Ciudad de México, 7 de agosto de 2026

“La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es fundamental para hacer frente a los retos ambientales”, afirmó la subsecretaria de la Semarnat, Ileana Villalobos Estrada

La actualización de los instrumentos de la política de medio ambiente y recursos naturales, como la evaluación de impacto ambiental, es primordial para avanzar en la sustentabilidad de nuestro desarrollo con bienestar, puntualizó el responsable jurídico de la secretaría, René Sánchez Galindo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inauguró el Foro Nacional: Retos, oportunidades y propuestas para el fortalecimiento de la legislación ambiental en México, celebrado en la Cámara de Diputados.

En representación de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, destacó la importancia de fortalecer el marco jurídico para atender los principales retos ambientales del país. En ese sentido, celebró la actualización de las leyes en materia de agua, así como la creación de la nueva Ley General de Economía Circular y subrayó “que es ya prioritaria la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)”.

“Debemos atajar los problemas ambientales que tiene nuestro país y proteger el ambiente que es tarea de todos. Nuestro país hoy tiene esta LGEEPA que tenemos que modernizar y adecuarla a las nuevas circunstancias ambientales y de recursos naturales”, remarcó.

Villalobos Estrada especificó que, de la mano de la política ambiental de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Bárcena Ibarra ha lidereado desde la Semarnat, junto con sus órganos desconcentrados y descentralizados, la formulación de propuestas de reforma robustas respecto al cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, para entregar a la sociedad, así lo fue para la generación de la nueva Ley General de Economía Circular que impulsa el andamiaje institucional para avanzar significativamente en materia de reutilización, reciclaje y valorización de los residuos, enfatizó.

En su oportunidad también hay que revisar la Ley General de Cambio Climático (LGCC), precisó. “México trata de estar al día en las obligaciones internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otras relativas a la biodiversidad y a las sustancias químicas; tenemos diversas obligaciones con relación al manejo adecuado y a la reducción de las sustancias químicas, en particular del mercurio”, agregó.

Además, anticipó la propuesta de creación de otras medidas de conservación como son los corredores biológicos, terrestres y marinos, paisajes bioculturales y unidades de manejo de la vida silvestre, previstas en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS)..

En su intervención, el coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, René Sánchez Galindo, detalló que la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica van de la mano en el proceso de autorización por el Gobierno.

“El dictamen de la evaluación ambiental estratégica establece, con un rigor técnico qué nivel de autorización de impacto ambiental o incluso de aviso se requiere dentro de un proyecto; el gobierno es la instancia que le da impulso, y por esta vía, la Semarnat decide en torno a esta evaluación estratégica porque se trata de una política pública”.

Por su parte, el subprocurador de Litigio Estratégico y Justicia Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Marco Esquivel afirmó que, así como la autoridad, los empresarios deben tener como premisa el concepto de previsión y velar por el respeto al medio ambiente y los ecosistemas.

“Anticipar y no esperar a que se presente el daño. Con la tecnología que existe actualmente ya es factible identificar dónde puede haber afectaciones. El Estado y también las empresas deben actuar con diligencia con una tarea a partir de la prevención”, indicó.

Asimismo, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, secretario de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que durante 25 años el país ha sufrido un constante deterioro de los recursos naturales y ha perdido cinco millones de hectáreas arboladas.

El que dañe los recursos naturales que pague las consecuencias y restaure, estableció. Debemos distribuir competencias entre Federación, entidades federativas y los municipios, así como regular la evaluación del impacto ambiental, indicó.

Se trata de crear instrumentos como el ordenamiento ecológico del territorio y ofrecer sustento jurídico a la conservación de la biodiversidad, la protección de las áreas naturales protegidas y la prevención y control de la contaminación.

En ese sentido, actualizar la responsabilidad de los municipios en el cambio de uso de suelo, del crecimiento urbano desordenado y de la contaminación de los cuerpos de agua, pues la gran mayoría no ha hecho planeación con un programa de ordenamiento ecológico del territorio, resumió.

Texto y Fotografía: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales