Ciudad de México, 7 de abril de 2026

La expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar fortalecerá la capacidad del Estado para conducir inversión hacia objetivos públicos prioritarios, como el agua, la energía, la conectividad, las carreteras, la infraestructura social y el desarrollo regional, aseguró la senadora Lizeth Sánchez García.

Al fijar posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a favor de la minuta por la que se expide dicha ley, la legisladora por Puebla señaló que México requiere un Estado que conduzca la inversión, que ordene prioridades y que garantice que los proyectos estratégicos respondan al desarrollo nacional y al bienestar del pueblo.

“En México 27 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de infraestructura y la brecha en zonas marginadas asciende a 1.2 billones de pesos. Frente a esa realidad, México requiere un Estado con capacidad para planear, conducir y ordenar la inversión con sentido de nación”, mencionó la senadora del GPPT.

En este sentido, detalló que la nueva ley permitirá que los esquemas de participación mixta operen dentro del sistema vigente de responsabilidad hacendaria, presupuesto y control financiero, para que cada proyecto estratégico se desarrolle con reglas claras de autorización, evaluación, seguimiento y supervisión de los recursos públicos.

“Además, un aspecto de fondo que debe señalarse es que el diseño propuesto descansa en evaluaciones previas y en criterios técnicos, no en decisiones discrecionales”, señaló.

Para ello, considera análisis de rentabilidad, costo-beneficio, impacto en las finanzas públicas, riesgos fiscales, obligaciones contingentes, compromisos plurianuales y pasivos contingentes.

Además de una Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica, mecanismos de transparencia y herramientas de seguimiento legislativo sobre la información de ingresos y gasto público.

“Ese conjunto de instrumentos permite que la inversión avance con reglas, con supervisión y con responsabilidad frente al interés público”, resaltó Liz Sánchez.

En ese mismo sentido, explicó que en el artículo 35 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece una ruta de gestión específica para ciertos procedimientos, al permitir su inicio de manera excepcional y sujetar su continuidad a las adecuaciones presupuestarias correspondientes antes del fallo o de la adjudicación.

Es decir, también en ese punto se mantiene una lógica de conducción institucional, certidumbre jurídica y disciplina hacendaria.

“En el PT coincidimos en que la infraestructura no puede entenderse únicamente desde la rentabilidad financiera, sino que debe entenderse también desde su función social, desde su capacidad para cerrar brechas y desde su aportación al desarrollo nacional con bienestar. Y justamente en esa dirección se ubica esta ley”, concluyó.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Senadores