El Asalto a la Razón

Difícil suponer que Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, no entienda lo dicho por el Presidente sobre sus reuniones con autodefensas implicadas en actos criminales. De la reciente en La Huacana, Andrés Manuel López Obrador afirmó: “Él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar. Ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establecen la Constitución y las leyes.

—¿Entonces, no está de acuerdo? —le preguntaron en la mañanera.

—No estoy de acuerdo.

—No lo avala…

—No.

Horas después, con Joaquín López-Dóriga, el funcionario aseguró que acatará, pero sostuvo que no se ha reunido con gente armada en Tamaulipas ni en Michoacán. “Tengo que cumplir con las instrucciones del Presidente. Si nos dice que lo tenemos que suspender, lo haremos como él lo indica”, prometió, y argumentó que se ha reunido “con personas que tienen años de no ser atendidas por tres gobiernos; que desafortunadamente se han ido estigmatizando todas estas comunidades como si fueran delincuentes. Yo no he visto ni una sola persona armada en estas reuniones; mucho menos hemos tenido encuentros con delincuentes e integrantes del crimen organizado. Lo menos que debemos hacer es atender a la gente que se ha sentido agraviada por la ausencia del Estado. Quienes viven en La Huacana, Michoacán (hubo 40 mil asistentes y no vi personas armadas. Sería tanto como que señaláramos que son 40 mil delincuentes), y en Hidalgo, Tamaulipas, se han referido a ellos como delincuentes y eso tiene que parar. Hoy el gobierno está siendo muy sensible a las peticiones que nos han hecho”, reveló, y explicó que se trata de restaurar el tejido social con las comunidades estigmatizadas y olvidadas del desarrollo económico…”.

1. Algo es algo. Sin definir el monto, el gobierno de Nuevo León suspendió parcialmente la pensión de Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón. La justicia comienza a cobrarle factura al mandatario. Fue la Unidad Anticorrupción de la Contraloría la que ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que procediera con la suspensión. Organizaciones no gubernamentales, que pidieron acabar con el nepotismo del mandatario, detallaron que, aunque solicitaron el monto que recibirá Teresa Martínez, no les fue proporcionado. Exigieron que se investigue a quienes autorizaron el aumento al sueldo de la exfuncionaria: nomás 144 por ciento. Por fortuna, nunca prosperó la idea de El Bronco de cortarle las manos a los delincuentes… Que si no.

2.  Móchate. No quedó en el tintero el tema revelado el pasado miércoles por la diputada morenista Inés Parra Juárez, quien acusó a su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, de “meter mano” al presupuesto de cultura 2019 y pedir moches para “palomear” proyectos a financiar con recursos públicos. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, instruyó a la Contraloría a investigar el caso. “Eso se tiene que extirpar y ahora nos vamos a ir fondo, quien sea culpable de moches, tiene una sanción de desafuero, y es un delito, también, es un peculado en el apoderamiento de bienes de la nación. Aquí hay seriedad y esta Cámara es respetable y lo va a ser cada vez más, combatiremos cualquier vicio y exceso”. Que no sea cierto o Mayer será el primer descalabrado legislativo.

Arsenal

En la 4T ya se hicieron bolas con el tema del diálogo con los grupos armados (¿autodefensa o crimen organizado?). Ya no saben cómo dar credibilidad a la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”.

Las cifras de homicidios, secuestros, asaltos a mano armada rompen récords, evidencian el fracaso de los abrazos.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hizo una extraña declaración en la que admitió que se dialoga con estos grupos. Lo curioso es que se empleó a fondo para convencer de la prisa que traen los violentos por devolver la paz a México.

Se armó tal barullo que el presidente López Obrador tuvo que salir a decir, tajante, que su gobierno no dialoga con criminales. El mero-mero de la 4T le jaló las orejas al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, por haberse reunido con las autodefensas de la Huacana, Michoacán.

Para ponerlo en palabras del gobernador perredista de esa entidad, Silvano Aureoles, Peralta fue al municipio michoacano a “premiar” a los que humillaron e insultaron a elementos del Ejército.

Lo que se dice en Bucareli es que el subsecretario Ricardo Peralta comenzó a hacer la chamba para la que lo llevaron a la Secretaría de Gobernación; a saber: emprender negociaciones con diversos grupos para que depongan las armas.

No son negociaciones sencillas, sino complejas y largas. Pasan por no descalificar a esos grupos en los medios de comunicación, pues eso eleva exigencias y complica llegar a un acuerdo.

Sacaron a Peralta de la Administración de Aduanas, a las que debería limpiar, porque su perfil era el idóneo para esa tarea que conlleva incluso riesgos personales.

El plan del diálogo con esos grupos armados era conocido por todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, comenzando, claro, por el Presidente. El problema, dicen, es que tal vez Peralta emprendió la negociación sin la palomita del mandatario y eso, en esta administración, es inadmisible.

El Cristalazo

Indudablemente, uno de los beneficios cotidianos de las conferencias matutinas del Señor Presidente es su utilidad para aclarar las cosas en el trajinado transcurso de los días nacionales.

Después de la conferencia uno queda siempre con la serena convicción de no haber entendido nada. Todo queda tan claro como el lodo.

El SP hipnotiza, catequiza, reparte bendiciones y anatemas, exculpa o inculpa; veces se disculpa; otras niega la culpa y a final de cuentas todo se disuelve en agua de borrajas.

El sainete de declaraciones entre la señora secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez “Florero” y el subsecretario de Bucareli, Ricardo Peralta, quien siempre le juega las contras y en el dominó le marcaría la de seises, llegó a un punto culminante en la conferencia de ayer por la mañana, convertida a veces en púlpito y en otras en confesionario, dada la muy aparente capacidad inquisitiva de los asiduos a esa extraña forma de madrugar.

Pulso Político

Se refirió a los que frenan Santa Lucía

Andrés Manuel López Obrador

Tras la suspensión definitiva concedida por un juez federal que frena la construcción del aeropuerto internacional en Santa Lucía por el daño ambiental que causaría, que el  presidente López Obrador insiste en tildar  de “sabotaje legal”, lo llevó a una nueva velada crítica al Poder Judicial por lo que considera el otorgamiento de amparos por “motivación política”.

“No es el medio ambiente, no es oposición de los pobladores. Se trata de hacer un aeropuerto donde ya hay un aeropuerto. No hay ninguna razón, sólo es una motivación política, es el interés de hacernos quedar mal, es el interés de detenernos para que no cumplamos un compromiso”, dijo ayer en su mañanera.

Además, aseguró que no son 20 sino 80 los amparos que se han presentado para impedir que esa obra se inicie –la mayoría si no es que la totalidad por parte del colectivo &NoMásDerroches, que también ha logrado evitar que se destruya lo construido en el nuevo aeropuerto de Texcoco, el NAIM- y que “pueden ser 147  los que se acumulen”, pero ofreció que su gobierno no va a violar los procedimientos legales.

“Lo único que digo es que hay casos en los que se ha dado una especie de sabotaje legal, pero no dejo de hablar -reconocer- que es legal”, insistió, al señalar que “políticamente no quieren que se cumpla con el compromiso de la nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, impulsada por su administración porque “quieren hacernos quedar mal”.