El portal de noticias donde los políticos se miden y son medidos.
Plantean tipificar el delito de usurpación de identidad y sancionar de dos a diez años de prisión a quien lo cometa
La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) impulsa una iniciativa para tipificar en el Código Penal Federal el delito de usurpación de identidad e imponer una pena de dos a diez años de prisión y hasta cuatrocientos días multa.
Partido del Trabajo en el Senado de la República propone reforzar la vigilancia sanitaria en procedimientos estéticos invasivos
Ciudad de México, 30 de agosto de 2026
Para reforzar la protección de la salud y garantizar que los procedimientos estéticos invasivos se realicen bajo condiciones seguras, profesionales y con autorización sanitaria, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso reformas a la Ley General de Salud para regular su práctica, publicidad y vigilancia.
Mediante una iniciativa presentada las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, plantean modificar diversos artículos de la Ley General de Salud y crear nuevas disposiciones para fortalecer el control sanitario de las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, así como de los procedimientos estéticos invasivos.
La propuesta busca establecer una definición clara de procedimiento estético invasivo, que comprenda intervenciones como incisiones, punciones, infiltraciones, inyecciones o penetración de la piel y tejidos, así como la introducción de medicamentos, anestésicos, toxina botulínica, ácido hialurónico, rellenos dérmicos, sustancias modelantes, biopolímeros, enzimas, implantes e hilos tensores, entre otros productos.
Asimismo, plantea que estos procedimientos solamente puedan ser realizados por profesionales de la medicina con título y cédula profesional legalmente expedidos, además de contar con la capacitación, certificación o especialidad correspondiente, de acuerdo con el grado de complejidad y riesgo de cada intervención.
La iniciativa también establece que los procedimientos estéticos invasivos no podrán realizarse por personas sin formación médica ni en salones de belleza, estéticas, spas, domicilios particulares, hoteles, establecimientos comerciales o lugares improvisados que no cuenten con la autorización sanitaria correspondiente.
Los servicios cosméticos superficiales que no impliquen ruptura de la piel, introducción de sustancias o riesgos para órganos y tejidos podrán continuar realizándose.
De igual manera, se propone crear un Registro Nacional de Profesionales y Establecimientos Autorizados para la Práctica de Cirugía Plástica y Procedimientos Estéticos Invasivos, que será público, gratuito, electrónico, accesible y permanentemente actualizado, con información sobre profesionales, cédulas, especialidades, procedimientos acreditados, establecimientos y licencias sanitarias.
La inscripción en este registro sería obligatoria para ofrecer, publicitar o realizar cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas o procedimientos estéticos invasivos, con el propósito de que la población pueda verificar si quien presta el servicio cuenta con la preparación necesaria y si el establecimiento tiene autorización sanitaria.
En materia de publicidad, el GPPT propone que toda promoción difundida en medios impresos, electrónicos, digitales, plataformas o redes sociales incluya de manera clara y verificable el nombre del profesional responsable, su cédula, el certificado de especialidad cuando corresponda, la licencia sanitaria del establecimiento y la inscripción en el Registro Nacional.
También se prohibiría la publicidad que atribuya falsamente la calidad de médico especialista, garantice resultados, minimice los riesgos, utilice testimonios engañosos, anuncie procedimientos en establecimientos no autorizados o promueva sustancias sin registro sanitario. Las plataformas digitales y redes sociales deberán retirar o inhabilitar la publicidad ilícita cuando sean notificadas por la autoridad sanitaria competente.
La propuesta contempla además fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud, la COFEPRIS y las autoridades sanitarias estatales para realizar visitas periódicas de verificación, establecer mecanismos de denuncia ciudadana, suspender actividades ante riesgos inminentes y asegurar medicamentos, sustancias, dispositivos o instrumentos que carezcan de autorización o procedencia legal.
De acuerdo con la iniciativa, durante 2023 se realizaron en México aproximadamente 1.7 millones de procedimientos estéticos, quirúrgicos y no quirúrgicos. El documento advierte que el crecimiento de esta actividad también ha favorecido la aparición de personas y establecimientos sin preparación profesional, certificación o autorización sanitaria.
La problemática representa un riesgo para la salud, pues una intervención realizada de manera incorrecta o con sustancias no autorizadas puede provocar infecciones, hemorragias, reacciones alérgicas, lesiones, cicatrices permanentes, deformaciones e incluso consecuencias graves como necrosis, pérdida de la visión o daños permanentes.
En agosto de 2022, la COFEPRIS detectó 11 clínicas clandestinas en operativos realizados en la Ciudad de México, Estado de México y Baja California; de ellas, 10 fueron suspendidas y una clausurada, debido, entre otras irregularidades, a la falta de licencias sanitarias y personal que no acreditó su preparación académica.
Las y los legisladores del PT sostienen que “la salud y la vida de las personas deben estar siempre por encima de cualquier interés económico”, al señalar que regular los procedimientos estéticos invasivos no busca limitar la libertad de decidir sobre el propio cuerpo, sino garantizar que esa decisión se ejerza de manera libre, informada y segura.
Finalmente, la iniciativa propone sanciones administrativas de cinco mil a veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para quienes realicen procedimientos invasivos sin cumplir los requisitos profesionales o sanitarios, permitan su práctica por personas no autorizadas, utilicen sustancias no registradas o difundan publicidad irregular.
Estas sanciones podrían acompañarse de la clausura temporal o definitiva del establecimiento y el aseguramiento de productos; en caso de reincidencia o riesgo grave para la salud, procedería la clausura definitiva.
Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Salud; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.
Puedes consultar el documento completo en el siguiente enlace: