares sin formalidad y certeza jurídica.

Karla Toledo dijo que es más fácil que se concreten los abusos de despojo cuando las personas propietarias no tienen en orden la documentación de su terreno o inmueble, o bien sus documentos carecen de una escritura pública, un registro vigente o un litigio pendiente en medio de la ambigüedad que requiere dar certeza jurídica las personas.

Este delito es cada vez más común y sofisticado y se facilita por procesos judiciales lentos, así como por complicidad entre los grupos de la delincuencia organizada y personas servidoras públicas, por ello, es fundamental que las autoridades se coordinen para investigarlo, atenderlo y sancionarlo, concluyó Toledo Zamora.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados