Ciudad de México, 25 de mayo de 2026

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó seis opiniones de impacto presupuestario a iniciativas que expiden igual número de legislaciones, entre ellas la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y abroga la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena).

Por 29 votos a favor y siete en contra, dicha propuesta tiene como finalidad expedir una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para garantizar, a través del sistema de medios de impugnación, que los actos y resoluciones de las autoridades en los procesos electorales y de participación ciudadana se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Por ello, la Comisión determinó que este proyecto no generaría un impacto en el gasto público, en virtud de que no crea unidades administrativas, programas presupuestarios o plazas adicionales que representen nuevas obligaciones para la Federación.

Precisa que, si bien la iniciativa atiende la perspectiva de género y a los grupos vulnerables que acuden al sistema de impugnación en materia electoral, estas obligaciones están contenidas en el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

Por 40 votos a favor, se dio visto bueno a la opinión a la iniciativa que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, presentada por el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente (PAN).

Su objetivo es establecer las bases y criterios generales para la protección de los animales domésticos y comunitarios, así como definir la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno conforme al régimen de concurrencia previsto en la Constitución.

Con base en ello, la Comisión resolvió que el proyecto no genera un impacto presupuestario para la Federación, ya que las actividades previstas encuadran en el área de competencia vigente de las autoridades involucradas, en las que se identificaron programas y destinos de gasto en el PEF 2026, vinculados con protección ambiental, sanidad y regulación animal que podrían atender las acciones previstas en la iniciativa.

Además, con 29 votos a favor y siete en contra, se avaló la opinión a la iniciativa que da lugar a la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, de la autoría de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara y del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, ambos del PRI.

Dentro de sus objetivos, se encuentra establecer el tipo penal homologado de feminicidio, sus sanciones y agravantes aplicables en todo el territorio nacional; fijar las bases de coordinación entre la Federación, las entidades, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, investigar, perseguir, sancionar y reparar integralmente el delito de feminicidio, así como la tentativa de este.

También, garantizar el derecho humano de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, a la igualdad sustantiva, al acceso efectivo a la justicia y a la reparación integral del daño; fortalecer las capacidades institucionales de las fiscalías federales, estatales y municipales, de los cuerpos policiales, servicios periciales y de los órganos jurisdiccionales en la persecución e investigación del feminicidio.

En este sentido, la Comisión opinó que de aprobarse la iniciativa generaría un impacto presupuestario no cuantificable derivado de la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos por Razón de Género, por la instauración de prestaciones económicas para víctimas indirectas y sobrevivientes de feminicidios.

Asimismo, por los pisos mínimos de gasto con blindaje de progresividad, por la implementación del Banco Nacional de Datos sobre Feminicidio y el Sistema Unificado Nacional de Valoración de Riesgo de Feminicidio, y por el incremento de las obligaciones operativas de las instituciones responsables; no obstante, la magnitud precisa del gasto requerido depende de variables cuya medición no es viable con la información disponible.

Por 40 votos a favor, la Comisión ratificó su opinión a una propuesta para expedir la Ley de Promoción al Consumo y Fomento a la Competitividad del Calzado Mexicano, suscrita por el diputado Fernando Torres Graciano (PAN), que tiene como objetivo fomentar y promover la producción, uso y consumo, así como elevar la cadena productiva del calzado nacional.

Al respecto, se concluyó que de aprobarse tal iniciativa no generaría impacto presupuestario, ya que las actividades previstas encuadran dentro de la competencia vigente de las autoridades involucradas, como las secretarias de Economía y de Relaciones Exteriores.

De igual forma, con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), además de que el Gobierno Federal ha emitido normatividad para proteger y promover la industrial del calzado, como lo marca la iniciativa.

También con 40 votos a favor, fue aprobada la opinión a otra iniciativa a fin de generar la Ley Federal de Seguridad Carretera, que promueve el diputado Armando Tejeda Cid (PAN), a efecto de regular la obligación del Estado para garantizar que las carreteras federales sean espacios donde personas y mercancías puedan circular sin ser víctimas de delitos.

Ante ello, las y los integrantes de la Comisión establecieron que la iniciativa de Ley no genera un impacto presupuestario en el erario público federal, debido a que su implementación estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal aprobada para el actual ejercicio fiscal, en términos de lo estipulado en el artículo 60 de la propia Ley de Seguridad Carretera.

Con 36 votos a favor y seis en contra se avaló la opinión a la iniciativa por la que se expide la Ley Federal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, suscrita por el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena).

Tiene como objetivo prevenir las amenazas que dichos entornos representan para la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes, establecer mecanismos efectivos de reporte, respuesta y reparación del daño; asignar responsabilidades claras a los prestadores de servicios digitales y a las autoridades competentes, además de garantizar la enseñanza del civismo digital como política de Estado en el sistema educativo nacional.

En este sentido, la Comisión consideró en su opinión que la propuesta no generaría un impacto presupuestario, toda vez que las acciones, atribuciones y mecanismos previstos pueden ser atendidos con cargo a las estructuras orgánicas, funciones institucionales, programas presupuestarios y recursos actualmente autorizados a las dependencias y entidades involucradas.

Las opiniones aprobadas fueron remitidas a la Comisión correspondiente para continuar su trámite legislativo.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados