Ciudad de México, 21 de mayo de 2026

El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial que propone la presidenta de la República, permitirá simplificar el modelo de elección de jueces y magistrados.

Expuso que plantea cambiar mover la elección hasta 2028, el primer domingo de junio, en paralelo con la consulta de revocación de mandato presidencial, además de anticipar el calendario para que los comités de evaluación inicien en el mes de abril, algunos meses antes, y eso va a permitir tener más tiempo para que lleven a cabo su función de mejor manera.

En conferencia de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, Ávila Anaya agregó que también contempla la creación de la comisión que determinará los requisitos de idoneidad y elegibilidad para que los comités de cada uno de los Poderes de la Unión puedan realizar su trabajo. 

Asimismo, establece la reducción o la simplificación del proceso electoral mediante el diseño de una boleta más sencilla, que muestra candidatos y candidatas por cada uno de los Poderes de la Unión y el área jurídica por la que se está votando.

También, dijo, se agrega un examen de conocimientos y la capacitación de juzgadores a través del Tribunal de Justicia Disciplinaria y de la Escuela Judicial, adicional a las dos salas que también va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación para agilizar los casos en materia jurídica.

“Esto seguramente será dictaminado en los próximos días y será votado por la mayoría de los grupos parlamentarios después del debido proceso legislativo”, manifestó.

De igual manera, el diputado se refirió a la iniciativa presidencial que busca reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de establecer mecanismos que permitan a partidos políticos saber si sus candidatos tienen vínculos con la delincuencia organizada.

La iniciativa plantea, explicó, crear una comisión de verificación e integridad de candidaturas, compuesta de cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consulten si hay “posible riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.

“Cualquiera que quiera ser candidato tendrá como obligatorio manifestar a su partido político al que los postule la conformidad de ser evaluados, no se violan los datos confidenciales ni la presunción de inocencia y si la autoridad detecta que hay un riesgo razonable, deberá iniciar una investigación ante la Fiscalía General de la República”.

Pero, comentó, no pretende esta iniciativa determinar la independencia que tienen los partidos políticos de elegir a sus candidatas y candidatos; si hay riesgo razonable, seguirá siendo facultad de los partidos determinar si quieren lanzar a esa persona como candidata o candidato.

“Es decir, es voluntario completamente por parte del partido político si quiere tomar en cuenta este semáforo, esta alerta que está arrojando esta comisión del Instituto Nacional Electoral, o si de plano decide no hacerlo. Esta iniciativa viene, sin duda, a darle voz a un reclamo de muchas mexicanas y mexicanos”, indicó.

Por otra parte, Ávila Anaya sostuvo que Morena sí insistirá en llevar a juicio político a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pues hay un hecho evidente con una declaración confesa de la comisión de un delito.

“A ver, no sé si no ha quedado claro, pero hay declaración o confesión de parte, no solamente del fiscal Jáuregui, que reconoció primero que como titular de una Fiscalía General de un estado, que no es autónoma, porque el artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración del Estado de Chihuahua deja clarísimo que es dependiente de él, la titular del Ejecutivo, ¿no? Deja claro cómo traiciona a la patria”, indicó.

Además, enfatizó, hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y la gobernadora reconoció abiertamente que se opera con agencias internacionales, ya que los gobiernos estatales no tienen la facultad para gestionar extradiciones, esa función es de la Cancillería.

“Oiga, gobernadora, ¿qué facultades tiene usted para extraditar? ¿De dónde se la sacó? Oiga, gobernadora, ¿qué facultades tiene para que, sin seguir el debido proceso, usted haya dicho abiertamente o confesado que detiene mexicanos a petición de agencias federales norteamericanas? Oiga, gobernadora, ¿no será que lo que está revelando es que está violando la Ley de Seguridad Nacional, el marco jurídico sistemáticamente?”, cuestionó.

Consideró que la narrativa de la gobernadora de Chihuahua de que este operativo que se llevó a cabo es parte de la lucha contra el narcotráfico, es falso, pues esta entidad ha incrementado el narcomenudeo, los secuestros y tiene mayor percepción de inseguridad.

“Para desmantelar narcolaboratorios hay que ver quién lo hace muy bien y el Gobierno Federal lo hace muy bien, 2 mil 400 narcolaboratorios se han desmantelado contra uno sin detenidos, entonces no es un tema de combate a la delincuencia, es un tema grave de un acuerdo que está construyendo la gobernadora al margen de la ley y es un acuerdo que no sabemos qué objetivo tiene”, indicó.

Interrogado sobre el caso del senador de Morena, Enrique Inzunza, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseveró que “Morena no es tapadera de nadie y si hay responsables de la comisión del delito, sea quien sea, sea gobernador, sea gobernadora, sea senador, sea senadora, van a pagar”.

Subrayó que muestra de ellos es la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, de vicealmirantes que estaban relacionados con la importación ilegal de combustibles y la evasión fiscal y de los alcaldes de Tequila, de Teuchitlán, que era de Movimiento Ciudadano.

“Nuestro gobierno, a diferencia de los gobiernos del Partido Acción Nacional, no protege a delincuentes, no es tapadera de delincuentes. Nosotros vamos a actuar conforme a derecho. Pero una cosa es una realidad, una cosa no tapa a otra, ni otra cosa tapa a otra. En los dos casos tiene que haber seriedad absoluta”. 

Reiteró que, en el caso de Sinaloa, la autoridad ministerial va a determinar si existen responsabilidades; sobre la separación del cargo del senador Enrique Inzunza, comentó que ésta es una decisión personal y sólo él puede tomar una determinación.

En declaraciones a medios de comunicación posteriores, Ávila Anaya habló de la declaración de procedencia del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y confió en que ya se le dé trámite a este asunto.

“Es claro y evidente que es una persona que tiene serias imputaciones, delitos que han sido cometidos en agravio de Campeche. Yo sí creo que debería, rápidamente, funcionar la Sección Instructora”.

Hizo un llamado para que se atienda el rezago de casos que existen en la Sección Instructora, porque hay que demostrar que nadie que ostente fuero puede estar por encima de la ley.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados