Ciudad de México, 5 de noviembre de 2025

Por Ricardo Monreal Avila

¿En qué momento inició la espiral de violencia, inseguridad y cartelización de Michoacán? Los anales históricos consignan la fecha y la autoría: diciembre de 2006, durante una gira del entonces presidente Felipe Calderón, quien, vestido con una casaca extra grande, tipo militar, y portando las cinco estrellas de comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas, realizó expresamente una gira por su tierra natal, Michoacán, para declarar la guerra del Estado mexicano contra los cárteles de la droga a nivel nacional.

Urgido de una legitimación que el fallo del Tribunal Electoral Federal no pudo obsequiarle, por el estrecho margen con que se hizo de la Presidencia, la “guerra contra las drogas” parecía abrirle una ventana de oportunidad para el reconocimiento ciudadano de facto.

La búsqueda de ese reconocimiento, que no se alcanzó con aquella estrategia, trajo consigo la atomización de los grupos criminales de la “delincuencia organizada””, concepto, este último, acuñado en 1929 por el criminólogo estadounidense John Ladesco, para describir las operaciones delictivas de grupos mafiosos. El adjetivo “organizada” alude a su naturaleza corporativa: actúan como sindicatos, ligas o coaliciones que coordinan esfuerzos mediante violencia, soborno e intimidación.

La fortaleza de estas organizaciones radica en su capacidad para establecer alianzas en todos los niveles del Estado -incluyendo esferas políticas y militares-, valiéndose de la corrupción para operar con impunidad. Cuando estas redes trascienden fronteras, la ONU las clasifica como “delincuencia organizada transnacional”.

De acuerdo con fuentes oficiales y análisis de seguridad internacional, aproximadamente una decena de cárteles mexicanos han sido reconocidos como delincuencia organizada transnacional por su alcance global, influencia en múltiples países y capacidad para operar más allá de las fronteras del país. Su estructura celular y jerárquica, de carácter paramilitar, con división de tareas y comunicación restringida a mandos superiores, les confiere flexibilidad y resiliencia.

Según analistas, la violencia en México -especialmente en las zonas fronterizas y en estados históricamente azotados por la delincuencia organizada, como Michoacán- evidencia una tendencia comparable a las guerras de contra insurgencia en Centroamérica.

Del mismo modo, fuentes de inteligencia nacionales e internacionales coinciden en que el Estado mexicano se ha convertido en blanco de escuadrones de la muerte, cuyas ejecuciones exigen una respuesta coordinada de los tres poderes públicos.

Este fenómeno criminal socava los cimientos del Estado de derecho, distorsiona todo concepto de seguridad -pública, laboral, nacional- y afecta transversalmente a la sociedad, por lo que es impostergable ampliar los espacios de debate sobre su naturaleza e implicaciones, así como sobre las posibles vías para proceder a su eventual erradicación.

La administración federal 2006-2012 abordó el gran problema de la delincuencia organizada desde una perspectiva miope, excluyente, simplista, privilegiando la militarización del país y, consecuentemente, el gasto en pertrechos y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Mientras el gasto global en seguridad creció un 4 % anual desde 2006, en México el presupuesto combinado para seguridad nacional y pública aumentó un 15 %.

Entre 2006 y 2010, la Secretaría de Seguridad Pública federal (cuyo titular hoy se encuentra preso en Estados Unidos) incrementó su asignación en un 190 % -de $10,500 a $33,375 millones de pesos-. La opacidad en el ejercicio de estos recursos -con discrepancias en las cifras aprobadas para 2011- generó, como era de esperarse, serios cuestionamientos sobre su gestión y, principalmente, sobre la ausencia de resultados.

Y desde entonces, Michoacán se desangra en una espiral de violencia e impunidad que parece no tener fin, pero que ya agotó la paciencia ciudadana, misma que ha visto aplicar tres estrategias distintas de tres gobiernos federales diferentes, con tres partidos distintos. Y el problema sigue allí, soterrado, no solucionado.

El otrora principal centro Purépecha es ahora la entidad con el mayor número de cárteles y grupos de autodefensa; con el mayor número de autoridades municipales ultimadas; donde por primera vez se atentó contra la población civil en un evento cívico (la ceremonia del Grito de Independencia de 2008 en Morelia), con una traza que hoy no habría duda de calificar como narcoterrorismo, y que ahora vuelve a cimbrar al país, a la opinión pública y a la redes, con el asesinato artero, en plena plaza pública, del Alcalde de Uruapan, de origen independiente, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien llegó a gobernar con una sola bandera: combatir el secuestro, la extorsión y la inseguridad desde el gobierno municipal.

Fundada por el fraile franciscano Juan de San Miguel, en 1534, Uruapan llegó a ser considerada una República de Indias, y el mestizaje ha estado presente desde su fundación, por la rápida asimilación y combinación de los pueblos originarios de la región con las misiones españolas, tanto religiosas como militares.

Si viviera el fundador de la micro historia de los pueblos mexicanos, Luis González, diría que en Uruapan la honra y el valor se heredan de generación en generación. La familia Manzo, de raíces italianas y españolas, tiene amplia raigambre en la región; son conocidos, respetados y queridos en su mayoría, y muchos de sus integrantes, como otros apellidos asociados con la fundación de los municipios de la región, primero se arman de valor y honra antes que dejarse intimidar “por partidas de bandidos y facinerosos”, como se describía a los cárteles en el siglo XIX.

Más aún, durante la fundación de las entidades federativas, en la Primera República Federal mexicana, muchas de las Constituciones locales consideraban una “obligación ciudadana tomar las armas en defensa de los pueblos en que vivan cuando sean amenazados por partidas de facinerosos, bajo las disposiciones de la autoridad local”. Es decir, el reconocimiento legal de las autodefensas. Actualmente, ninguna Constitución local contiene ya disposición parecida, pero el derecho consuetudinario se mantiene en varias regiones del país.

En Uruapan no solo asesinaron a su Alcalde: ultimaron el apellido de una de las familias históricas de la región, y frente a estos agravios, el duelo del pueblo se vive en vilo… aunque nunca faltan las aves carroñeras que vuelan envilecidas y quieren hacer del dolor un festín de facinerosos políticos.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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