Ciudad de México, 27 de marzo de 2026

Con su permiso, Presidenta. 

Como lo instruyó, vamos a presentar la actualización y el informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, hasta la fecha.

Es un trabajo conjunto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Agencia de Transformación Digital. 

Hablar de la desaparición de personas en nuestro país es doloroso y representa para las familias, para los mexicanos y las mexicanas una herida que requiere la atención más prioritaria del Gobierno de México, y de las y los gobernadores, las fiscalías, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 

La desaparición de personas en México es un delito que se puede separar en dos momentos históricos: El primero, de acuerdo con los informes y estudios de memoria histórica y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ubica como la llamada Guerra Sucia, en el periodo de la década de los 50 a los 90 del Siglo XX, y se refiere a la desaparición forzada cometida desde el Estado y ordenada desde las más altas esferas del poder político. 

En esta etapa, el Estado utilizó la desaparición forzada para reprimir a opositores, disidentes e integrantes de movimientos sociales, obreros, campesinos, magisteriales y estudiantiles, por su forma de pensar y por su protesta contra el autoritarismo. 

La segunda etapa, se refiere al periodo contemplado, a partir de la irresponsable guerra contra el narco, declarada en diciembre de 2006, cuando inicia un periodo de desaparición de personas relacionadas, principalmente, con la delincuencia organizada.

Mención especial es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya investigación y búsqueda ha tenido distintos momentos, y dedicaremos posteriormente tiempo a informar sobre los avances.

Para las personas desaparecidas en el periodo de la Guerra Sucia, en octubre de 2021 se conformó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cuyo informe se presentó en septiembre de 2024.

Asimismo, la Fiscalía General de la República creó la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado. 

El compromiso de la Presidenta es seguir investigando, de forma coordinada con la Fiscalía General de la República, hasta encontrar a los desaparecidos, garantizar la verdad y hacer justicia. 

En su toma de posesión, la Presidenta se comprometió a que nunca las fuerzas del Estado se utilizarían para reprimir al pueblo. 

Con respecto a la desaparición de personas, a partir de la “guerra contra el narco”, en abril de 2012 fue publicada la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual estuvo a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. 

En noviembre de 2017, los colectivos de familiares de personas desaparecidas impulsaron la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que tipificó la desaparición cometida por particulares y ordenó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, y las Comisiones Estatales de Búsqueda; crear las Fiscalías Especializadas en los estados; crear el Sistema Nacional de Búsqueda e impulsar la creación de Protocolos de Búsqueda e Investigación.

Con relación al Registro Nacional, y de conformidad con la ley, esta atribución se le dio a la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual creó una plataforma en la que cualquier persona podía alimentar información desde cualquier lugar del país o del extranjero, sin metodología ni lineamientos claros y sin garantizar la calidad o veracidad de la información. 

Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador se implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, la cual, en coordinación con las entidades federativas, permitió actualizar los registros y ubicar a personas reportadas como desaparecidas. 

Con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum iniciamos una nueva etapa para garantizar la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas, y brindar cercanía y apoyo a las familias que buscan a sus seres queridos. 

Para ello, y con base en metodología científicas y de análisis de datos, se realizó una revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como de las tareas de búsqueda generalizada.

En el año 2025, y a partir de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, la Presidenta instruyó fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y reformar las leyes de desaparecidos y de población, en coordinación con los colectivos de búsqueda de personas. 

En julio de 2025 fueron publicados los decretos de reforma a estas leyes, que establecen la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición. 

La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la creación de la Plataforma Única de Identidad, la obligación de que los estados cuenten con Fiscalías Especializadas, y se creen Unidades Especializadas relacionadas con este delito.

El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado. 

La obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas desaparecidas; la garantía de la coordinación entre las Comisiones de Búsqueda, las Fiscalías Estatales y la Fiscalía General de la República y la incorporación de las Comisiones Estatales y Nacional de Víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda. 

A continuación, queremos detallar el trabajo que hemos venido desarrollando desde octubre de 2024, para analizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Texto: Secretaría de Gobernación | Fotografía: Presidencia de la República